Por una ley democrática
Documento base realizado por Santiago Marino (integrante de FM La Tribu y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina, AMARC-ARG) para la presentación en Audiencias Públicas sobre el tratamiento del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. *
Las radios comunitarias se han constituido como actores sociales legítimos y canales de expresión para muchos grupos excluidos y marginados, a pesar de haber sido privadas durante mucho tiempo de ejercer legalmente el derecho a la comunicación. Con una historia de más de 20 años sostenida en una práctica de comunicación alternativa, nuestras radios encuentran en la lucha por la democratización de las comunicaciones su razón de ser. Esa defensa de la libertad de expresión se expresa en las características de estas emisoras, espacios abiertos a la comunidad, centros de capacitación y formación para la ciudadanía, medios de comunicación a través de los cuales se promueve la participación y el ejercicio de derechos.
La defensa del derecho a la comunicación también -y especialmente- se juega en el campo legal y jurídico desde el inicio del movimiento de radios comunitarias en Argentina. Desde cada radio y desde las redes que hemos conformado llevamos adelante esta demanda y aportamos insumos y herramientas desde hace más de 20 años. Participamos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y en la redacción de los 21 puntos. Desde AMARC elaboramos los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria, producto de una investigación realizada en 29 países de los cinco continentes para identificar los marcos legales y políticas públicas dirigidas a reconocer y promover la radio y TV comunitarias. Hoy vemos muchas de nuestras demandas históricas y nuestras propuestas contenidas en el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo.
Tal como lo expresan los citados Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria elaborados por AMARC, “las libertades de expresión, información y comunicación son derechos humanos fundamentales garantizados por tratados internacionales que deben ser reconocidos como tales por todas las sociedades democráticas. (…) La diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es un objeto fundamental de cualquier marco regulatorio democrático”.
Por esto valoramos la concepción del Proyecto de Ley, concebido en pos de garantizar el derecho humano universal a la libertad de expresión y a la información, en sintonía con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones y estándares interamericanos en derechos humanos. Entendemos que este es un paso trascendental para modificar radicalmente un sistema de medios que se ha configurado en base a la concentración en manos privadas, una configuración avalada por la Ley de Radiodifusión vigente y especialmente por la mayoría de sus modificaciones realizadas durante períodos democráticos.
De aprobarse este proyecto, las limitaciones a la concentración y la conformación de oligopolios –que se expresa en la cantidad de licencias permitidas, en los límites en cuanto a la cantidad de audiencia potencial, a la propiedad cruzada, a las cadenas y repetidoras y en las exigencias de producción propia- serían una referencia fundamental para los países de la región.
En la misma línea, valoramos el establecimiento de procedimientos de adjudicación y renovación de licencias -concurso y audiencias públicas respectivamente- y de mecanismos de evaluación de las propuestas en base al reconocimiento y valoración del rol específico de cada tipo de medio.
En este sentido, reafirmamos también que la reglamentación de esta normativa será una instancia fundamental en la cual deben estar representados todos los sectores involucrados. Por lo tanto, consideramos que una manera de garantizar ese derecho adquirido es consolidar la participación activa del sector en el diseño del plan técnico y de la reglamentación de la nueva legislación que debe resultar de estos debates, para aportar desde nuestra mirada a la conformación de un sistema de medios equitativo.
Es cierto que una ley de la democracia es una deuda histórica de la sociedad y del sistema político. Tan cierto como que (casi) todas las acciones que modificaron la norma de facto durante los últimos 25 años generaron condiciones menos democráticas al permitir la concentración, el crecimiento de los multimedios o la suspensión de los plazos de las licencias.
El Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso luego de una serie de debates sobre el tema abiertos a toda la ciudadanía a través de foros celebrados en todo el país (espacios en los que participamos y comprendemos como legitimas instancias) resulta una iniciativa muy valiosa frente a un mapa de medios fuertemente concentrado y poco democrático, con vastos sectores excluidos del derecho a la información.
El modelo de democracia de una sociedad se juega -entre otros aspectos- en la norma que regula los medios de comunicación y que decide quién puede acceder a licencias y quiénes quedan fuera de ese derecho. La clave está en cómo se concibe la información: como un derecho humano y, en consecuencia, se intenta garantizar el acceso y la participación, o como una mercancía con la que algunos pocos pueden hacer negocios para generar valor económico y también político.
El proyecto en discusión implica una norma comentada que da cuenta de los argumentos y de la legislación comparada (fundamentalmente la de EEUU y Europa) para sostener la normativa. Sus objetivos y argumentos proponen avances para democratizar los medios, tales como:
. reconocer como actor licenciatario a las entidades privadas sin fines de lucro;
. garantizar su participación mediante la reserva de una porción del espectro;
. reducir el máximo de licencias de radiofusión por persona o empresa de las actuales 24 a 10 (hasta 3 en la misma zona de cobertura);
. crear un organismo de aplicación con participación de minorías políticas con representación del Congreso;
. prohibir el control cruzado de operadores de TV por cable y canales de TV abierta por una misma empresa, evitando que el distribuidor sea el mismo que controla la producción de las señales y permitiendo así la participación de nuevos actores.
Encontramos en estas definiciones la intención de garantizar el acceso y la participación, además de estimular la competencia para los medios comerciales. Además, entendemos relevante y justa la reserva del 33 % del espectro en todas las localizaciones para el sector de entidades privadas sin fin de lucro, las cuales aseguran –de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión y recomendaciones precisas de autoridades internacionales competentes, como las Relatorías de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la de Organización de Estado Americanos (OEA)- que la participación garantizada de medios del sector sin objetivos comerciales es la única que asegura representación social y diversidad política, cultural, de credos, opiniones y discursos. En esta misma línea, destacamos que el límite del 30 % propuesto en el Proyecto como máximo nivel de financiamiento que estos medios pueden recibir por parte de fondos públicos evita su cooptación por parte de los gobiernos, a la vez que establece un canon importante para el fomento de este tipo de actores, históricamente segregados de esta posibilidad, aun cuando esto está planteado en marcos normativos, constituciones y recomendaciones de distinta índole.
En el documento “Aportes desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina para analizar el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que fue entregado al COMFER durante la etapa de consulta que permitió a la sociedad civil ser parte de la redacción del Proyecto, propusimos una serie de modificaciones y precisiones, muchas de las cuales fueron incluidas en el proyecto que hoy está en discusión. Entre ellas:
1) La inclusión de la definición de “radios comunitarias” como un sector diferenciado y específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro.
2) Que los mecanismos de asignación de frecuencias contemplen y prioricen entre sus criterios la función social, el apoyo a sectores vulnerables y a proyectos de interés social a través de la elaboración de pliegos de bases y condiciones específicos así como la realización de concursos diferenciados para el otorgamiento de licencias del sector sin fines de lucro.
3) El incremento de 4 a 10 % de los fondos recaudados (concesión de licencias) destinados a apoyar a medios de Fomento, Comunitarios, y de los Pueblos Originarios.
Estas propuestas han sido contempladas e incorporadas al proyecto enviado por el PEN. Son planteos que tienen como objetivo garantizar la democratización de las comunicaciones de una comprensión amplia del Derecho a la Información, que incluye necesariamente garantizar las condiciones de acceso y participación de los ciudadanos a la comunicación. En este sentido, es importante destacar que nuestros planteos no se basan en una defensa sectorial, sino en la búsqueda de condiciones institucionales para la regulación justa y democrática de la comunicación y la cultura.
Oportunamente argumentamos, y en esta ocasión reafirmamos, que como antecedente internacional en la materia, la declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción social y el diálogo cultural reconoce a los medios comunitarios como un sector de los medios de comunicación y destaca su rol en fomentar el debate público, el pluralismo político y de los medios, la promoción de la cohesión social, el diálogo intercultural y la tolerancia, el fortalecimiento de la participación de la comunidad y la participación democrática. El Comité reconoce que los medios comunitarios desarrollan funciones que ni los medios comerciales ni los de servicio público pueden cumplir o no se comprometen a hacerlo de manera adecuada. “Los medios comunitarios (…) comparten en mayor o menor medida algunas de las características siguientes: independencia de los gobiernos, de instituciones comerciales y religiosas y de los partidos políticos; fines no comerciales, participación voluntaria de integrantes de la sociedad civil en el desarrollo y gestión de programas, actividades sociales para el beneficio de la comunidad, propiedad y administración en manos de las comunidades geográficas o de intereses a las que sirven, compromiso de inclusión y prácticas interculturales” (Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social cohesion and intercultural dialogue).
En septiembre de 2008 el Parlamente Europeo adoptó la Resolución sobre Medios Comunitarios en Europa en la que se señala que los medios comunitarios son eficaces para el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y el pluralismo en los medios.
En ese marco, tal como destaca el punto 48 del Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “el 15 de noviembre, en Buenos Aires, la Relatora Especial participó en el seminario internacional Las mordazas invisibles: viejas y nuevas barreras a la diversidad en la radiodifusión, donde expertos presentaron los resultados de la investigación sobre «Gobernabilidad democrática y estándares para la regulación del acceso y uso de frecuencias de radio y TV», desarrollada por el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC ALC" (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III). En ese marco de relaciones institucionales, desde AMARC se informó a la Relatoría Especial acerca de la presentación de proyectos de ley para un nuevo marco regulatorio sobre radiodifusión, tal cual lo cita en su informe anual esta autoridad supranacional en su nota 11 del Informe: «La Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 6 de agosto de 2008. AMARC insta a avanzar en discusión y aprobación de una nueva ley de radiodifusión». A partir de esto, la Relatoría Especial subraya que en este proceso debe tomarse en cuenta lo previsto en el principio 13 de la Declaración de Principios, que establece que «el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
Ante la puesta en discusión de la radiodifusión como tema y de la transformación de su marco normativo, es necesario proponer nuevamente la cuestión de por qué es necesario sancionar una nueva ley de radiodifusión. Y las respuestas posibles (recortadas de una serie mucho más amplia) establecen condiciones críticas sobre la actual estructura y coyuntura. Es sabido que el marco normativo que rige la radiodifusión en Argentina tiene como elemento clave un decreto-ley (22285/80) que fue sancionado durante un gobierno de facto, que llevó adelante la dictadura más cruel de nuestra historia, que reguló muchos aspectos de la sociedad y diseñó un sistema de medios centralista y privatista, con muchos sectores excluidos de sus derechos. Además, durante los 25 años de sistema democrático, a partir de gestiones y acciones del Estado y de la presión del mercado -constituido en agente aglutinador desde el neoliberalismo y que activó más allá del marco legal- se han generado condiciones aún menos democráticas en los niveles de acceso y participación (sobre todo este último), elementos centrales del Derecho a la Información. Es necesario remarcar que la concentración y centralización de la propiedad, producción y distribución de los discursos afecta la democracia y la construcción de identidades nacionales.
Además de la estructura definida, los principales medios -en términos económicos y por ser los sectores más dinámicos- la radio y la televisión (que son los que pueden permitir mayores niveles de acceso a la información, acceso entendido como la capacidad de recibir algún medio por parte de las personas, ser audiencia), funcionan en un espacio que es finito, que ha sido declarado propiedad de la humanidad por esa misma razón, que debe ser administrado por el Estado y tiene carácter valioso: el espectro radioeléctrico. Es por eso que la acción del Estado debe garantizar el Derecho a la Información y un equilibrio entre las condiciones democráticas y las posibilidades de negocios de los medios, que buscan hacer sinergia, desarrollar economía de escala, mediante el uso del espectro, soporte de la radiodifusión.
Está claro desde varios aspectos que existe una necesidad pública de avanzar hacia una regulación nueva, que en democracia sea democrática (ya que el mero hecho del sistema político no le otorga esa entidad), que garantice los principios sobre el derecho a la comunicación consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, éstos dos últimos suscriptos por nuestro país y adoptados con jerarquía constitucional. Desde 1983 hasta hoy hubo 37 proyectos de Ley de Radiodifusión que lograron estado parlamentario. Cada vez que uno de esos proyectos fue debatido, la cercanía de las elecciones justificó que los legisladores cajonearan el texto por temor a represalias de los medios de difusión. Acaban de pasar las elecciones correspondientes a este bienio, no hay excusas electorales a la vista. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión democrática. Una ley que garantice el ejercicio universal del derecho a recibir y producir comunicación.
El tratamiento y la sanción de este Proyecto de Ley resultan tan necesarios como urgentes. Claro que luego de que se sancione será únicamente la aplicación de la ley lo que democratizará las comunicaciones y la cultura. Porque comprendemos que la sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente para la democratización del sistema de medios en nuestro país.
Es necesario que los medios que ejercen la comunicación como un proyecto político y cultural crezcan, amplíen sus espacios y mejoren sus condiciones. Que las personas que emprenden esos medios tengan facilidades para formarse, para gestionar recursos, para organizar sus actividades, para encontrarse con personas interesadas en ellos. Y para que el pueblo considere el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Mientras siga siendo tema de empresas y gobiernos será difícil tener una ley democrática.
La defensa del derecho a la comunicación también -y especialmente- se juega en el campo legal y jurídico desde el inicio del movimiento de radios comunitarias en Argentina. Desde cada radio y desde las redes que hemos conformado llevamos adelante esta demanda y aportamos insumos y herramientas desde hace más de 20 años. Participamos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y en la redacción de los 21 puntos. Desde AMARC elaboramos los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria, producto de una investigación realizada en 29 países de los cinco continentes para identificar los marcos legales y políticas públicas dirigidas a reconocer y promover la radio y TV comunitarias. Hoy vemos muchas de nuestras demandas históricas y nuestras propuestas contenidas en el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo.
Tal como lo expresan los citados Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria elaborados por AMARC, “las libertades de expresión, información y comunicación son derechos humanos fundamentales garantizados por tratados internacionales que deben ser reconocidos como tales por todas las sociedades democráticas. (…) La diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es un objeto fundamental de cualquier marco regulatorio democrático”.
Por esto valoramos la concepción del Proyecto de Ley, concebido en pos de garantizar el derecho humano universal a la libertad de expresión y a la información, en sintonía con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones y estándares interamericanos en derechos humanos. Entendemos que este es un paso trascendental para modificar radicalmente un sistema de medios que se ha configurado en base a la concentración en manos privadas, una configuración avalada por la Ley de Radiodifusión vigente y especialmente por la mayoría de sus modificaciones realizadas durante períodos democráticos.
De aprobarse este proyecto, las limitaciones a la concentración y la conformación de oligopolios –que se expresa en la cantidad de licencias permitidas, en los límites en cuanto a la cantidad de audiencia potencial, a la propiedad cruzada, a las cadenas y repetidoras y en las exigencias de producción propia- serían una referencia fundamental para los países de la región.
En la misma línea, valoramos el establecimiento de procedimientos de adjudicación y renovación de licencias -concurso y audiencias públicas respectivamente- y de mecanismos de evaluación de las propuestas en base al reconocimiento y valoración del rol específico de cada tipo de medio.
En este sentido, reafirmamos también que la reglamentación de esta normativa será una instancia fundamental en la cual deben estar representados todos los sectores involucrados. Por lo tanto, consideramos que una manera de garantizar ese derecho adquirido es consolidar la participación activa del sector en el diseño del plan técnico y de la reglamentación de la nueva legislación que debe resultar de estos debates, para aportar desde nuestra mirada a la conformación de un sistema de medios equitativo.
Es cierto que una ley de la democracia es una deuda histórica de la sociedad y del sistema político. Tan cierto como que (casi) todas las acciones que modificaron la norma de facto durante los últimos 25 años generaron condiciones menos democráticas al permitir la concentración, el crecimiento de los multimedios o la suspensión de los plazos de las licencias.
El Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso luego de una serie de debates sobre el tema abiertos a toda la ciudadanía a través de foros celebrados en todo el país (espacios en los que participamos y comprendemos como legitimas instancias) resulta una iniciativa muy valiosa frente a un mapa de medios fuertemente concentrado y poco democrático, con vastos sectores excluidos del derecho a la información.
El modelo de democracia de una sociedad se juega -entre otros aspectos- en la norma que regula los medios de comunicación y que decide quién puede acceder a licencias y quiénes quedan fuera de ese derecho. La clave está en cómo se concibe la información: como un derecho humano y, en consecuencia, se intenta garantizar el acceso y la participación, o como una mercancía con la que algunos pocos pueden hacer negocios para generar valor económico y también político.
El proyecto en discusión implica una norma comentada que da cuenta de los argumentos y de la legislación comparada (fundamentalmente la de EEUU y Europa) para sostener la normativa. Sus objetivos y argumentos proponen avances para democratizar los medios, tales como:
. reconocer como actor licenciatario a las entidades privadas sin fines de lucro;
. garantizar su participación mediante la reserva de una porción del espectro;
. reducir el máximo de licencias de radiofusión por persona o empresa de las actuales 24 a 10 (hasta 3 en la misma zona de cobertura);
. crear un organismo de aplicación con participación de minorías políticas con representación del Congreso;
. prohibir el control cruzado de operadores de TV por cable y canales de TV abierta por una misma empresa, evitando que el distribuidor sea el mismo que controla la producción de las señales y permitiendo así la participación de nuevos actores.
Encontramos en estas definiciones la intención de garantizar el acceso y la participación, además de estimular la competencia para los medios comerciales. Además, entendemos relevante y justa la reserva del 33 % del espectro en todas las localizaciones para el sector de entidades privadas sin fin de lucro, las cuales aseguran –de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión y recomendaciones precisas de autoridades internacionales competentes, como las Relatorías de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la de Organización de Estado Americanos (OEA)- que la participación garantizada de medios del sector sin objetivos comerciales es la única que asegura representación social y diversidad política, cultural, de credos, opiniones y discursos. En esta misma línea, destacamos que el límite del 30 % propuesto en el Proyecto como máximo nivel de financiamiento que estos medios pueden recibir por parte de fondos públicos evita su cooptación por parte de los gobiernos, a la vez que establece un canon importante para el fomento de este tipo de actores, históricamente segregados de esta posibilidad, aun cuando esto está planteado en marcos normativos, constituciones y recomendaciones de distinta índole.
En el documento “Aportes desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina para analizar el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que fue entregado al COMFER durante la etapa de consulta que permitió a la sociedad civil ser parte de la redacción del Proyecto, propusimos una serie de modificaciones y precisiones, muchas de las cuales fueron incluidas en el proyecto que hoy está en discusión. Entre ellas:
1) La inclusión de la definición de “radios comunitarias” como un sector diferenciado y específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro.
2) Que los mecanismos de asignación de frecuencias contemplen y prioricen entre sus criterios la función social, el apoyo a sectores vulnerables y a proyectos de interés social a través de la elaboración de pliegos de bases y condiciones específicos así como la realización de concursos diferenciados para el otorgamiento de licencias del sector sin fines de lucro.
3) El incremento de 4 a 10 % de los fondos recaudados (concesión de licencias) destinados a apoyar a medios de Fomento, Comunitarios, y de los Pueblos Originarios.
Estas propuestas han sido contempladas e incorporadas al proyecto enviado por el PEN. Son planteos que tienen como objetivo garantizar la democratización de las comunicaciones de una comprensión amplia del Derecho a la Información, que incluye necesariamente garantizar las condiciones de acceso y participación de los ciudadanos a la comunicación. En este sentido, es importante destacar que nuestros planteos no se basan en una defensa sectorial, sino en la búsqueda de condiciones institucionales para la regulación justa y democrática de la comunicación y la cultura.
Oportunamente argumentamos, y en esta ocasión reafirmamos, que como antecedente internacional en la materia, la declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción social y el diálogo cultural reconoce a los medios comunitarios como un sector de los medios de comunicación y destaca su rol en fomentar el debate público, el pluralismo político y de los medios, la promoción de la cohesión social, el diálogo intercultural y la tolerancia, el fortalecimiento de la participación de la comunidad y la participación democrática. El Comité reconoce que los medios comunitarios desarrollan funciones que ni los medios comerciales ni los de servicio público pueden cumplir o no se comprometen a hacerlo de manera adecuada. “Los medios comunitarios (…) comparten en mayor o menor medida algunas de las características siguientes: independencia de los gobiernos, de instituciones comerciales y religiosas y de los partidos políticos; fines no comerciales, participación voluntaria de integrantes de la sociedad civil en el desarrollo y gestión de programas, actividades sociales para el beneficio de la comunidad, propiedad y administración en manos de las comunidades geográficas o de intereses a las que sirven, compromiso de inclusión y prácticas interculturales” (Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social cohesion and intercultural dialogue).
En septiembre de 2008 el Parlamente Europeo adoptó la Resolución sobre Medios Comunitarios en Europa en la que se señala que los medios comunitarios son eficaces para el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y el pluralismo en los medios.
En ese marco, tal como destaca el punto 48 del Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “el 15 de noviembre, en Buenos Aires, la Relatora Especial participó en el seminario internacional Las mordazas invisibles: viejas y nuevas barreras a la diversidad en la radiodifusión, donde expertos presentaron los resultados de la investigación sobre «Gobernabilidad democrática y estándares para la regulación del acceso y uso de frecuencias de radio y TV», desarrollada por el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC ALC" (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III). En ese marco de relaciones institucionales, desde AMARC se informó a la Relatoría Especial acerca de la presentación de proyectos de ley para un nuevo marco regulatorio sobre radiodifusión, tal cual lo cita en su informe anual esta autoridad supranacional en su nota 11 del Informe: «La Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 6 de agosto de 2008. AMARC insta a avanzar en discusión y aprobación de una nueva ley de radiodifusión». A partir de esto, la Relatoría Especial subraya que en este proceso debe tomarse en cuenta lo previsto en el principio 13 de la Declaración de Principios, que establece que «el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
Ante la puesta en discusión de la radiodifusión como tema y de la transformación de su marco normativo, es necesario proponer nuevamente la cuestión de por qué es necesario sancionar una nueva ley de radiodifusión. Y las respuestas posibles (recortadas de una serie mucho más amplia) establecen condiciones críticas sobre la actual estructura y coyuntura. Es sabido que el marco normativo que rige la radiodifusión en Argentina tiene como elemento clave un decreto-ley (22285/80) que fue sancionado durante un gobierno de facto, que llevó adelante la dictadura más cruel de nuestra historia, que reguló muchos aspectos de la sociedad y diseñó un sistema de medios centralista y privatista, con muchos sectores excluidos de sus derechos. Además, durante los 25 años de sistema democrático, a partir de gestiones y acciones del Estado y de la presión del mercado -constituido en agente aglutinador desde el neoliberalismo y que activó más allá del marco legal- se han generado condiciones aún menos democráticas en los niveles de acceso y participación (sobre todo este último), elementos centrales del Derecho a la Información. Es necesario remarcar que la concentración y centralización de la propiedad, producción y distribución de los discursos afecta la democracia y la construcción de identidades nacionales.
Además de la estructura definida, los principales medios -en términos económicos y por ser los sectores más dinámicos- la radio y la televisión (que son los que pueden permitir mayores niveles de acceso a la información, acceso entendido como la capacidad de recibir algún medio por parte de las personas, ser audiencia), funcionan en un espacio que es finito, que ha sido declarado propiedad de la humanidad por esa misma razón, que debe ser administrado por el Estado y tiene carácter valioso: el espectro radioeléctrico. Es por eso que la acción del Estado debe garantizar el Derecho a la Información y un equilibrio entre las condiciones democráticas y las posibilidades de negocios de los medios, que buscan hacer sinergia, desarrollar economía de escala, mediante el uso del espectro, soporte de la radiodifusión.
Está claro desde varios aspectos que existe una necesidad pública de avanzar hacia una regulación nueva, que en democracia sea democrática (ya que el mero hecho del sistema político no le otorga esa entidad), que garantice los principios sobre el derecho a la comunicación consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, éstos dos últimos suscriptos por nuestro país y adoptados con jerarquía constitucional. Desde 1983 hasta hoy hubo 37 proyectos de Ley de Radiodifusión que lograron estado parlamentario. Cada vez que uno de esos proyectos fue debatido, la cercanía de las elecciones justificó que los legisladores cajonearan el texto por temor a represalias de los medios de difusión. Acaban de pasar las elecciones correspondientes a este bienio, no hay excusas electorales a la vista. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión democrática. Una ley que garantice el ejercicio universal del derecho a recibir y producir comunicación.
El tratamiento y la sanción de este Proyecto de Ley resultan tan necesarios como urgentes. Claro que luego de que se sancione será únicamente la aplicación de la ley lo que democratizará las comunicaciones y la cultura. Porque comprendemos que la sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente para la democratización del sistema de medios en nuestro país.
Es necesario que los medios que ejercen la comunicación como un proyecto político y cultural crezcan, amplíen sus espacios y mejoren sus condiciones. Que las personas que emprenden esos medios tengan facilidades para formarse, para gestionar recursos, para organizar sus actividades, para encontrarse con personas interesadas en ellos. Y para que el pueblo considere el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Mientras siga siendo tema de empresas y gobiernos será difícil tener una ley democrática.
Parece que no pasa en senadores, che. Si hasta lo estan tentando a Menem...
ResponderEliminarYa va a salir una nueva ley democrática, pero no se apuren. Si los kirchneristas esperaron tan pacientemente desde el 2003 pueden esperar un poquito mas.
Despues de diciembre la sacamos entre todos.
Saludos
Por si querés actualizar el link de la columna de la derecha, el texto final del proyecto de ley, según dice la página del Comfer, es este:
ResponderEliminarhttp://www.comfer.gov.ar/web/blog/wp-content/uploads/2009/03/ley-final-sin-marcas.pdf
Si pasa o no pasa en senadores, si se hace dos meses antes o dos meses después, si se juntan Cobos, el colorado y De Narváez para voltearla, es comidilla para mediocres como vos, troll.
ResponderEliminarLa instalación del tema de los oligopolios mediáticos ya es irreversible y está a la vista hasta de los más distraídos. La oposición impotente necesita ahora de tapas de Clarín y solo les va a servir para quedar escrachados como los forros del Grupo. Difícil que eso además les sirva para gobernar alguna vez.
Y es evidente que, después de decenas de proyectos cajoneados, ningún otro sector político lo habría hecho (ni siquiera este gobierno en otras cicunstancias). Ahora que el proyecto ya está en debate, hasta la oposición más servil al monopolio, incluso algún senador que quiera ceder a las presiones de Clarín, van a tener que pagar un costo político para oponerse. Clarín está averiado y el tema de la democratización de los servicios audiovisuales se ha instalado en la política argentina.
La ley es tan buena que su sola presencia cambia las relaciones.
Ahora lo que les queda al monopolio y a idiotas útiles como vos es especular con maniobras dilatorias y con operaciones, embarrar la chanca, atrasar lo inevitable por algunas semanas o meses. Este proceso ya no depende ni siquiera de la suerte de los Kirchner. Pero son ellos quienes pusieron en el tapete el proyecto preparado por organizaciones militantes comunitarias. Y ya nadie lo podrá sacar de ahi.
Segui con todo negativo nomás, total después del 10 de diciembre la ley se la van a tener que meter en el medio del culo, como dijo lole.
ResponderEliminar¿tá?
Gracias Persio, ahora lo actualizo.
ResponderEliminarPor que estas tan nervioso oscar?
ResponderEliminarme impresiona que alguien que supuestamente esta tan chocho con el devenir de la realidad política argentina, cuando habla de política argentina se ponga tan loco.
El nuevo congreso tratara esta necesaria ley que tantos años hemos esperado.
Amén.
Troll:
ResponderEliminarel "por qué estás tan nervioso" es un clásico de los trolls más limitados, deberías renovar tu repertorio, porque revela tu ausencia de recursos.
Esbozá alguna idea, decí algo interesante, dale, no seas tímido, que si armás alguna frase propia nadie se va a burlar.
Todos queremos alentar tu progreso.
Este blog lo tenés a tu disposición.
No le digas "troll limitado" al ex-presidente, oscar.
ResponderEliminarPero todavía no te animaste a contestar: Por que estas tan nervioso?
Siempre con la leche encima, te va a hacer mal...
Bueno, veo que hoy no será el día en el que trasmitirás alguna idea. No importa, te seguimos esperando.
ResponderEliminaruyyy... Parece que Oscar se esta poniendo nervioso y le empiezan a faltar argumentos para responder y comienza con los insultos....
ResponderEliminarYo te agrego un par de preguntas Oscarcito:
¿Porque en diciembre de 2007, a dìas de asumir Cristina, el propio Nestor K. firmó y convalidó la unión de Cablevisión y Multicanal? consolidando el monopolio. Que es lo que cambió? ¿se terminó la mutua conveniencia?
Pregunta 2: ¿sabes como están conformados los medios (diarios, radios y TV) en Santa Cruz? (no en Bolivia, en el sur argentino)... te voy a responder yo: La mayoría son del estado y los que no, estan totalmente cooptados por el gobierno, a través de la publicidad oficial. Existe alguna que otra radio independiente, de alcance marginal, que el mismísimo Mariotto, intentó decomisarle los equipos..... sin palabras.
Pregunta 3: ¿Porque en canal 7 que es un medio estatal (estatal no significa del gobierno) esta ABSOLUTAMENTE prohibido que tenga aire cualquier integrante de la oposiciòn??...
Pregunta 4: ¿porque si la ley va a limitar los monopolios, permite a su vez el ingreso de las telefònicas, que son empresas multinacionales varias veces mas grandes que el grupo clarín?
En fin, la lista podría ser muy larga.
Lo que me llama la atención es la curiosa forma de entender La Libertad (en este caso de informacion) que tienen algunos, es para aquellos que dicen lo que queremos escuchar... increible concepto.
Excelente comentario Diego!
ResponderEliminarEsperemos a ver si hay respuestas medianamente racionales...
respuestas racionales de cuervo?vamos!
ResponderEliminarpara eso hay que pensar...