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por Willy Villalobos

En los 70 hubo un plan ordenado por los EEUU y ejecutado por los ejércitos latinoamericanos que consistía en sustituir gobiernos democráticos por dictaduras cívico militares. La idea era derrocar a los gobernantes elegidos democráticamente e imponer un plan económico que favoreciera a una minoría asociada a los intereses yanquis. Era la época en que a Latinoamérica se la llamaba "el patio trasero". Para llevar adelante este proyecto, que bien puede llamarse revolucionario, miles de militantes populares fueron secuestrados, torturados, recluidos en campos de concentración, arrojados vivos desde aviones al Río de la Plata o asesinados en cárceles legales y clandestinas. A las mujeres embarazadas se las dejaba vivas hasta que sus hijos nacieran y los niños eran robados y entregados en adopción.

Para poder "cazar" a los que huían de su tierra tratando de salvar el pellejo los ejércitos de Chile, Uruguay y Argentina armaron un plan y lo denominaron Cóndor. Las Fuerzas Armadas de estos países coordinaban información y realizaban operativos conjuntos. Quiero resaltar que toda esta masacre tenía un objetivo principal, que era imponer a sangre y fuego una cultura, una nueva manera de vivir. Estas nuevas costumbres, que tanto nos cuesta dejar atrás, pueden resumirse en una frase,"algo habrán hecho", con la que muchos distraídos pretendían lavarse las manos ante la masacre. Una vez terminada la tarea, el aniquilamiento, los militares comenzaron a dialogar con los políticos para elaborar el traspaso del gobierno y llamar a elecciones. Estaba asegurada la paz... de los cementerios.

Los condicionamientos estaban claros: No se tocaba la economía, no se investigaban los crímenes. Poco a poco, las democracias controladas fueron cogobernado en América del Sur y los políticos elegidos parecían gerentes de empresas multinacionales. Lo más audaz que se les ocurrió fue la teoría de los dos demonios, que intentaba narrar una fábula en la que los malos, militantes populares y milicos, eran los responsables de haber dejado nuestros países en la ruina. El cuentito fue comprado por las clases medias que lo repetían como loros con cara de víctimas.

Muchos resistieron heroicamente, muchos. Quiero destacar a los organismos de derechos humanos, porque fueron, y todavía son, la vanguardia de la resistencia. Digo esto porque creo que con el corazón y la verdad de su lado, estos aparentemente frágiles familiares de las victimas del terrorismo de estado fueron organizando la resistencia y cantando consignas que nos mostraron el camino. "Que aparezcan con vida", "No a las leyes de impunidad", "No al indulto", "No a la obediencia debida y el punto final, "Con vida los llevaron, con vida los queremos", "Juicio y castigo a los culpables", "No hay democracia sin Justicia", "Cárcel a los asesinos", "A donde vayan los iremos a buscar", "Cárcel a los civiles que apoyaron el golpe y se beneficiaron económicamente", "Nuestros hijos van a ser vengados el día que todos los niños sean felices". No importaba el tiempo que se tardara en hacer realidad estos sueños, lo que dejaban en claro para todos era que no había otra manera de construir una verdadera democracia. Lo otro, lo que la mayoría de los partidos políticos pretendía hacer, era chamuyo.

Así fue que en Uruguay los milicos dieron un paso al costado y fue elegido para gobernar el Partido Colorado, liderado por "el estadista" Julio María Sanguinetti. Colorados y Blancos se hicieron "rosados", y votaron en mayoría la Ley de Caducidad, que impedía juzgar a los represores. La paz... de los cementerios.

Luego de tres años de gobierno, forzado por miles de firmas recogidas en todo el país, el Partido Colorado llamó a un plebiscito donde, por sí o por no, se decidía si los delitos cometidos tenían que ser juzgados. Ganó el voto amarillo y la Ley de Caducidad fue aceptada por una mayoría que obviamente no festejó la agachada. Me tocó estar esa noche en Montevideo, cubría el plebiscito para la revista Crisis y no voy a olvidar esa inmensa tristeza. Se dijo que todavía había mucho miedo y que la gente no se había animado a llevar a la justicia a los genocidas. Es bueno recordar que las fuerzas armadas uruguayas dieron un paso al costado conservando la misma fuerza y espíritu corporativo que tenían antes de la llegada de la democracia.

A pesar de los pesares los familiares de las víctimas continuaron reclamando justicia.

Luego se sucedieron blancos y colorados en el gobierno, y todas las expectativas vinculadas con el juicio y castigo estaban puestas en el día que pudiera gobernar el Frente Amplio. Y ese día llegó. El Frente Amplio ganó por amplia mayoría y el oncólogo socialista, a lo Binner, fue presidente de todos los uruguayos. Durante este primer gobierno no se tocó la Ley de Caducidad, a pesar de tener mayoría en ambas cámaras como para derogarla. Finalizado el mandato, Tabaré Vázquez dijo, en un pomposo discurso en las Naciones Unidas, que los dos grandes méritos de su gobierno habían sido la lucha contra el tabaco y la entrega de computadoras a todos los niños y adolescentes. Suena a poco si uno se pone a pensar las expectativas de cambio que la llegada del frente había generado.

A Tabaré lo siguió Pepe Mujica, y los muchachos no tuvieron mejor idea que volver a dejar en manos del pueblo la decisión de si había que investigar y castigar los asesinatos. El día de las elecciones se votaba también si seguía o no La Ley de Caducidad, si los uruguayos residentes en el exterior podían votar y no sé qué otros plebiscitos. Era un berenjenal, que parecía armado por el enemigo.

Mujica fue el elegido, y el reclamo de verdad y justicia nuevamente derrotado.

El tema de los derechos humanos no es una política de estado para el Pepe Mujica, tampoco lo fue para Vázquez. Sólo se hicieron algunas excepciones que la ley le permite al presidente, y entonces fueron juzgados un par de represores. Y la idea de llevar a los tribunales a los civiles comprometidos con la represión no se discute. Pero la bomba explotó cuando Macarena Gelman, cansada de promesas bien intencionadas, decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que amenazó con sanciones si Uruguay no investiga y juzga a los responsables del crimen de su madre y la sustitución de su identidad. Se alborotó el avispero y finalmente fue presentada en el congreso un proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad. Tuvo que intervenir la CIDH para que el parlamento decidiera discutir uno de los temas básicos de la democracia.

Lo primero que hizo Mujica fue visitar a un milico preso que había sido operado recientemente. "No me parece ni bien ni mal. Me gustaría poder entenderlo. Las señales son confusas. No termino de entender...o lo que entiendo quisiera no entenderlo, pero para mí esta situación es incomprensible. Me cuesta creer que haya sido solamente para comprobar su estado de salud. Si es así, hay muchos otros enfermos que también merecen que su estado de salud sea verificado" declaró Macarena Gelman, midiendo respetuosamente sus palabras.

Finalmente el Senado votó contra la amnistía y el costo que pagó el Frente fue la renuncia de un viejo guerrillero, Eleuterio Fernández Huidobro, el ñato. El ex tupamaro dijo que la nueva ley era anticonstitucional, pegó el portazo y se fue. 

El verano pasado un amigo mío que comparte el mismo espacio político que don Eleuterio, me decía que es mucho más importante la información que consigue el Ñato en sus reuniones privadas con los militares que la que se puede conseguir si investiga el Estado. "Lo que pasa es que los milicos y los tupas que se cagaron a tiros se tienen mutuo respeto" argumentaba este muchacho para justificar semejante pelotudez.

"Si yo fui encontrada por una investigación particular, sin todas las herramientas que tiene el Estado, es el Estado el que debería ponerse a la cabeza de la investigación. Me planteaban hoy como se podía hacer si los responsables no hablaban. Ese argumento es absurdo. Si resolver crímenes dependiera de que los responsables se declararan como tales, no se resolvería ningún crimen. Lo que hace falta es una investigación. Lo principal acá es vencer la cultura del 'no se puede', antes de ver si se puede", decía Macarena por esos días en los que Mujica se preocupaba por la salud de los torturadores.

Siguiendo esta línea de increíbles argumentos, en esos días el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, en actividad, dijo que "nadie que sepa algo sobre el destino de los desaparecidos va a decirlo, porque sabe inmediatamente que va a ir preso. Entonces no puede haber Verdad si va a haber Justicia. Son palabras que una a la otra no van unidas".

Obviamente este energúmeno no fue destituido por Mujica, que se quejaba porque el tema le restaba posibilidades electorales al Frente Amplio, asegurando que "no se puede estar 40 años discutiendo lo mismo". Increíble pero cierto: el Pepe Mujica, ¿quien te ha visto y quien te ve? ¿O habrá sido siempre igual y recién ahora uno se da cuenta?

Con este panorama faltaba un traidor que se retirara del parlamento a la hora de la votación y dejara firme la amnistía ya que  la opo tiene 50 diputados y 50 el gobierno. Dos días antes de la votación, cuando el plenario del Frente había decidido seguir adelante con la derogación de la Ley de Caducidad, el diputado Víctor Semproni se reunió con Mujica. El mensaje para la gilada fue que el bueno del Pepe, que esa mañana declaró "a la ley de caducidad hay que borrarla, pero yo estoy en contra de este proyecto", intentó convencer a Semproni para que no votara en contra del proyecto del Frente, pero no pudo convencerlo. Don Víctor, que no va a ser olvidado fácilmente, amigo de Mujica, se retiró de la sesión y todo quedó nuevamente en la nada. Parece que el menemismo también existe en la otra orilla.

Pero desgraciadamente esto no termina acá, hay más todavía.

Corte ratifica que delitos no son considerados de lesa humanidad

Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre.

En una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada.

La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ -que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.

A pesar de los pesares, los familiares de las víctimas del terrorismo de estado siguen reclamando Verdad y Justicia.