Las policías de la región están remplazando a las Fuerzas Armadas como agentes desestabilizadores

Zonas liberadas al acecho de la democracia

por Ricardo Ragendorfer *

Bien vale ahora evocar lo adelantado por la Escuela de Guerra de Estados Unidos en cuanto a cómo se desarrollarán los conflictos bélicos del siglo XXI: "La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los rascacielos y en las casas expandidas que forman las ciudades arruinadas del mundo". Semejante escenario corresponde a la idea de que los países latinoamericanos habiliten la intervención de los militares para el control de la seguridad interna, justo en el preciso momento en que las policías han empezado a reemplazar a las Fuerzas Armadas como agentes desestabilizadores en la región. Al respecto de esto último, el reciente caso argentino –consumado con una orgía encadenada de acuartelamientos y saqueos– es un ejemplo palmario.

Muchos sitúan su antecedente más próximo en la "rebelión de los zumbos", tal como se denominó la ruidosa protesta de gendarmes y prefectos de octubre de 2012. Lo cierto es que su posible efecto expansivo quedó amortiguado por un hecho puntual: el asunto puso al descubierto una extensa red de corrupción que desde la década del '90 se dedicaba a estafar al Estado con la obtención de medidas cautelares para regular de manera disparatada los sueldos del 79% de los gendarmes y el 60% de los prefectos.

En cambio, la prolongada huelga de la policía santacruceña –entre el 2 y el 23 de julio del mismo año– tuvo una resonancia más explícita, ya que logró su objetivo estratégico: instalar la sensación de que esa medida de fuerza había convertido a la provincia en una enorme zona liberada. Y lo hizo sin que haya crecido la actividad delictiva. Sólo bastó que, por falta de custodia, los bancos y las dependencias oficiales hubieran limitado o suspendido sus horarios de atención para así trastocar los ejes de la vida cotidiana. Pero no sólo en el sentido burocrático, puesto que tal plan de lucha también se valió del miedo civil, con el cierre de locales bailables, confiterías y salas de juego.

Por entonces, en el plano continental, aún humeaba el "rechifle" de los policías bolivianos. Ya se sabe que ese conflicto puso en vilo al gobierno de Evo Morales. El reclamo –de carácter salarial– incluyó el saqueo y el posterior incendio de una oficina de inteligencia que atesoraba los legajos del personal, junto a voladuras de cuarteles policiales en varios puntos del país. Mientras tanto, en La Paz, los huelguistas, armados con fusiles y granadas, mantenían un cerco en torno al Palacio Quemado –la sede presidencial– y amenazaban con colgar de los árboles incluso a sus delegados si las negociaciones no llegaban a buen puerto. La situación se prolongó hasta el 27 de junio de 2012.

Cinco días antes, en Paraguay, un putsch parlamentario eyectaba del poder al presidente Fernando Lugo. No es un secreto que ello fue el increíble epílogo de una conspiración bordada desde la esfera policial: la masacre de Curuguaty.

Ocurrió el 15 de junio, después de que un juez ordenara el desalojo de tierras ocupadas ilegalmente en aquella localidad situada en la frontera con Brasil. Francotiradores infiltrados entre los campesinos abrieron fuego sobre la partida policial. La respuesta fue urdida con anticipación. Aquella tarde, 17 cadáveres de campesinos y policías, además de un centenar de heridos, quedaron diseminados en el sembradío. La sangrienta cosecha no tuvo otro fin que el de tener un motivo para linchar a Lugo en un juicio político de fantasía. El resto de la historia ya es pública.

Es notable la coincidencia coreográfica de dicha matanza con la del Parque Indoamericano, ocurrida en el barrio porteño de Villa Lugano en diciembre de 2010, después de que unas 350 familias ocuparan de manera pacífica un sector lindante. Su guión también contempló una orden de desalojo, el hostigamiento de provocadores a la policía y su virulenta respuesta. La faena –consumada en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana– concluyó con dos cadáveres: el de Bernardo Salguero, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Churapuña, boliviana, de 28. Asimismo, hubo decenas de heridos; entre ellos, un bebé. Horas después, la estentórea irrupción de un ejército de matones sindicales, barrabravas y punteros oscilantes entre el duhaldismo y el PRO provocaría –no sin apoyatura policial– 70 nuevos heridos.

Sobre este hecho aún persiste un interrogante: ¿qué es lo que desató entre los agentes del orden tal furia homicida? ¿Por qué razón –y en contra de los protocolos vigentes por entonces– un contingente de 200 federales y 60 efectivos de la Mazorca de Macri acudieron al desalojo con postas de plomo en sus escopetas Itaka? ¿Qué motivo impulsó a las más altas autoridades de la Federal para que, por radio, impartieran desde la sala de situación del Departamento Central la orden de abrir el fuego? Tal vez, ninguno de los involucrados llegará alguna vez a reconocer la existencia de un plan desestabilizador en marcha. Pero, en aquella vidriosa primavera, la reacción oficial más nítida consistió en crear el Ministerio de Seguridad, seguido por un proceso de reformas profundas en las fuerzas federales de seguridad.

Por esos días, sin embargo, nadie pudo suponer que un despliegue operativo casi idéntico sería utilizado 19 meses después en Paraguay sin otro propósito que el de malograr su proceso democrático.

La suerte le fue a Lugo más esquiva que al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien pudo conjurar el 30 de septiembre de 2010 un fragote iniciado con el acuartelamiento de la Policía Nacional, antes de que integrantes de esa fuerza mantuvieran cautivo al mandatario. El rol de la Unasur y su entonces secretario, Néstor Kirchner, fue determinante para abortar la intentona golpista.

Desde una perspectiva histórica, la utilización de fuerzas policiales a los efectos de articular golpes de Estado es, como el dulce de leche, una contribución argentina a la humanidad. Prueba de ello es el llamado "navarrazo", en homenaje al comisario Antonio Domingo Navarro, quien en 1974 derrocó en Córdoba al gobernador Ricardo Obregón Cano. A partir de entonces, esa provincia pasó a ser el primer laboratorio del terrorismo de Estado que se aplicaría luego en todo el país.

Casi cuatro décadas más tarde, en esa misma provincia volvería a estallar el infierno.

* Esta nota fue publicada originalmente en Infonews.