Democracias sitiadas

por Lidia Ferrari

El ex Juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni ha planteado la necesidad de una refundación institucional de la Argentina. Zaffaroni sostiene que se está viviendo en un caos institucional derivado de la manera en la que el Ejecutivo avanzó sobre actos legislativos (en el período en que avanzó con muchos DNU) y de las tropelías que el gobierno de Macri lleva a cabo a través de atajos y recodos legales que ponen en entredicho la legitimidad de algunos de sus actos de gobierno. El proceder macrista es opuesto a la del anterior gobierno, en el cual la voluntad de respeto por los canales democráticos y del Parlamento hacía que las leyes salieran por donde tenían que salir. No debemos olvidar que uno de los propósitos del anterior gobierno era establecer una continuidad jurídica para que el gobierno siguiente–el actual- no pudiera impunemente desbaratar medidas cruciales sino a través de los mecanismos previstos por la constitución, previendo que no fuera sencillo modificar lo actuado sin contravenir el marco institucional.

El gobierno de los Kirchner se sometió a una institucionalidad republicana  para consolidar no sólo los mecanismos del funcionamiento democrático sino la estabilidad a futuro de los derechos adquiridos. Los Kirchner en el gobierno apostaron a esa continuidad y pensaron –pensamos- que habría ciertos límites que no se podrían franquear tan fácilmente. Lo que está a la vista en estos pocos meses de gobierno es que esas expectativas han sido defraudadas, pues hay una voluntad de gobierno que utiliza los vericuetos y lagunas que permite la Constitución y, si no los encuentra, apela a formas que contrarían una interpretación republicana de la misma.

Esto que se produce en Argentina no es muy diferente de lo que ocurre en otros lugares del mundo, donde se asiste a un uso a discreción de la democracia: a discreción de los grandes grupos dominantes internacionales. En Italia, en el 2011, durante la presidencia de Berlusconi, un Referéndum le dio un revés a su gobierno, ya que el pueblo italiano votó en negativo a la posibilidad de privatizar el agua. Sin embargo, el gobierno actual de Renzi –que no ha sido elegido por voto popular- está privatizando el agua.

Está a la vista que el valor de las palabras y su uso están sólidamente ligados a quien las usa y quién las implementa: Democracia, República, Constitución, etc. Esto significa que ciertos gobiernos no respetan las voluntades populares y las reglas de juego de cada democracia o hacen un uso discrecional de sus resortes [1]. Esta forma de operar de ciertos gobiernos elegidos por el voto popular –al que algunos llegan a atribuir un modo dictatorial- muestra que existe un antagonismo entre los gobiernos con políticas emancipadoras que se ajustan a la Ley mientras que gobiernos de orientación neoliberal, precisamente, le hacen la gambeta a los marcos republicanos. Esto supone marcadas diferencias con los funcionamientos institucionales de las décadas anteriores. Se precisaban golpes de estado y el reino del estado de facto para poder concretar las acciones que ahora se llevan en medio de un supuesto estado de derecho, una manera de decir que en estas democracias reina un estado de derecho que puede llegar a subvertir ese mismo estado de derecho.

La propuesta de Zaffaroni surge de la idea de que el marco constitucional existente es el que ha dado posibilidades al atropello al que está expuesta la República. Nos preguntamos ¿se trata de cambiar la Constitución? ¿Se trata de refundar institucionalmente la República? Son preguntas muy difíciles de responder, al menos para quien las formula aquí. ¿Cómo se procesa el hecho de que estos gobiernos elegidos ‘democráticamente’ pueden pasar por alto los límites del estado de derecho para consumar sus planes más allá de toda ética republicana? De allí que surja una interrogación: ¿qué tipo de institucionalidad puede poner límites a quienes no están dispuestos a soportar ningún límite?

Un ejemplo: En 2009 Cristina Kirchner presenta un proyecto de ley para eliminar del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, respondiendo así a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas. Sin duda una ley de avanzada en un sistema republicano, una ley para proteger del asedio del poder a los periodistas, ya que existe una historia de causas por calumnias e injurias que amordazaban o perseguían a la actividad periodística. El problema actual es que las relaciones de fuerza se han invertido y en la actualidad los medios de comunicación poderosos y cierto periodismo practicado en esos medios actúan impunemente. De allí que la eliminación de ese delito dejó el campo abierto para una cantidad de mentiras e infamias que poblaron y pueblan la escena mediática por la que se informa toda la población. Cristina así, por ser republicana y defender los derechos del periodismo, se encontró con la ferocidad del más potente y más inescrupuloso periodismo que se pueda imaginar.

Se presenta un semblante de democracia que se va desgajando en las manos de quienes no encuentran límites en las prerrogativas institucionales y democráticas de un país. De esta manera, se amenazan y vulneran los derechos conquistados. Esto pone en evidencia la crisis de los marcos de análisis para pensar el trance que están viviendo no sólo los procesos emancipatorios latinoamericanos sino cualquier marco democrático en sentido estricto.

P.D.: Lo que ocurre en Brasil es una muestra contundente de este problema.

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[1] En el libro La maschera oligarchica della democracia, de L. Canfora y G. Zagrebelsky precisamente se trata sobre este punto y en él se concluye que “la gran parte de las palabras del léxico político asume un significado diverso, cuando no opuesto, dependiendo de quién las usa”: “la gran parte delle parole del lessico politico assume un significato diverso, se non ribaltato, a seconda di chi le usa”.