El terror incesante

¿Con la democracia se libera a los genocidas? El domingo a las 12 de la noche conversamos con Alejandro Kaufman en Radio Gráfica, FM 89,3

por Oscar Cuervo

La reciente sentencia de la Corte aprobada por los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz convalida una reducción de la pena a criminales de lesa humanidad por la aplicación del principio de la "ley más benigna", la del 2 por 1, a pesar de que dicha ley fue derogada hace años y tampoco estaba vigente en el momento en el que los crímenes comenzaron a cometerse, con el agravante de que la desaparición forzada de personas y la apropiación de menores se siguen cometiendo indefinidamente en la medida en que las víctimas no aparecen. Los crímenes de lesa humanidad, según una política de estado que nuestro país sostuvo hasta que estos jueces la derribaron, son imprescriptibles. Será imprescriptible la responsabilidad de estos funcionarios en la reposición del terrorismo de estado.

Una ley derogada a la que estos jueces recurren por su benignidad en favor de criminales que no cesan de cometer crímenes atroces es una catástrofe humanitaria que voltea de un saque una trabajosa conquista lograda por la lucha pacífica de varias generaciones de argentinos. Es una lucha ejemplar en el mundo para que los responsables y ejecutores del terrorismo de estado fueran juzgados con todas las garantías de la ley y cumplieran sus condenas en cárceles comunes.

La voluntad tortuosa de tres personas aniquila en un instante el esfuerzo colectivo de años de lucha y abre la puerta para que en un plazo corto los criminales más abominables de la historia argentina vuelvan a caminar por nuestras calles.

El agravio hacia las víctimas es infinito: la cúpula del poder judicial les concede a los criminales una benignidad que ellos nunca se mostraron dispuestos a practicar con los secuestrados, torturados, asesinados o privados de su identidad, quienes siguen desapareciendo en cada instante en que los criminales no colaboran con el esclarecimiento de los crímenes ni dan señales de arrepentimiento.

El Estado Argentino encarnado en la voluntad de Highton, Rosatti y Rosenkrantz los vuelve a hacer desaparecer, mientras emite una terrible señal de permiso para que crímenes similares puedan ser cometidos otra vez con la presunción de que no serán castigados. Si esta lúgubre decisión pesara sobre sus conciencias éticas -si fueran capaces de experimentar algo así-, no se trataría apenas de la esfera íntima en que tres personas pudieran vislumbrar un atisbo de vergüenza.

Este fallo se produce en un contexto político que lo posibilita, en la semana en que la cúpula de la iglesia católica, perpetuatemente sospechada de complicidad con el terrorismo de estado, llama otra vez a promover una reconciliación de los terroristas de estado con sus víctimas. La sincronización de jueces y curas no puede ser disimulada con excusas tardías de los obispos, cuando aclaran que su propuesta de reconciliación no pretende "sentar en una misma mesa" a los represores y sus víctimas.

Nora Cortiñas, una de las Madres de Plaza de Mayo que hace pocos días cumplieron 40 años de lucha por la memoria y la justicia, dijo que el anuncio de los obispos argentinos de su decisión de establecer un protocolo para consultar documentos eclesiásticos relativos a la desaparici´on de personas es una hipocresía más de la curia: van a presentar las mismas cartas que los familiares de las víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos le dirigían a la Iglesia durante la dictadura. Cortiñas reclamó a los curas: “Abran sus archivos en serio; ellos saben la verdad, porque los capellanes entraban a los campos de concentración, palmeaban a la gente sangrante, torturada, diciéndoles que hablaran, porque si no seguiría la tortura, y hacían de puentes para entregar a los bebés de las cautivas que daban a luz".

Estos que hacían puentes para repartir a los chicos apropiados, con hipocresía agobiante, ahora proponen tender puentes para la reconciliación entre los represores y las víctimas. Esta iniciativa no es una ocurrencia nueva del obispado actual. La idea de una memoria completa fue lanzada en el año 2000 por el entonces arzobispo porteño Jorge Bergoglio durante una reunión con el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni. El militar manifestó entonces en una entrevista que le hizo Nora Veiras para Página 12 la idea de organizar una mesa de consenso en la que se analizaran las responsabilidades de distintos sectores en la "tragedia" argentina, como método superador de la justicia. Diez años después, durante el Tedeum del Bicentenario, cuando el obispo Bergoglio presidía la Conferencia Episcopal, uno de sus miembros, Agustín Radrizzani, obispo de Mercedes-Luján, entregó al Poder Ejecutivo una solicitud de amnistía firmada por Jorge Videla y un centenar de presos por crímenes de lesa humanidad. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó devolver la vergonzosa petición sin siquiera responderla. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma?

La decisión aciaga de la Corte no está fuera de contexto, dado que el actual gobierno no para de emitir señales de negacionismo, de boca de funcionarios que ponen en duda el número de los desaparecidos, con intentos de transformar el encuentro de cada 24 de marzo en conmemoración de la lucha por los derechos humanos en un feriado móvil. Es el mismo presidente que antes de asumir la jefatura de estado dijo que se iba a terminar "el curro de los Derechos Humanos". La Corte expresa entonces con su dictamen una relación de fuerzas en la que los sectores que en su momento promovieron la dictadura se sienten envalentonados porque uno de los suyos llegó al poder mediante el voto popular. El camino de la democracia no asegura la vigencia automática de la justicia ni el respeto por los derechos humanos. Puede ser que con la democracia ni se coma ni se cure ni se eduque.

Como dice Alejandro Kaufman en un lúcido artículo escrito hace casi un año para la revista El Ojo Mocho: "La institucionalidad democrática, una vez así establecida, suspende toda esperanza sobre sus alcances que, al consumarse, no dejan pendiente una promesa adicional sobre la beatitud que durante tantos años fue esperada de la democracia. Decimos que en 1984 'comenzó' o 'volvió' o 'se recuperó' la democracia, como si tal condición fuera un estado homogéneo y vacío que por solo habitarse concediera de por sí todas las garantías".

El sentido preciso de la democracia está en permanente disputa y ahora vemos que tampoco asegura que los crímenes de estado no se vuelvan a repetir.

En una solicitada publicada en el diario Convicción en 1983, poco antes de que la dictadura entregara al poder al presidente electo Raúl Alfonsín, las "fuerzas vivas" de la Nación, los sostenes políticos y beneficiarios económicos del terrorismo de estado declaraban:

"Los argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y la sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas. Fue una decisión de los argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino pedimos en su momento a las FFAA que entraran en guerra para ganar la paz. A costa de cualquier sacrificio. Y tal como cualquier otra guerra, la nuestra también tuvo su precio. Hoy la guerra terminó, aunque no la vigilia. Aunque en idéntica circunstancia volveríamos a actuar de idéntica manera, quiera Dios que nunca tengamos que pagar este precio para vivir en paz. Las instituciones que abajo firmamos queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión: Asociación de Bancos Argentinos – Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Cámara Argentina de Editores de Libros – Cámara Argentina de Anunciantes – Cámara Argentina de Comercio - Consejo Empresario Argentino – Consejo Publicitario Argentino – Liga de Madres de Familia – Sociedad Rural Argentina. Y continúan más de 100 firmas. ("Los argentinos queremos decirle al mundo", diario Convicción, 1983).

En idéntica circunstancia volverían a actuar de idéntica manera. Esa amenaza también revive hoy con la sentencia de la Corte.

Un amigo me comentaba, al enterarse de la triste noticia: "cómo subestimamos a estos muchachos". No lo creo, yo no los subestimé: están haciendo lo que sabíamos que querían hacer, porque son la continuidad de aquello. Baja del salario, endeudamiento, represión de las organizaciones sociales e impunidad para los genocidas forman parte del programa de una derecha argentina clásica. En sus estrategias no hay novedad. Es lo que iban a intentar indefectiblemente.

Pero, ¿por qué lo consiguen?

Nuestro problema no es que subestimamos a los macristas, sino que sobrestimamos a esa figura inasible del peronismo. Erróneamente lo creímos comprometido con los avances de doce años del kircherismo en materia de derechos humanos, paritarias libres, presencia del estado en favor de los sectores más vulnerables y protección del empleo.

Desde el 10 de diciembre de 2015, Cambiemos gobierna con un senado que cuenta con mayoría absoluta de peronistas, en cuya composición a su vez hay una mayoría de senadores que llegaron en las boletas del Frente para la Victoria. Son estos senadores presuntamente peronistas los que aprobaron los Decretos de Necesidad y Urgencia que macri emitió, entre ellos el que designa a dos de los jueces que esta semana indultaron a los terroristas de estado con el argumento de la ley más benigna. Los senadores peronistas también aprobaron los proyectos de ley más malignos para los intereses del pueblo. No subestimamos a macri: sobrestimamos a la CGT porque, pensando en la actitud combativa que tuvo la burocracia sindical durante los últimos años del gobierno de Cristina, no creímos que esta misma burocracia fuera a aceptar mansamente que el macrismo imponga topes a las paritarias por debajo de la inflación durante dos años consecutivos.

Cambiemos, por ende, no ha demostrado ninguna capacidad política especial en este año y medio. Solo sucede que una parte del establishment peronista en el Congreso, las gobernaciones y los sindicatos nos muestran que decirse peronista no significa en principio nada, ningún compromiso con el pueblo ni vínculo con bandera histórica alguna. Solo muestran apego permanente al poder, sea cual fuera. Tendríamos que haberlo aprendido en la década menemista, aunque en el siglo xxi todavía muchas atribuladas disquisiciones políticas se acaban ni bien se reivindica una fantasmal identidad peronista.

¿Qué hacer entonces? El camino que emprendimos hace tantos años no se desanda: hay que marchar. El miércoles 10 de mayo a las 18:00 tenemos que ser una multitud inmensa repudiando frente a los tribunales de Talcahuano al 500 a los jueces de la ignominia.

Postdata de las 18:00 hs.: la convocatoria para repudiar el indulto a los genocidas se cambió de Tribunales a la Plaza de Mayo.