Los cómplices de la dictadura aún están aquí

y militan por la impunidad con la hipocresía

de siempre


por oac

Es interesante observar cómo, a medida que Elisa Carrió va acentuando su giro a la derecha, sigue siendo acompañada por un sector de la pequeño-burguesía que gustaba hasta hace poco de pensarse a sí mismo como "progresista" o "liberal de izquierda", pero que en esta mutación va asumiendo posiciones más abiertamente retrógradas. En este sentido, la brutal toma de posición de Carrió contra la ley que están promoviendo las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de DDHH (proyecto sobre la obtención de datos genéticos para determinar la filiación de niños presuntamente apropiados durante la represión dictatorial) parece ser un punto de inflexión hacia una derechización irreversible de todo este sector social.

Se alínean detrás de consignas en favor de la impunidad pretextando una reivindicación abstracta de la voluntad individual de algunas supuestas víctimas (las personas adoptadas por Ernestina Herrera de Noble, que posiblemente fueran menores secuestrados durante la represión en épocas de Videla). Es el destino de estos sectores el ser históricamente solidarios con la dictadura, antes por omisión (no sabían lo que estaba pasando), ahora por negación explícita (no quieren saber lo que pasó, no quieren que los juicios por la verdad y la identidad de los menores apropiados sigan adelante, no quieren que se empleen los recursos que las nuevas tecnologías permiten para determinar filiaciones). La Carrió encontró la forma de verbalizar esa solidaridad con los apropiadores de un modo abyecto: "los hijos de la señora de Noble son nuestros hijos"; en el que ese nuestros no abarca por supuesto a las Abuelas que desde hace décadas buscan a los chicos secuestrados, sino a los mismos apropiadores: nosotros, la Noble y los represores que mataron a los padres y repartieron a los chicos.

Que un sector social representado óptimamente por la Coalición Cívica haga suya esa consigna de complicidad, que para hacerlo se refugien en pretextos como el de "el respeto a las víctimas a no querer saber", que para darle consistencia a ese alineamiento se escondan en la defensa de la Voluntad de la Víctima, como si se tratara de una esencia metafísica intangible que no debe confrontarse con otras voluntades y otros intereses afectados (el de los familiares de desaparecidos que vienen luchando desde hace tanto por saber la verdad, aún contra la complicidad del propio estado argentino que cubrió durante décadas esos crímenes; pero también el interés comunitario de que se sancionen los crímenes de lesa humanidad), que este proceso se esté dando en momentos en que el estado argentino ya no juega en favor de la impunidad, todo esto revela que el terrorismo de estado ha sido posible por una cadena de complicidades civiles que aún sigue vigente y que se reaviva cada vez que existe la posibilidad de dar un paso en dirección de la justicia.

En este sentido, resulta un ejemplo patético de esta degradación política la línea seguida por el blog La lectora provisoria (LLP), encarnada especialmente por su editor, Eduardo Antín, también conocido como Quintín, y reproducido acríticamente por varios comentaristas. Uno podría comprender que la viuda de Noble se oponga a la consecución de los juicios por la verdad porque de ellos resultaría la demostración de sus responsabilidades penales en el secuestro de menores. Uno podría comprender que los empleados de la viuda reproduzcan este discurso porque están cuidando el empleo o preservando un salario suculento. También podríamos entender que Elisa Carrió necesite asumir las causas de la Noble como propias porque la base de sustentación de su política depende enteramente de que los medios del Grupo le cedan sus espacios para hacerse visible: Carrió no sabe construir otra política más que la de ir a programas que la dejan decir sus disparates sin hacerle jamás preguntas exigentes; cuando hace política más allá de las cámaras, Carrió destruye sus propias invenciones y espanta a sus aliados. Lo que resulta tortuoso es comprender los motivos de los sectores sociales que se hacen eco de estas palabras y finjen estar defendiendo los derechos del individuo frente al atropello del estado. La discusión en La lectora provisoria es un ejemplo patente de esta degradación voluntaria: sólo con una enorme mala fe se puede comparar un trámite judicial para obtener de un modo no cruento datos genéticos con la práctica de la tortura; hay que hacerse el estúpido para oponerse a estas investigaciones en nombre de los derechos personalisimos. Pero después de todo no debería sorprendernos: se trata de los ladrillos que históricamente se han prestado voluntariamente a formar el muro de las dictaduras. Si gente así no existiera, uno no se explicaría cómo ha sido posible que durante tanto tiempo se interrumpiera el estado de derecho con la complacencia de amplios sectores civiles. Esta pequeña burguesía supo ser alocadamente alfonsinista durante una temporada, pero se siente infinitamente más cómoda con gobiernos de derecha.

Es fascinante ver a un grupo social virar hacia posiciones retrógradas en nombre de una libertad individual abstracta que no tiene para ellos ningún correlato práctico. La defensa de los derechos personalísimos que se hace en el contexto de esta discusión en LLP sólo es una chicana para asegurar la impunidad de los crímenes de estado.

Se horrorizan de que el estado obtenga pruebas compulsivamente cuando eso es lo que el estado hace todo el tiempo en cualquier proceso judicial. ¿No se obtienen datos en casos de violación, de robos y hurtos, no se hacen rondas de reconocimiento de sospechosos y allanamientos de modo compulsivo? ¿No se toman huellas digitales? ¿Hay que respetar la voluntad de alguien que no quiere que en una investigación se obtengan pruebas mediante la recolección de indicios? Esa coacción judicial es la que permite que una investigación avance y sólo un cretino puede asimilar esto a la tortura.

Mediante la obtención de pruebas genéticas la justicia no vulnera la integridad de alguien que se presume que ha sido apropiado por el terrorismo de estado: si el presunto apropiado no quiere saber, que no sepa, que cierre sus ojos y tape sus oídos. Pero esa voluntad no puede sobreponerse sobre la de los familiares de desaparecidos que quieren saber qué se hizo de sus descendientes, quién lo hizo, quién ha sido beneficiado. El no querer saber de un particular no puede imponerse como un derecho absoluto contra el derecho de la comunidad a saber qué pasó. La reivindicación de una voluntad individual abstracta simula hablar en nombre de las “víctimas”, como si la única víctima del terrorismo de estado fuera el hijo presuntamente apropiado y no lo fueran también las abuelas, otros familiares y la comunidad entera. Introducir el status de “víctima” como fundamento de una voluntad incuestionable (sólo cuando esa presunta víctima se niega a saber la verdad) es un disparate jurídico. Ninguna víctima de un delito puede impedir que se haga justicia.

Cada vez que en este debate dicen “víctima”, hacen gala de un doble estándar, ya que llaman víctima a alguien que no se ha comprobado que lo sea. Si alguien quiere proclamarse como víctima, primero tiene que asumir que hay un victimario. ¿O es que también la crisis causó dos nuevas apropiaciones de menores?

Lo que se puede reconocer en este debate de LLP es a una pandilla de hipócritas que se encolumnan detrás de una dirigente oportunista que quiere seguir haciendo la única política que sabe. Se alínean con Carrió y su mala leche (que no está loca, porque es una hija de puta hecha y derecha) porque ella verdaderamente los representa.