Ocho meses preparando una tormenta perfecta

Mientras escribo este post veo por televisión a Maximiliano Montenegro que trata de vender el fallo de la Corte de ayer como un guiño económico al gobierno, al haber dejado afuera de su decisión a las pyme y por haber reconocido la potestad del ejecutivo para fijar tarifas. Se trata de una falsificación informativa. La potestad del ejecutivo nunca fue puesta en discusión, pero sí se cuestionó su derecho a ejercerla irrazonablemente. El fallo no se expide sobre las tarifas de las pyme porque esos casos no formaban parte de las causas sometidas a su consideración, pero deja abierta la posibilidad para presentar recursos en casos análogos. Además, en sus fundamentos, la SC fija criterios de gradualidad, razonabilidad, progresividad y capacidad de pago y recomienda evitar tarifas confiscatorias. También recomienda que las audiencias públicas no sean instancias meramente formales, ya que se debe tener en cuenta la defensa de los intereses de los usuarios y aplicar criterios de razonabilidad y capacidad de pago semejantes para casos sustancialmente análogos (i.e., pymes, clubes, etc.) que no fueron incluidos en este dictamen.

Gabriel Morini en Ámbito lo sintetiza así:

Tras desoír todas las señales políticas adversas que le fue dando la Corte Suprema, el Gobierno nacional terminó obteniendo el peor fallo posible en relación con el tarifazo del gas. Con una sentencia unánime, el máximo tribunal anula las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y obliga a retrotraer los valores a marzo pasado, previo a los incrementos. Derribó el principal argumento oficial al establecer que, para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Aunque restringió el alcance de la medida a usuarios residenciales (a quienes les reconoció un amparo "de clase"), no cerró la vía judicial para que industrias, pymes y comercios y todos quienes no fueron alcanzados por el fallo inicien sus propios planteos. Tampoco concedió que el gas a "boca de pozo", con precios fijados por el Estado para la producción, quede excluido de la instancia de participación ciudadana. Perfila un fallo adverso en tarifazo de luz. 

Es decir, la Corte no respalda en absoluto la pretensión desmesurada del tarifazo inicial ni tampoco su corrección posterior del tope del 400% de aumento. Contra todos los trascendidos anteriores o los intentos posteriores de presentar el dictamen como "amigable" al oficialismo, no hay margen para considerar el fallo como "salomónico", "neutral" o "empatado". Al contrario, es adverso a las pretensiones del macrismo en aspectos decisivos. Incluye la necesidad de someter también a audiencia pública el precio de extracción de boca de pozo -una de las obsesiones de macri era impedirlo-, dado que incide en la formación de la tarifa, contrariando la idea oficial de que este precio lo fija libremente "el mercado". Y deja abierta la judicialización para los recursos presentados por pymes y también por las tarifas de luz y quizás las del agua.

Es una derrota indisimulable del macrismo, después de la grosera escalada de amenazas apocalípticas que funcionarios del ejecutivo y comunicadores del oficialismo lanzaron contra el tribunal. Era falso que no había otra opción: ahora el gobierno se ve obligado a buscarla. Insistir con los criterios ayer impugnados volvería a poner el conflicto en la calle, de la que en parte la Corte ayer lo sacó. Un gobierno inteligente, incluso uno de derecha, debería agradecer discretamente esta nueva oportunidad. No guardo esperanzas sobre esa inteligencia de macri.

Falló la política tarifaria en la macri gastó inútilmente 8 meses. Hizo todo mal, incluso para su propia conveniencia política. Ahora queda muy a la vista ante los presuntos inversores extranjeros la vulnerabilidad presidencial y expone ante estos intereses trasnacionales el riesgo de invertir durante una administración con una impericia política que no les garantiza continuidad en el futuro.

Por añadidura, la Corte de Lorenzetti le marcó el territorio a macri. No es que sean campeones de la república (véase cómo toleran la detención irregular de Milagro Sala), pero dejan a la luz del día que los aprietes groseros a los que el macrismo los sometió no les caben. La Corte aportó un poco de razonabilidad en el propio régimen neoliberal: se puede ajustar, pero no se deben hacer disparates inmanejables como el que pretendía el macrismo. Si realmente el gobierno quisiera "aprender" de sus errores, aprovecharía esta adversidad para hacer política, convocar a algunos sectores amigables del opoficialismo (Massa, los gobernas) y diseñar un ajuste tarifario sustentable. La Corte dio muestras de tener mayor muñeca política que el ejecutivo y evitó alimentar una explosión social de la que habría terminado como co-responsable. Y de paso, Lorenzetti se preservó como sucesión presidencial ante una eventual salida anticipada.

La tarifa vigente es la que dejó el gobierno de Cristina y será la que regirá durante casi todo el primer año de gobierno. Con la anulación de las retenciones y la caída de la recaudación impositiva por la baja del consumo, el déficit fiscal, una de las banderas contra las que lucha el neoliberalismo, este año va a crecer a cerca de 70 mil millones de pesos, en un contexto de recesión, inflación, aumento del desempleo y baja de salarios. Lo peor de ambos mundos.

Se perdieron varios meses decisivos para la consolidación de un nuevo gobierno. El resultado es la posibilidad de una tormenta perfecta.

Mariano Lovelli, el propulsor del amparo por los aumentos, junto a Cristina en su visita a Ensenada