Hoy a la tarde se lleva a cabo en el Teatro Argentino de La Plata el 2° Encuentro Nacional del movimiento Justicia Legítima, que en los últimos meses despertó mucho escozor en la fracción más conservadora del poder judicial, tanto como en todo el arco de la derecha, que naturalmente siempre se va a resistir a todo proyecto emancipador, en cualquier ámbito que se plantee. Los ataques de la derecha se concentraron en estos días en la persona de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a quien se le abrió una causa por la designación de fiscales ad hoc y subrogantes.
Distintas organizaciones dieron su apoyo a la gestión de la Procuradora: el CELS, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y declararon que "no sólo es necesario tomar las medidas que hagan falta para llevar adelante una eficaz tarea en la representación de los intereses de la sociedad sino que además es una competencia de la Procuradora, otorgada por la Constitución y por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal".
También Justicia Legítima afirmó su compromiso con una justicia eficaz y eficiente y apoyó la gestión de la Procuradora: "¿Quién puede afirmar que la justicia siempre funcionó bien? Lo que se esconde, entonces, no es la defensa de lo que funciona bien ni una defensa frente a supuestos “ataques”. Lo que se esconde es la necesidad de seguir defendiendo un modelo de privilegios, que se arroga la defensa de los intereses del pueblo, al que le ha dado la espalda sistemáticamente".
El primer encuentro de Justicia Legítima se había hecho a fines de febrero en la Biblioteca Nacional, donde se reunieron -por primera vez en la historia argentina- 2000 asistentes vinculados a los diversos niveles del Poder Judicial, a debatir de manera completamente horizontal las reformas que son necesarias en ese poder del estado. La periodista Marta Vasallo cubrió el encuentro para Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur. Hoy estará asistiendo también al 2° encuentro. El domingo a la medianoche nos lo cuenta en La otra.-radio. A continuación reproducimos algunos fragmentos de la nota que publicó en Le Monde Diplomatique de mayo:
Por una justicia con los ojos abiertos
por Marta Vasallo
...El discurso inaugural de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en las jornadas de JL polemizó tanto con la declaración de la Comisión Nacional de la Independencia Judicial como con el discurso de Lorenzetti de la víspera: “Para una concepción de la Justicia basada en realizaciones, la independencia del Poder Judicial es un eslogan que todos apoyan y pocos entienden, desvía la atención de las preguntas que tienen sentido: ¿Es independiente el Poder Judicial?”. Un rápido recorrido histórico de la actuación de la CSJN la llevó a concluir que esa independencia es “una ficción”. Se refirió a “la complicidad estructural de ese poder con el terrorismo de Estado”, y al evocar las políticas neoliberales que culminaron en la crisis de 2001 volvió a preguntar: “¿Dónde estaba entonces la administración de justicia? ¿Alguien recordó la independencia del Poder Judicial? ¿Dónde estaba entonces el furor de las cautelares? Entonces no había discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Se trata –dijo– de detectar esa matriz autocrática, corporativa, elitista, latente, que reacciona cada vez que se toca uno de los pilares que reproducen la desigualdad y la exclusión”. (...)
De fuerte tono autocrítico, las intervenciones de los participantes de JL definieron al sistema judicial actual como “corporativo”, “conservador”, “formalista”, “burocrático”, “verticalista”. “El simbolismo de los ojos vendados nos lleva a un Poder Judicial ciego, estúpido y formal, que lleva a juicios distorsionados. Es imposible valorar y enjuiciar sin tomar partido”, dijo el juez penal Daniel Carral. “Somos una máquina de violencia”, definió la joven jueza correccional de Morón Graciela Angriman. Para el fiscal Abel Córdoba, “el primer derecho que niega un Poder Judicial que funciona así es el acceso a la justicia a amplios sectores, en beneficio de la corporación judicial misma o de corporaciones aliadas a la judicial”.
Acceso dificultado hasta por razones edilicias, como señala Slokar desde su despacho en Comodoro Py, “no se puede acceder materialmente, físicamente, a este edificio enclavado en el puerto, que sigue concentrando el transporte automotor. […] La tríada Palacio de Justicia-Familia judicial-Ritual está pensada para otro tiempo”, reflexiona al referirse a la necesidad de descentralizar organismos, fiscalías, agencias. La dificultad de acceso está vinculada con la exclusión de toda forma de participación ciudadana, una participación en cuya necesidad confluye el movimiento JL, lo mismo que en el pago del impuesto a las ganancias, aunque hay controversias y discrepancias en cuanto a sus formas de implementación.
En la concepción de JL, la invocación a la “independencia judicial” es el ropaje que oculta la defensa del sistema judicial tal como está. Conectada con los valores de intangibilidad salarial y de inamovilidad en los cargos, esa independencia tiene una dimensión horizontal, vinculada con la independencia de los poderes formales, y también de los poderes fácticos; y otra vertical, que es el funcionamiento interno de la institución, donde los aspirantes a una reforma confluyen en la necesidad de revisar los mecanismos de designación y remoción de sus miembros. Respecto de los poderes fácticos, Slokar recoge el planteo de Antonio Cluny: en la era de la globalización financiera, ¿quién pone límites a las aseguradoras de riesgos, al FMI, al Banco Mundial? (...)
La prensa hegemónica lo ha caracterizado como una facción kirchnerista dentro del Poder Judicial, que hace juego a la decisión presidencial de terminar con la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, escuchando hablar a sus integrantes, se pone en evidencia que se trata de un movimiento que se ha gestado durante décadas, manifiesta un malestar muy profundo por parte de sectores significativos del Poder Judicial, y es heterogéneo, también en términos políticos. “Hay muchos matices en esta convergencia –describe Félix Crous–, es cierto que no hay antiK radicalizados, hay gente decente, profesionalistas, profesionalistas y un poco más, progresistas en términos de republicanismo real, gente de izquierda, simpatizantes del kirchnerismo aunque no sean kirchneristas orgánicos.” “Esto estaba larvado, latente, es una deuda de la democracia. Estaba oculto y ahora sale a la luz. Pasaron tres décadas para que tenga lugar este debate. No es casual que se dé en momentos en que se plantea un conflicto por la vigencia de una ley que está poniendo en la luz de qué se trata: si los grupos concentrados de la economía pueden mantener la hegemonía mediática o no. Bienvenido sea si el debate sobre la vigencia de la cláusula de desinversión en la Ley de Medios da lugar a la transformación interna de un poder del Estado”, dice Slokar, para quien la identificación de JL con el gobierno es “una mirada miserable”. “Era conmovedor –dice–, ver [en las jornadas de JL] a jueces designados democráticamente por Alfonsín, ya jubilados, que a la vuelta de treinta años ven que empieza a cumplirse lo que sus movimientos y asociaciones aspiraban en 1984.” “La discusión por la Justicia Legítima es un abordaje integral y de fondo que excede a la coyuntura en la cual algunas visiones cortas están interesadas en confinarlo –sostiene por su parte Abel Córdoba–. Es un debate de fondo que implica poner en cuestión a un poder público que no ha sido permeado por prácticas democráticas.”
Los antecedentes mencionados reiteradamente por JL son el principio de reforma judicial de 1984, que dejó la mayor parte del sistema incólume; la reforma constitucional de 1994, con la creación del Consejo de la Magistratura y la instauración de concursos públicos de antecedentes; el reclamo de renovación de la Justicia en la crisis de 2001, al que Kirchner respondió designando la actual CSJN y derogando las leyes de impunidad que abrieron el camino a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estos juicios impulsados por los organismos de derechos humanos son a juicio de Abel Córdoba la principal transformación de la justicia argentina.
Tal vez el movimiento de JL sea “kirchnerista” en un sentido más profundo, vinculado con la capacidad que las sucesivas gestiones presidenciales kirchneristas han demostrado de colocar sobre la mesa, convirtiéndose en objeto de debate público, profundos y antiguos reclamos sociales que por diferentes circunstancias no salían a la luz, no cuajaban en formas reconocibles. Sucedió con los juicios por crímenes de lesa humanidad, con la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, y sucede ahora con un cuestionamiento del Poder Judicial que por primera vez surge desde dentro. Estos cuestionadores tienen muy clara la necesidad de que la reforma del Poder Judicial sea impulsada también desde los otros poderes políticos, el poder policial, los académicos.
En todos estos casos la reacción defensiva de los núcleos cómplices de los poderes concentrados es feroz: hacen y seguirán haciendo todo lo posible por boicotear o desvirtuar las transformaciones. Pero al mismo tiempo estas transformaciones aparecen como irrefutables en su necesidad y legitimidad: de hecho la Corte no se opuso, explícitamente al menos, a las propuestas de JL, ni a los proyectos de cambios en la Justicia anunciados por la Presidenta en su discurso de inauguración del año legislativo el pasado 1 de marzo (1).
1. Adrián Ventura, “La Corte evita enfrentarse con Cristina”, La Nación, Buenos Aires, 6-3-13, Gabriel Marini, “La Corte se mostró a favor de los proyectos para reformar la Justicia”, Tiempo Argentino, Buenos Aires, 6-3-13.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
El domingo a la medianoche la seguimos en La otra.-radio. FM La Tribu. 88,7.
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