Historias para no dormir

Por Oscar A. Cuervo

Se están por cumplir 35 años del asesinato de Rucci y se vuelve a hablar del asunto. En estos días ha salido un libro de Ceferino Reato que cuenta la historia, Operación Traviata, que inmediatamente se ha convertido en éxito de ventas.

Ayer a la noche vi una entrevista que le hizo Gerardo Rozín al autor. No sé quién es Reato, ni qué tal será su libro, pero la charla con Rozín fue lo suficientemente interesante como para darme ganas de leerlo.

Me parece que Reato sentó algunas tesis súmamente inteligentes para meterse con la cuestión: la necesidad de no plantear este episodio de un modo maniqueo, no someterlo a una moralidad exterior a la época en la que los hechos sucedieron, comprender el valor humano de estos personajes, tanto de Rucci como de quienes lo asesinaron, hacerse cargo de la tragedia que significa para la sociedad argentina que unos y otros hayan muerto en estos enfrentamientos. Dijo Reato, refiriéndose a Rucci y a los que lo mataron, que hoy la sociedad argentina los necesitaría y que le daba mucha rabia que la violencia de nuestra historia nos haya hecho perderlos. Me parece que nunca escuché decir esto, al menos no con la serenidad con que Reato lo decía, sin instrumentar el tratamiento de un episodio tan controvertido en función de las mezquindades y los intereses subalternos que nos resultan tan habituales.

Creo que la Argentina ya está madura para pensar en esta cuestión. Hasta hace poco, cualquier discusión sobre la violencia de los 70 estaba obturada porque el Estado mantenía una comunidad jurídica y política con las doctrinas y las personas que instalaron el terrorismo estatal de los 70. Un estado que no asumía su responsabilidad jurídica en la masacre nos envolvía a todos como cómplices. La reactivación de los juicios, la derogación de las leyes y decretos de impunidad, el desmantelamiento de los campos de concentración, el pedido oficial de disculpas a las víctimas del terrorismo, la destitución de los retratos de los dictadores en edificios oficiales han sido gestos y posicionamientos de los años recientes: hasta que estas decisiones no se hubieran tomado los crímenes del estado argentino perduraban en su ejecución y todos los ciudadanos de esta república los seguíamos consintiendo. Esto no quiere decir que en la Argentina actual haya un respeto irrestricto de los derechos humanos, sino que la continuidad del estado terrorista ha cesado.

Entonces es un buen momento para discutir lo que pasó en los 70. No creo que la cosa pase por equiparar los asesinatos cometidos por las organizaciones armadas con los del estado terrorista, como si en ambos casos se tratara de crímenes de lesa humanidad (cosa que es tan común escuchar en estos días, en un remozamiento de la doctrina de los dos demonios). Me parece que el sistema jurídico debe reservarse una última diferencia para tratar de un modo distinto a quienes montan desde el estado un sistema criminal, porque es precisamente el estado el que debe velar para que se cumpla la ley y es inexcusable que se usen esos resortes del poder para vulnerarla. Por más crueles y despiadados que puedan ser los crímenes cometidos por organizaciones insurgentes, la diferencia entre una y otra cosa debe ser mantenida a rajatabla. El estado no debe poder matar en absoluto, por lo cual esos crímenes deben ser tratados como dirigidos contra el propio estado de derecho.

Dicho esto, un asesinato es un asesinato y eso fue lo que hicieron con Rucci. Lo más interesante de este caso es quién era Rucci, cuáles fueron las “razones políticas” que sostuvieron su condena a muerte. Sin conocer a fondo su historia, parece que Rucci fuera el más típico representante de la burocracia sindical y, por esto mismo, un ejemplo claro de un tipo de dirigente social generado en el seno de peronismo. No se entiende a la burocracia sindical sin comprender la historia del peronismo, así como no se puede comprender el peronismo si se prescinde de la ambivalencia inagotable de tipos como Vandor, Alonso, Rucci, Lorenzo Miguel, Oscar Rodriguez, Ubaldini, Moyano. No todos son iguales, cada uno tiene lo suyo, pero hay una matriz común: llevan el código genético del movimiento peronista y no se puede condenarlos ligeramente sin perder de vista la compleja riqueza del tipo de poder que ellos encarnan.

Que una organización armada con aspiraciones revolucionarias -como presuntamente eran los Montoneros- haya llegado a convencerse de la necesidad de matar a un sindicalista como Rucci, que hayan concebido la posibilidad de que “tirar un cadáver en la mesa de negociación” los iba a posicionar mejor frente a Perón, que esa fuera la manera de tramitar el poder -a la que ni Perón ni el resto de la dirigencia política argentina de la época podían declararse ajenos-, todo esto es uno de los nudos más difíciles de desatar para entender qué pasó, qué hicimos como sociedad.

La idea de que Perón iría a negociar cuando le “tiraran el fiambre”, un par de días después del aplastante triunfo de la fórmula Perón-Perón en las urnas (64 %), es de una torpeza política -para no hablar de la dimensión ética del crimen- que marca el grado de delirio que dominaba a la historia de esos días. Si así pensaban los que podían y querían transformar a la sociedad argentina, la cosa no podía terminar sino en una tremenda tragedia.

Reato señala una diferencia importante respecto de la política del ERP: esta organización de corte marxista-leninista adoptó una posición mucho más clara cuando el peronismo accedió al poder en el 73; se mantuvieron en la clandestinidad y siguieron operando contra la policía y el ejército, pero no contra los dirigentes políticos elegidos en las urnas. Esta sería una diferencia muy neta con la política militar montonera, mucho más ambigua, pugnando a la vez por ocupar espacios de poder en el estado y ejerciendo la violencia contra los “enemigos internos” del movimiento peronista. No sé si hay documentos que avalen esta tesis de Reato, pero lo que él dice resulta verosímil. ¿Hubo operaciones del ERP contra dirigentes políticos del gobierno civil?

El asunto es que los Montoneros creían posible tomar el poder matando a tipos como Rucci, sin ser capaces de establecer un matiz diferencial entre un burócrata sindical y el aparato asesino de la Triple A o un dictador como Aramburu. Esto que digo tampoco pretende justificar el asesinato de Aramburu, pero sí diferenciar el rol político que cada uno de ellos tuvo en la historia, para captar la lógica que puede haber llevado a los Montoneros a la conclusión de que tenían que matar a Rucci.

Reato cuenta un episodio interesante: cuando Perón se entera del asesinato de Rucci, su primera reacción fue convocar a algunos dirigentes cercanos a la JP (Reato nombra a Nilda Garré entre ellos) para mandarles un mensaje a los Montoneros: que ellos salieran a desmentir la autoría del hecho. Perón tenía esperanzas de que no hubieran sido los Montos sino el ERP los que mataron a Rucci. Garré y otra persona fueron a llevar el mensaje a la dirigencia montonera, a lo que ellos respondieron: “no podemos salir a desmentir nuestra autoría, por razones obvias”.

Así como los Montos creían posible que Perón negociara ante esta “demostración de fuerza”, Perón guardaba una esperanza de que ellos no hubieran sido capaces de matar al líder de la CGT. Entre personas no precisamente ingenuas, este desencuentro aparece hoy bajo una luz patética.

Voy a leer el libro de Reato.