En pocos días el poder ejecutivo de Argentina pasará a ser ocupado por un gabinetes de gerentes de empresas trasnacionales. Por eso es interesante pensar las diferencias entre la lógica económica que rige la función empresarial y la estatal. Muchas veces estas lógicas son directamente incompatibles. Quizás en ningún ámbito esto se vea más claro que en el de la salud pública. Por eso vale la pena tener en cuenta lo que sobre el tema de las patentes farmacéuticas exponen Susana de Luque y Gabriela Bes en Las patentes y el derecho a una salud para todos, un artículo recientemente publicado en el blog Un Largo:
El tema de las patentes farmacéuticas es un asunto clave cuando se considera la salud y la calidad de vida de nuestra sociedad argentina. Está íntimamente relacionado con los precios de los medicamentos y por consiguiente, con los presupuestos de salud pública y privada y el acceso de la población a un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud. Las patentes farmacéuticas son parte de los denominados derechos de propiedad industrial y habilitan a sus poseedores -empresas farmacéuticas multinacionales- a explotar comercialmente los medicamentos que han resultado de sus procesos de investigación y desarrollo. El otorgamiento de una patente farmacéutica pretende reconocer, en términos económicos, la inversión realizada para la invención de medicamentos capaces de curar o mejorar las dolencias humanas. Las patentes son territoriales, es decir, que es una prerrogativa de los estados nacionales decidir a través de sus organismos correspondientes (I.N.P.I., Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en Argentina) si este derecho de propiedad industrial, se otorga o no. Para ello las oficinas de patentes deben evaluar tres variables: el nivel de innovación, de creatividad y de aplicación industrial que posee la invención que se pretende patentar. El reconocimiento de una patente implicará el derecho de explotar en forma monopólica durante un lapso aproximado de 20 años la producción y comercialización de las drogas o medicamentos patentados, proteger sus datos de prueba por 5 a 12 años y obtener una marca comercial con registro sanitario previo.
Como en cualquier mercado, las prácticas monopólicas conducen a distorsiones y arbitrariedades en los precios. Pero en el ámbito de la salud la situación se torna mucho más inequitativa y dislocada en la medida que cualquier individuo o familia está dispuesto a pagar lo que sea necesario con tal de resolver su dolencia. Es en este marco en el que las empresas definen sus precios de venta. Como resultado de esta situación, se establecen precios abusivos que generan ganancias y transferencias multimillonarias desde las arcas sociales públicas y privadas hacia las empresas farmacéuticas transnacionales. La falta de relación existente entre los costos de producción de un medicamento -incluyendo las inversiones en desarrollo e investigación- y los precios de venta deja ver una lógica mercantil extorsiva desleal que lucra con las posibilidades del bienestar de las poblaciones. Las patentes farmacéuticas y las prácticas monopólicas asociadas a su otorgamiento se constituyen, de este modo, en barreras que impiden el acceso al medicamento como bien social y con ello, se erigen como claros determinantes sociales de la salud. Si bien esta problemática es más dramática en los países de recursos medios y bajos que no disponen del conocimiento ni de la infraestructura necesaria para producir medicamentos, también es una realidad palpable en los países más ricos.
Por esta razón resulta imprescindible que el Estado adopte una posición activa en defensa de los intereses de la población. Si bien, por un lado está obligado por los acuerdos internacionales * a dar lugar a las solicitudes de patentes, por el otro, su responsabilidad principal es cuidar los recursos comunes y evitar los abusos de precios que provienen del ejercicio de una posición dominante en el mercado. (Para leer completo, clickear acá)
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