Una constatación: hoy en Argentina vivimos bajo un estado difuso de derecho. Es decir: la letra de las leyes se aplica cómo y cuándo les convenga a los poderes fácticos, que, como pocas veces en nuestra historia, reúnen en un pequeño sector social todos los resortes económicos, políticos, judiciales y mediáticos. Si una persona resulta molesta a los intereses de estos poderes fácticos, la letra de las leyes se aplicará implacablemente (por parte de jueces serviles a esos poderes) en su perjuicio: Milagro Sala es el ejemplo más notorio de ello, no el único. Los jueces serviles del poder fáctico, en cambio, se abstendrán de emprender la mínima investigación que pudiera vulnerar los intereses del poder al que sirven.
En este contexto se entiende la decisión del Juez Ercolini de procesar a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita, una figura jurídica de aplicación difusa: para ser imputado por ello no hacen falta pruebas de la comisión de delitos, sino que basta con postular la existencia de un grupo de personas "asociadas" con el fin de cometer delitos contra el orden público (independientemente de que el delito se cometa: basta con la intención que reúne a la presunta asociación); una asociación que se habría fundado para "poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional" o -según diversas interpretaciones que tratan sin demasiado éxito de disminuir la vaguedad de la tipificación del delito- de actuar "contra el orden público" o "la tranquilidad social". Una tal asociación delictiva, según esta figura penal, no necesita de un estatuto ni un pacto explícito: basta con que tres o más personas sostuvieran en el tiempo la intención tácita, inexpresada, no escrita ni declarada, para actuar de manera persistente contra el orden público. Tipo de imputación ideal cuando se carecen de pruebas y se quiere sostener la amenaza de encarcelar a una persona molesta para el poder. Casi una confesión de que no tienen pruebas. [Escuchen "Magnetto está marcando la agenda, él ganó las elecciones,¿no?" clickeando acá]
Art. 210 del Código Penal: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco (5) años de prisión o reclusión”.
Art. 210 bis. “Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que
tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna dos de las siguientes características;
a) Estar integrada por diez o más individuos;
b) Poseer una organización militar o de tipo militar,
c) Tener estructura celular;
d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;
e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;
f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de
seguridad;
g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;
h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
Es decir: se aplica la asociación ilícita cuando no se tienen pruebas objetivas de la comisión de delitos; lo que se penaliza es una intención subjetiva y grupal que no necesariamente se objetiva en actos ilegales. El bien jurídico que se presume lesionado es asímismo intangible: la paz social, el orden público. Vaguedad por todas partes: es el tipo de acusación más idónea que encuentran los regímenes autoritarios para perseguir opositores. Porque el carácter de la prueba queda librado a la arbitrariedad del juez. La ingeniería financiera de sociedades offshore que se construyen con el fin de evadir impuestos o lavar dinero puede no parecerle a un juez funcional al régimen una asociación ilícita, porque los beneficiarios de esa ingeniería reúnen hoy la suma del poder (económico, político, jurídico, mediático, etc.). La concatenación de presuntas irregularidades adminstrativas detectadas en diversas juridicciones en distintos momentos históricos y por distintas personas pueden ser interpretadas por el mismo juez servil como una persistente asociación que atenta "contra la paz social", si de esa manera se logra enlazar a la principal dirigente de la oposición. Esto es lo que hace hoy Ercolini contra Cristina y en favor del régimen macrista.
El momento elegido es óptimo: se ha consumido un cuarto del mandato macrista con indicadores económicos devastadores: recesión, inflación, caída del salario, endeudamiento masivo, desinversión, fuga de capitales. Resultados que decantan en la caída del primer ministro de Hacienda del régimen, que será sustituído por un columnista de la corporación mediática que tiene fuertes vínculos con el poder financiero internacional, que viene con el propósito declarado de pedir 25 mil millones de dólares al FMI y a reducir -a como dé lugar- el déficit fiscal que hizo crecer de manera exponencial el ministro saliente. Un cuarto del mandato consumido en la evidencia de que las promesas electorales no serán cumplidas (al menos las promesas hechas a los incautos que creyeron en la lluvia de inversiones, la pobreza cero, el "podemos vivir mejor", la "unión de los argentinos" y la "guerra al narcotráfico). Las promesas cumplidas con creces en este primer cuarto del mandato son las que las clases dominantes se hicieron a sí mismas de apropiarse de manera acelerada y sostenida de la riqueza producida por los trabajadores. El lado exitoso del plan (no el de los incautos que creyeron, sino el de los vivos que los engañaron) no podría haberse realizado sin la complicidad del establishment político y sindical, sin la venta a precio vil de gobernabilidad por parte de los dirigentes de organizaciones sociales que aceptaron hacerse cargo de la administración de la miseria en el marco de un plan que se propone multiplicar esa miseria.
Cuando el 25% del tiempo que el macrismo ganó el año pasado acaba de consumirse y el único plan que el gobierno propone es más ajuste y más deuda, entonces, tres días antes del fin del año y del comienzo de la feria judicial, un día después de la eyección del ministro encargado de hacer el "trabajo sucio" (según sus propias palabras), mientras los vecinos de Flores, en el corazón geográfico de la clase medio incauta que los votó, volvió a cantar el "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" en la toma de una comisaría, al convenserse de que el macrismo tampoco les va a solucionar el problema de la inseguridad (al contrario, se los va a agravar), mientras esa clase medio incauta que hace doce meses les regaló su confianza ahora comienza a repudiar la incapacidad de la ministra de seguridad, cuando el crédito de la campaña electoral y el verso de la pesada herencia terminó por evaporarse; entonces es de manual que el régimen necesitaba que un juez servil procese por asociación ilícita a la más fuerte dirigente opositora.
Feliz año nuevo.
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