A confesión de partes...

Sobre el ADN de los hermanos Noble Herrera

por Daniel Cholakian

Desde el viernes 17 de junio, día en que se hizo pública la decisión de no recurrir la sentencia del tribunal de casación y admitir la comparación del ADN de Marcela y Felipe con los datos de todas las familias registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una larga serie de conjeturas se desplegaron para explicar el repentino cambio de acción de ellos y su grupo. Más allá de los argumentos usados por ellos, que justificaban tal decisión en el cansancio moral por la “persecución” judicial, una duda generalizada ensombreció el momento en el que se alcanzaba aquello por lo que se luchó durante años.

Las respuestas al ¿por qué ahora? se concentraban en la idea de que los integrantes del grupo habrían obtenido información que les permitiría garantizarse el resultado. Y la información obtenida sería que la identidad de Marcela y Felipe no se corresponde con ninguna de las familias registradas en el BNDG. Las hipótesis sobre el modo en que habría llegado a esa certeza son diversas. Salvo marginalmente, nadie abonó teorías conspirativas, pero lo cierto es que no hay tantas vías para llegar a tal certeza. Una de las vías posibles es que la señora Herrera y sus allegados supieran los nombres de los padres de Marcela y Felipe y que pudieran constatar, a través de información que es pública o fácilmente asequible, que sus familiares no están tipificados en el BNDG. De ese modo, se asegurarían el resultado final del estudio. El problema se plantea cuando se analizan otras posibilidades para explicar que Herrera haya accedido a una información precisa. Cualquier otro modo de acceder a esta certeza supone la colaboración de alguien que tuviera información más compleja. Nadie se hubiera animado a afirmar – aunque sí a proponer como hipótesis– una operación de tal orden.

Sin embargo, en su edición del día 25 de junio de 2011, el diario Perfil –a esta altura un vocero oficioso del grupo Clarín– despliega dos notas sobre el caso de los hijos irregularmente adoptados por la señora Ernestina Herrera. Estas notas contienen afirmaciones que, leídas correctamente, permiten escalar en las conjeturas. La más interesante de ellas (leer aquí), abre una extraña puerta a una hipótesis que incluye el manejo de información de más difícil acceso. La nota explica el motivo de la abrupta decisión de los hijos adoptados de la señora Herrera. La misma está definitivamente basada en la certeza de que los perfiles de Marcela y Felipe no coincidirían con ninguno de los registrados en el BNDG. Pero lo sorprendente es que el modo en que se llegó a tal confirmación incluye el asesoramiento de la Dra. Ana María Di Lonardo. Es necesario aclarar que Di Lonardo fue directora del BNDG desde su inicio hasta que fue reemplazada en marzo de 2006. Luego del decreto que la apartaba del BNDG por haber llegado a la edad jubilatoria, ella inició una causa contra el estado en la que es patrocinada por Pablo Jacoby, socio del ex juez Cavallo.

Lo que abre puertas a nuestras conjeturas son las vagas afirmaciones desarrolladas en el artículo. En él se asegura que se contrastaron los perfiles de los jóvenes adoptados irregularmente con 60 familias. ¿Qué datos se cotejaron? ¿Para qué fue necesaria la colaboración de Ana María Di Lonardo? Si bien se afirma que “la investigación demandó el cotejo de las fechas de adopción de Marcela y Felipe con sesenta expedientes de familiares de desaparecidos” no parece que para este análisis -cotejar fechas de supuestos nacimientos de niños apropiados cuyas familias hubieran dejado su impronta en los registros del BNDG con las de Marcela y Felipe– se requiera del asesoramiento de la ex directora del banco. Parece poco probable que Ernestina  Herrera y sus allegados no pudieran acceder por sí mismos al listado público de familias registradas y le pidieran esa información a Di Lonardo, con el fin de realizar la comparación de nombres. No obstante, si Di Lonardo hubiera brindado su colaboración de este modo, sería éticamente cuestionable.

Una posibilidad –casi improbable- es que hayan cotejado las muestras de ADN de un grupo importante de familias potencialmente ligadas a los jóvenes con el ADN de ellos. Esto solo sería posible si estas familias se hubieran prestado a la extracción de sus muestras biológicas en forma privada a pedido de los asesores de Noble. Suena casi descabellado que 60 familias hayan brindado sus perfiles voluntariamente al Dr. Cavallo para ese cotejo. Aun cuando esto hubiera ocurrido, no sería necesario para ello la colaboración de la Dra. Di Lonardo. Los peritos de parte del grupo, la Dra. Primarosa de Chieri y el Sr. Alejandro Ruiz Trevisan, están sobradamente capacitados para la tarea. Sin embargo, -insistimos en proponer conjeturas a partir de la nota de Perfil-, se señala que Di Lonardo, ex directora del BNDG, fue contratada como asesora en el análisis de los casos que les permitieron asegurarse de que no habría perfiles compatibles con los Noble Herrera en el banco. ¿Qué motivó tal contratación? ¿Qué información o saber especial podría tener Di Lonardo que no tuvieran sus otros asesores en la materia?

En tren de trazar suposiciones que respondan a esa pregunta, podemos imaginar que ella conocía los datos precisos de los familiares que habían dejado sus muestras en el BNDG. Y que el juez Cavallo, tomando en cuenta la fecha de nacimiento certera o probable de Marcela y Felipe, realizó una búsqueda en todos los juzgados donde hay denuncias de niños apropiados. Y que, además, con la información de esas causas confeccionó una lista que incluiría a los posibles familiares de Marcela y Felipe. Lista que pudo haber sido cotejada con los datos que la Dra. Di Lonardo podría aportar acerca de familias incluídas en el BNDG, para buscar coincidencias. Si ningún grupo familiar está presente en ambas listas, puede asegurarse que no habría problemas en la entrega de muestras.

Sin embargo, es difícil aceptar que esta profesional -que por años sostuvo la tarea de identificar a niños apropiados durante la dictadura- colaborara de este modo, éticamente objetable, con el Dr. Cavallo. ¿Por qué, entonces, Perfil asegura que ella fue quien permitió alcanzar la certeza de que los familiares de estos jóvenes no habrían dejado sus muestras en el BNDG? De la respuesta a esta pregunta –que solo podemos responder con supuestos– depende el grado de aquella certeza. Porque aun creyendo que la Dra. Di Lonardo hubiera podido tener datos sobre esas familias en alguna computadora de su propiedad, los mismos solo abarcarían el período hasta el cual ella fue directora, cargo que debió declinar, como señalamos antes, en el año 2006. Por ello, cualquier base de datos que ella eventualmente dispusiera, estaría incompleta. Es cierto que luego de casi 20 años de labor al frente del instituto, las relaciones con sus miembros pueden ser fluidas, y que entonces podría haber algún acercamiento infiel, pero esta suposición es desmentida por infinidad de testimonios que descreen de la posibilidad de infidencias en relación con los datos resguardados por el BNDG.

Más allá de las conjeturas, el artículo da por cierta una idea clave: o bien la señora Herrera de Noble y sus  asesores saben con certeza, o bien tienen sospechas ciertas de que los jóvenes son hijos de desaparecidos. En caso contrario, no habrían realizado la investigación referida en la nota. No se habrían asegurado la incompatibilidad con las muestras almacenadas antes de prestarse al estudio voluntariamente. El problema para ellos es la puerta de futuro que queda abierta al dejar registrado el ADN de ambos jóvenes.

He aquí, entonces, el otro punto de la estrategia que no fue hecho explícito por Clarín ni por sus medios amigos, y que incluso se relató tergiversando la naturaleza de una decisión de la jueza Arroyo Salgado, como ocurre en el siguiente artículo del mismo diario (clickear aquí). En este artículo se narran las circunstancias por las que se habría demorado el procedimiento del pasado viernes 24 de Junio. Se habla de un modo erróneo sobre las impugnaciones que se hicieron sobre la perito de parte que acompañaba al Dr. Llonto, la Dra. Mariana Herrera. Pero lo trascendente es la última polémica que retrasó el procedimiento. Luego de haber entregado sus muestras, los abogados quisieron dejar sentado en actas, como proponían en el confuso escrito que presentaron al desistir de la apelación, que no dejarían que las muestras sean utilizadas para su comparación con futuras familias que pudieran presentarse. Esto, obviamente, reafirma lo intuido hasta ahora: saben que no están entre los familiares en el banco, pero también saben que pueden aparecer. Adujeron que, habiendo entregado las muestras voluntariamente, era legítimo poner esta condición.

¿Cómo interpretaron los medios amigos de Clarín lo que sucedió? De esta manera: “Otro cortocircuito se produjo cuando la jueza les dijo que, de acuerdo a lo que marca la Ley del BNDG en su artículo sexto, había que extraer muestras de células dactilares. La defensa se opuso. La insistencia llevó a que la jueza se apartara con los abogados de los Noble, incluyendo a Padilla Fox (de la defensa de Ernestina), para charlar en forma privada. Luego, con consenso de los peritos, determinaron que no era necesario que se sacara de manera compulsiva células dactilares porque con la sangre y la saliva ya era suficiente para obtener ADN” (…) "El tercer problema que se suscitó fue cuando Arroyo Salgado les comunicó a los abogados defensores que tenían que dejar las muestras en el BNDG aun si el resultado daba negativo. Eso frecuentemente se hace por si aparecen nuevos familiares de desaparecidos que van a dejar sus datos genéticos al BNDG, porque descubren después de mucho tiempo que podrían tener un nieto. Los letrados de la defensa primero se opusieron, pero luego brindaron su consentimiento". Dos problemas donde en realidad hubo uno. Cuando la defensa de los jóvenes exigía que en las actas constara que no se prestaban a dejar sus muestras para la comparación futura, la jueza dijo claramente que entonces dejaba de lado la extracción voluntaria y decidía, en ese mismo momento y por las facultades que le fueron conferidas por el tribunal de casación, realizar una toma compulsiva. Y que la misma se haría con un sistema de toma de huellas dactilares sobre un papel especial que permite que allí se depositen células epidérmicas, de las cuales se puede extraer ADN. Y como la toma definitiva sería compulsiva, ellos no tenían alternativas ni podían imponer condiciones. Es por ello que los abogados y los Noble Herrera se reunieron en un cuarto en solitario, y de esa reunión salió la aceptación de dejar las muestras que ya se habían tomado para el cotejo futuro *.

Lo cierto es que de la información que aporta Perfil y de datos concretos se puede interpretar:

1) La estrategia seguida en la causa responde a los asesores de la señora de Noble y a su propia convicción. La decisión de entregar voluntariamente muestras en el BNDG corresponde pura y exclusivamente al grupo empresarial y no a Marcela y Felipe.

2) Esta decisión está basada en la certeza de que las mismas no resultarán compatibles con ninguna de las actualmente registradas en el BNDG.

3) La asociación entre el ex juez Cavallo y la Dra. Ana María Di Lonardo ha resultado clave para que hayan podido arribar a tal conclusión.

4) La ostensible negativa original a que los perfiles de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera quedaran asentados en el BNDG para comparación en el futuro con nuevas familias que pudieran presentarse, hace sospechar que el grupo tiene certeza o intuición justificada de que los jóvenes bebes han sido apropiados.

Los que buscan la verdad saben que el camino es largo, sinuoso y complejo. Pero que no se puede ocultar esa verdad eternamente. O al menos no se puede mentir a todos todo el tiempo. Tras las maniobras de ocultamiento, se pueden advertir algunas luces.

Lo más increíble es que estas cuestiones no se transparentan por complejas investigaciones llevadas a cabo por periodistas enemigos del grupo o por la propia querella. Lo hace público un diario que en estos tiempos es casi un aliado del Grupo que dirige Herrera de Noble. Parece que Perfil contara la historia que Clarín quiere contar pero no cuenta. Casi, casi como decir: a confesión de partes…

* Según el acta labrada durante la toma de las muestras la jueza determinó hacer la toma dactilar pues es “la técnica de menor afectación e injerencia para las presuntas víctimas” “siendo esta información genética la única que garantizará la eventualidad prevista por el artículo 6, último párrafo, de la ley 26.548”. Este artículo señala que “La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro”. De este modo la Dra. Arroyo Salgado no utilizaría las muestras entregadas voluntariamente por Marcela y Felipe para cotejo futuro y realizaría una toma compulsiva por el método menos invasivo. Ante esta decisión de la magistrada, y en una reunión privada, los jóvenes aceptaron que las muestras ya aportadas se tuvieran en cuenta para dar conformidad al artículo citado.