jueves, 30 de noviembre de 2017

La gran marcha



A la historia a veces se le antojan cosas. Por ejemplo, ayer a la tarde en la Plaza Congreso hubo un inmenso acto de los trabajadores, quizás el más grande que no haya sido convocado por la CGT. El triunvigato quedó atrapado en su matriz burócrata, macartista, alejado de las bases trabajadoras para siempre. La enorme multitud fue convocada por un frente sindical en cuyo núcleo se encuentra la Corriente Sindical Federal (Bancarios, Gráficos, Aceiteros) a la que se agregan las CGT Regionales,  las dos CTAs, gremios docentes, los camioneros de Pablo Moyano, columnas de izquierda, organizaciones sociales como la CTEP y otros sindicatos más chicos cuya representación es detraída por el triunvigato.

Cientos de miles que desmienten que la mora de la CGT por convocar a un plan de lucha se deba a un estado de conciencia aletargado de los trabajadores. Durante los dos años de macri, la CGT nunca cumplió con el rol que la historia le asigna: ponerse al frente del movimiento obrero organizado.  En cambio, escribió su verdadera historia: defraudar, claudicar, arrugar, burlar a los suyos y postrarse a las clases dominantes. Como ayer dijo Micheli, la CGT convocó en septiembre a un acto en Plaza de Mayo en el que deseaba que fueran pocos trabajadores y en cambio la multitud fue desbordante, así que el único orador, el opaco Schmid, lo terminó antes de empezar. La actual conducción de la CGT sufre de un extraño pánico escénico. La última vez que el triunvigato se juntó en un palco en la calle fue humillado por las bases que los putearon por no poner la fecha de un paro general y le tiraron abajo el atril, en otra imagen a recordar por años. Daer, Acuña y Schmid fugaron despavoridos, por miedo a sus representados. Evidentemente están más cómodos en el despacho del ministro Triacca, el liquidador de los derechos laborales, uno de los personajes más sinestros del actual régimen, pródigo en personajes siniestros.

Entonces la historia puede contarse desde dos puntos de vista: desde los que no fueron, los gordos burócratas atornillados a sus sillones desde hace décadas, lejos de sus bases y preocupados, como justifica el bloguero de la ortodoxia peronista Abel Fernández, por preservar sus organizaciones (no a sus representados).

Pero es mezquino contar la historia desde el punto de vista de los que ayer no fueron, aunque no deje de ser un dato de masiva gravitación para el futuro de los trabajadores. De hecho, si la conducción hubiera ido, quizás habría sentado las bases políticas para que a la noche el senado viejo, orquestado por Peceto, no pudiera darle media sanción a la infame ley que condena a la miseria a millones de jubilados. Ese es el precio de su ausencia.



Pero la clase trabajadora demostró que era falso que su estado de conciencia aún no da para convocar un plan de lucha contra el ajuste y la represión. El pueblo está disponible: los líderes convocantes ayer se legitimaron en la lucha y los ausentes se quedaron afuera por sus propias imposibilidades.

Por este motivo, esta Plaza es histórica, por su calidad y su cantidad. Estos miles son una parte de muchos otros que el régimen quiere dejar afuera. Con ver los medios de comunicación, preocupados por el suicidio de una modelo o por el no acontecimiento del no hallazgo del submarino extraviado, uno podía advertir cuáles son los sectores sociales que el actual régimen quiere excluir. No precisamente a los kirchneristas, no necesariamente a los mapuches, aunque el régimen sea capaz de exterminar a los mapuches y proscribir al kirchnerismo, lo que tiene que dejar afuera macri es el pueblo que ayer fue a la Plaza.



Bendita historia: unas horas después Peceto dejó dicho para los años que "nos toca la ingrata tarea de acompañar estos acuerdos porque creemos que los pactos deben cumplirse". ¿Qué pactos deben cumplirse, Peceto? ¿Cómo llegaste a esa banca? Claro que es ingrata tu tarea: no hay dios que te rescate de tu infierno y el de tu elenco de traidores del mandato popular que los puso en sus bancas. Ya te queda poco y lo estás despilfarrando mal, vas a ser recordado como uno de los gestores de la opresión: facho, desleal, corrupto, cretino, detrito de los políticos profesionales. La historia no te va a absolver nunca. Está bien que te haya tocado tu tarea ingrata el día en que se congregó ese montón tan cerca tuyo y tan lejos de vos. Aportaste como pocos a disipar el equívoco pelotudo y estéril del panperonismo. Mientras vos estés al comando del colaboracional-peronismo, queda expuesta la fractura de la imposibilidad de una unidad indeseable. No hay manera de juntarse con vos y tus secuaces, Peceto, en nombre de un peronismo fantasmal y paródico. La unidad se dio en la calle y con vos no cuenta. Ayer cerraste la puerta y tiraste la llave. Le regalaste la vida de los jubilados al régimen gorila y asesino de macri. Qué bien, Peceto, nos ahorraste tantos caracteres para explicar que la unidad no puede pasar ni va a pasar ya nunca más por el panperonismo. Tampoco por el antiperonismo para el que vos trabajás. Hay una unidad forjándose, esa unidad es necesaria y es inevitable: es la unidad del pueblo que te deja en la esquina para siempre, narigón del siglo.




Morales Solá en La Nación cuenta esta historia de modo jocoso: dice que el acto de ayer es la fractura del peronismo, porque durante todos estos meses trató de construir un objeto discursivo llamado peronismo deskirchnerizado, al igual que los massistas y otros apanameñados a la ilusión de una unidad peronista consistente. De un lado y de otro, de la ultraderecha neoliberal a la derecha colaboracional-peronista estuvieron pujando por deskirchnerizar la época. La marcha de ayer  no fue kirchnerista, pero supone al kirchnerismo como pre-condición. El pueblo sale a defender lo que ganó en estos doce años, lo saben de sobra todos y quisieran escribirlo de otra manera, pónganle el nombre que quieran pero es así. El peronismo deskirchnerizado es la mueca dura de Peceto cuando ve entrar a Cristina senadora. La historia es caprichosa y quiso que la marcha se hiciera el día en que Cristina juró como senadora. Va a conducir un bloque minoritario en el senado en el que por menos de dos años todavía campeará Peceto. Pero Cristina es la que va a abrir la ventana de esa cámara para que entre el aire de la calle, lo que macri quiere dejar afuera. Basta comparar la sonrisa confiada de Cristina con el gesto del tipo amargado por su propia hiel, miren la foto. Él sabe que su legitimidad mengua en proporción directa a la fuerza de la voz de Cristina en el Congreso. Cristina convocó a sus militantes a sumarse a la marcha de los trabajadores, la más grande que se haya hecho sin la convocatoria de la conducción cegetista. La historia tiene caprichos.

La historia quiere que más o menos a la misma hora sean condenados a perpetua los genocidas de la ESMA, cuarenta años después de los vuelos de la muerte, ayer los malditos voladores fueron condenados. La historia tiene caprichos: condena a los genocidas de hace 40 años mientras el jefe de estado apaña a los asesinos de Santiago Maldonado y Rafita Nahuel. El terror de estado está volviendo: "Hay que volver a la época en que cuando la policía daba la voz de alto había que entregarse" dice el jefe de estado, habilitando todos los asesinatos que a la cana se le canten. La derecha hace política con la muerte, siempre Es lo que José Natanson llama una derecha moderna. A veces la historia es fea, pero siempre veraz. Verás.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

La reforma previsional que responde a las demandas del FMI hará perder a los jubilados casi un mes entero de sus haberes en un lapso de dos años

Estafa descomunal a los jubilados: se presenta como una mejora lo que resultará su empobrecimiento (aún con la "mejora" del cenador Peceto) con el fin de disminuir el déficit fiscal autoprovocado 





Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, entre las reformas estructurales que se propone imponer el régimen macrista, algunas con el apoyo de la conducción oficial de la CGT y con el aliento de los organismos financieros internacionales y las clases dominantes de la Argentina, puede ser que la reforma previsional sea la más peligrosa. Esto es así por su amenaza al bienestar de las generaciones actuales y futuras. El debate del Proyecto de Ley presentado en estos días por el macrismo es nada más que un anticipo de la reforma integral que el Ejecutivo pretende imponer en 2019, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión conformada  bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. 

En esa transición a la reforma total del régimen se pavimenta el terreno a partir de un conjunto de cambios técnicos que disminuyen el peso del sistema previsional sobre los fondos públicos. Como contrapartida, este retiro del estado del sistema previsional atenta contra los beneficios a otorgar. La prenda de cambio para negociar la baja de las jubilaciones es el compromiso de que los fondos ahorrados en el sistema previsional compensarían lo que las cuentas provinciales perderán por la reforma tributaria y el pacto fiscal. La baja de los subsidios a los servicios y del gasto social (principalmente sobre seguridad social) se propone cerrar el círculo de 2018 en materia fiscal. Sin ajuste en estos rubros, el cumplimiento del objetivo de déficit primario del 3,2% es imposible. La decisión del Ejecutivo de seguir esta dirección, no surge de una lectura introspectiva sobre los limitantes de nuestro sistema. No es más que una réplica exacta de las prescripciones dictadas por el FMI hacia nuestro país en su informe anual.

¿Cuáles son los puntos clave de la reforma previsional que impula el gobierno? ¿Qué consecuencias económicas tiene el cambio en la fórmula de movilidad en el aumento de las jubilaciones?:

Urgido por los desequilibrios macroeconómicos y las exigencias de los organismos internacionales, el gobierno presentó estos proyectos de reforma impositiva y previsional para ser aprobados en el Congreso. En materia jubilatoria, el objetivo central del proyecto es la modificación de la Ley 26.417 sancionada en 2008, por la cual se calcula aún hoy el aumento de las jubilaciones. Antes de la ley hoy vigente, las jubilaciones aumentaban discrecionalmente a voluntad del Ejecutivo. A partir de marzo de 2009, los jubilados tienen dos aumentos anuales (marzo y septiembre) que se indexan mediante una fórmula que considera variables de relevancia como los recursos de la ANSES y la variación salarial de los empleados registrados. Con el cambio propuesto por el macrismo, las jubilaciones se ajustarían trimestralmente a partir de un índice ponderado, compuesto por un 70% de la inflación calculada por el INDEC y (según la modificación propuesta por el senador oficialista Miguel Peceto) un 30% del índice de salarios registrados RIPTE. La presentación del proyecto fue justificada por el macrismo con la excusa de la sustentabilidad, argumentando que el sistema previsional argentino se encuentra “virtualmente” quebrado. El oficialismo alega que la suma de los aportes de los trabajadores activos no son suficientes para seguir pagando las jubilaciones actuales y menos todavía la proyección a futuro.

Pero estos argumentos eluden un fondo más complejo. Los fondos para financiar el sistema previsional no solo se nutren de los aportes de los trabajadores activos, por lo que la abundancia o escasez de recursos escapa a la lógica de funcionamiento de la ANSES. De hecho, hoy este organismo recibe alrededor de un 40% de sus fondos de recursos tributarios (principalmente impuestos a las ganancias e IVA). El macrismo se urgido a discutir la sustentabilidad del sistema previsional a causa del altísimo déficit fiscal autoprovocado por la eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícolas o el desorbitado incremento en los pagos de servicios de la deuda en los últimos dos años. Si se hubieran tomado otras medidas financieras, tributarias y económicas, las condiciones presupuestarias serían distintas y se podría seguirr pagando las jubilaciones con la fórmula actual.

Los cambios buscados significarán un ahorro para el Estado y un recorte de los ingresos de los jubilados. Las cifras del ahorro varían entre los 100.000 y 150.000 millones de pesos al año (habría que ver la evolución de la recaudación y de la inflación futura). Sin embargo, el anuncio se presentó engañosamente como una forma de preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ya que éstas se ajustan –al menos en parte- por la inflación. Pero se debe considerar que los jubilados y pensionados tienen una estructura de gasto mensual muy distinta al de la etapa de edad activa. Diversos estudios establecen que la canasta de consumo de un jubilado tuvo un incremento mayor que el IPC. Por lo tanto, atar las jubilaciones al IPC no garantiza la mantención del poder adquisitivo de los haberes, sino todo lo contrario: ocasionan un notable perjuicio para los jubilados.

El último aumento, en septiembre del corriente año, fue de 13,3%. Con la nueva fórmula, la jubilación alcanzaría los $7.660, es decir una suba de $414 o de 5,7%. Se trata de un cálculo que perjudica a los jubilados porque, en la práctica, la indexación se realiza con un desfasaje temporal hacia atrás. Si bien se implementaría a partir de marzo de 2018, para el incremento se tendría en cuenta la evolución del IPC de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Es decir, los jubilados perderían varios meses de indexación y recibirían esa compensación por la inflación con medio año de retraso. En cambio, teniendo en cuenta la fórmula aún vigente, el aumento calculado estaría en torno a 13,2%.

Por lo expuesto, después de años donde los jubilados tuvieron notorias mejoras en términos de poder adquisitivo, las nuevas condiciones imperantes (en materia legislativa, política y económica) marcan un nuevo retroceso.

DE DÓNDE VIENE EL SISTEMA

El paradigma que se sostuvo en el período 2003-2015 tenía una visión signada por la valoración del Estado de Bienestar, comprendiendo que la mejora sistemática de las jubilaciones era una de las piezas más importantes para la construcción de una economía sólida, con un mercado interno pujante gracias a la existencia de más argentinos incorporados al consumo. Así y todo, el escenario inicial en materia previsional era sumamente complejo. Basta recordar que la jubilación mínima de aquel entonces era de $200. Esa suma era percibida sólo por los que habían cumplido los requisitos para jubilarse, ya que aproximadamente un tercio de los jubilados no tenían protección efectiva alguna por parte del Estado a pesar de su entorno de vulnerabilidad.

Las decisiones del anterior Gobierno para subsanar esta situación se pueden agrupar en tres grandes conjuntos:

 Una primera etapa, desde el 2003 hasta el 2007 se basó en el sustancial aumento en las jubilaciones mínimas. Dado el gran desfasaje causado por el congelamiento que sufrieron en la década de los ’90, era urgente resolver la situación de quienes menos percibían y quedaban relegados por debajo de la línea de la pobreza. Así, en los 5 años transcurridos, la jubilación mínima de $200 subió un 198,2%, un porcentaje muy superior al 56% de alza de precios verificado en esel período.

 En segundo lugar, se amplió la cobertura previsional. Esto se alcanzó por medio de las dos moratorias jubilatorias implementadas en los años 2005 y 2014. El porcentaje de adultos mayores que pudieron gozar de su derecho creció enormemente, alcanzando una virtual universalización del beneficio superior al 97% hacia fines del año pasado. En la moratoria de 2005 se incorporaron casi 2,7 millones de jubilados, lo cual llevó la cobertura desde el 66,1% hasta el 93,8%. En la de 2014 se sumaron más de medio millón de adultos mayores. Aproximadamente el 70% de quienes se acoplaron a las moratorias fueron mujeres, lo cual permite equilibrar la composición de género de la masa total de jubilados, que históricamente había mantenido una asimetría marcada.

 El tercer gran conjunto de mejoras se encuadra bajo la denominada Ley de Movilidad Previsional, N° 26.417,  de octubre de 2008. Por medio de ella, se fijó un criterio objetivo de subas bianuales (en marzo y septiembre) para recomponer periódicamentelas jubilaciones, evitando las disparidades que se producían con los que no ganaban la jubilación mínima. El resultado de esta Ley fortaleció la verdadera reparación histórica ocurrida en los últimos doce años: a lo largo de los catorce aumentos semestrales otorgados se logró incrementar los haberes en un 523%, muy por encima de cualquier índice de inflación (por ejemplo, la consultora de Bein computa un 370% de avance de precios en igual período). Además, la decisión política de la fórmula por la cual se determina el incremento de cada semestre no fue neutral. Se incorporó tanto la variación de los salarios como los ingresos tributarios totales y la recaudación del sistema previsional. Esto permitió evolucionar las jubilaciones muy por encima de otras formas de cálculo de la movilidad que se proponían en el momento en el que se sancionó la Ley. Por ejemplo, si para el período que va entre 2009 y 2015 se hubiera aplicado el índice RIPTE (índice del proyecto de Ley del macrismo-pecetismo) en vez de la movilidad previsional, las jubilaciones hubieras crecido 510% en lugar de 523%. Por otro lado, si se hubiera computado en relación al índice de salarios (como se exigió en el caso Badaro), la mejora lograda hubiera sido tan sólo del orden del 443%.

El lugar que ocupó la seguridad social y la jerarquización del sistema previsional fueron los grandes pilares del proceso económico 2003-2015. Partiendo de una situación acuciante del poder adquisitivo de las jubilaciones, se logró no sólo la mejora sistemática de sus ingresos, priorizando primordialmente a los que menos percibían, sino también garantizar a todos los adultos mayores un piso de protección infranqueable. Además, la mejora periódica de las jubilaciones en función a parámetros objetivos, eliminó la discrecionalidad e impidió por Ley que eventuales cambios en el plano político afectasen los derechos de los jubilados.

- Acerca del Fondo de Garantía de Susutentabilidad

A mitad de 2007, el Ejecutivo promulgó el decreto 897/2007 que creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el objetivo de que fuera un fondo de estabilización ante eventuales desbalances e insuficiencias de los recursos del régimen previsional público. Esta medida fue el antecedente directo de la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que unificaba las funciones del viejo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, consolidando los beneficios bajo un sistema público de reparto. En términos concretos, se terminó así el régimen mixto, dando eliminando el negocio de las AFPJ que habían registrado ganancias por encima de los U$S 90.000 millones en 14 años de vigencia, a partir del cobro de comisiones usuarias en torno al 40% de los ahorros aportados por los trabajadores activos.

La creación del SIPA, implicó moverse a un sistema de solidaridad intergeneracional en el cual los activos de un determinado período financian las jubilaciones de los trabajadores retirados de ese momento, con la ventaja de que la Anses no percibe ninguna comisión por la administración de los fondos, lo que implica cuantiosos ahorros en favor del sistema previsional.

Con esto, el FGS ha sido una herramienta poderosa para garantizar la solvencia del sistema y fomentar el desarrollo económico. Esto no es menor ya que, a diferencia del sistema de ahorro individual, en el régimen de reparto no hay correlación exacta entre los fondos recaudados en materia de aportes y contribuciones a la seguridad social con respecto a los pagos realizados. Entender este desacople entre ambos conceptos es fundamental a la hora de desmitificar algunas falacias que se suelen plantear cuando se instala el cliché del “despilfarro de los ahorros de los jubilados”. Así como las erogaciones de la Anses exceden los pagos a jubilados, pensionados y demás beneficios previsionales, también los recursos del organismo administrador de la seguridad social son mayores a los meros aportes de los trabajadores activos. Para tener una dimensión de la magnitud del financiamiento de la sociedad toda al Anses, hay que recordar que el FGS también se conforma a partir del 20% del impuesto a las ganancias, el 11% del IVA, el 21% de los impuestos a los combustibles líquidos, el 100% del impuesto a los cigarrillos y a los automotores, entre otros.

Dicho esto, se valoriza la importancia del FGS como un fondo anticíclico que permite atenuar fluctuaciones del sistema de seguridad social y dotarlo de robustez ante movimientos nocivos en las variables macroeconómicas. Una administración responsable de estos recursos, aplicando las mejores prácticas de gestión de activos financieros, es fundamental para garantizar la solvencia del sistema. El resultado alcanzado bajo la administración de Cristina Kirchner fue altamente positivo. En los 7 años de tutela de los recursos del fondo, los mismos crecieron en un 561,4% al pasar de de $100 mil millones en su constitución inicial de diciembre de 2008 a superar los $664 mil millones de finales del año pasado. Este porcentaje es muy superior a la inflación registrada en igual período, que trepó al 446,5% (siempre siguiendo a la consultora de Bein). 

La gestión de los activos del FGS creció exponencialmente a lo largo de los años. Además, en cinco de los siete años la inversión de estos fondos superó el nivel de inflación registrada, incluyendo el último año, donde presentó un avance del orden del 40%. Cabe destacar que, para el fortalecimiento del FGS, el Estado Nacional le cursó transferencias de capital en 6 de los 7años de vigencia, un total de más de $18.000 millones.

HACIA DÓNDE VA EL SISTEMA

Una cuestión que se deriva directamente de las modificaciones que plantea la nueva ley es el menor incremento que tendrán en marzo próximo los haberes y todos aquellos ingresos de la Seguridad Social que hasta hoy se actualizan en base a la Ley de Movilidad. La nueva Ley plantea el cambio de la fórmula vigente y una actualización en base a la evolución de la inflación general (a partir del IPCNU que publica el Indec) y la evolución de los salarios (aproximada por la variación del Índice Ripte publicado por el Ministerio de Trabajo). La fórmula anterior, en cambio, ajustaba en base a un promedio entre la recaudación tributaria del SIPA y la variación de los salarios (mediante la variación del Índice de Salarios del Indec o del Índice Ripte, la que resultara mayor de los dos). Ahora no solo se cambian perjudicialmente las variables sobre las cuales se sustentan las actualizaciones de la Seguridad Social, sino que además se cambian los meses sobre los cuales se calcula el ajuste. La fórmula vigente ajustaría en marzo próximo en función de la variación acumulada de los ingresos tributarios del SIPA y de la variación de los salarios del período julio 2017-diciembre 2017. La nueva fórmula ajusta, en cambio, en base a la variación acumulada (promedio) del Ripte y de la inflación del período julio-septiembre de 2017. Esto implica que los haberes y otros ingresos de la Seguridad Social se pasarían a actualizar teniendo en cuenta un período de referencia de 3 meses, cuando la fórmula vigente comprende un período de referencia de 6 meses. Incluso, comparando la fórmula original que ajustaba el 100% de los haberes respecto al IPC, el escenario puede ser aún más perjudicial. Esto se debe a que cuando se analiza la evolución del RIPTE en los dos últimos años, este creció en menor medida que un índice representativo de la inflación, como es el IPC Caba1.

En términos de porcentajes de ajuste, la nueva fórmula ya tiene un número preciso de referencia. En el período julio-septiembre del corriente año la inflación del IPCNU denotó una suba de 5,1%. Por su parte, el Índice Ripte tuvo un incremento en el mismo período de 7,1%. Si se tiene en cuenta que la nueva fórmula se ajusta en un 70% de acuerdo a la variación del IPC y de 30% de acuerdo al Ripte, se obtendría, de aprobarse este proyecto regresivo, un ajuste final para marzo de 5,7%.

En tanto, la fórmula hoy vigente comprende un aumento estimado muy superior. Respecto de las variaciones proyectadas de los recursos tributarios del SIPA y del Índice de Salarios que publica el Indec hasta diciembre de este año se tiene una variación estimada de 13,2%. 

Los haberes jubilatorios mínimos tendrán una pérdida aproximada de 543 pesos, las pensiones universales para el adulto mayor (PUAM) perderán 434 pesos, la Asignación Universal por Hijo unos 106 pesos. Es importante destacar que este recorte en los ingresos de los beneficiarios de la Seguridad Social se produce en un contexto muy complejo, caracterizado por el retroceso en el poder de compra que se produjo en los últimos meses en los distintos ingresos que se desprenden del sistema previsional argentino.

Cuando se acumulan los montos totales que resignarán los jubilados por el cambio de fórmula en los dos últimos años, se encuentran resultados significativos. Si se proyecta el ajuste de la nueva fórmula a partir de una inflación proyectada según relevamiento de expectativas de mercado BCRA (16% para 2018 y 11% para 2019), resultará una significativa baja de haberes mensuales. En números, la merma acumulada supera los $8.600, lo cual representa un 98% de un haber mínimo promedio, para igual período. Dicho de otra forma, en caso de que cambie la Ley de Movilidad por la nueva fórmula de ajuste por inflación y salarios del sector registrado, los jubilados perderían casi un mes entero de sus haberes jubilatorios, en un lapso de dos años.

Todo esto, es un subproducto de la necesidad del Poder Ejecutivo de equilibrar las cuentas públicas para evitar que se dispare en 2018 el déficit fiscal. Tanto la reforma tributaria como el pacto fiscal con las provincias será oneroso para las arcas públicas. Por ende, la transferencia neta negativa sobre jubilados, pensionados y demás perceptores de programas sociales serán la variable de ajuste en el año venidero. 

martes, 28 de noviembre de 2017

Bordeando

(Perla Kot, 2017)
Visuales XCVI


por Liliana Piñeiro


Acá estoy. Pero ya no. La fugacidad es mi condición. Una flecha que va desde el antes al después, hacia un blanco desconocido.

Coser el espacio, descoser el tiempo. Puntada a puntada las imágenes, los recuerdos, los amores.

Bordeando, me abandono al avance incontrolable.

Como un mar.

lunes, 27 de noviembre de 2017

"Rafael Nahuel fue fusilado y macri se está transformando en La Fusiladora" (Juan Marino)

Rafael Nahuel, fusilado por la Prefectura de macri y bullrich

Juan Marino en La otra.-radio, para escuchar clickeando acá 

Anoche vino Juan Marino a La otra en Radio Gráfica. Dirigente nacional del Partido Piquetero, Juan tiene una trayectoria política interesante: hace unos años fue presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini (y todavía sigue ligado al Pelle, ya que su agrupación, Frente de Egresados en Lucha acaba de ganar las elecciones de graduados del colegio). Cuando presidía el centro de estudiantes todavía formaba parte del Partido Obrero. Ya desde ese entonces Juan apareció en los medios en contextos muy hostiles y siempre se desenvolvió con soltura e inteligencia. Esa capacidad de comunicar en campo visitante, contra toda una turba de gorilas (Intratables) o de a uno (Eduardo Feinmann) y salir bien parado fue lo que me atrajo cuando lo vi en youtube. Ustedes lo pueden buscar.


Durante el programa, uno de los miles de espectadores que se conectaron a través de facebook live (desde Suecia, desde Montreal, desde Cabo Polonio, desde Asunción del Paraguay, Córdoba, Jujuy, Lanús, Necochea, Caballito, Mendoza, Viedma...) le preguntó a Juan si era peronista. "Le contesto que soy trosquista de liberación nacional -dice Marino-. Somos los troquistas que luchamos contra el imperialismo y sobre esa base planteamos la necesidad de un frente con el peronismo antiimperialista, con el peronsimo que lucha contra macri, porque caracterizamos que este es un gobierno que es la representación directa del capital financiero, y que tenemos que unir fuerzas entre peronistas, trosquistas, comunistas, socialistas, que estemos contra el imperialismo y contra macri".


En una parte que no quedó grabada en la trasmisión de Facebook Live que tienen acá abajo pero sí está en la versión completa de audio que pueden descargar acá, Juan, al comienzo del programa, nos dijo: "La muerte de Rafael Nahuel en la zona de Villa Mascardi es un fusilamiento. Creo que eso es lo más importante que tiene que quedar en claro. Porque a partir de entender que es un fusilamiento, que la Prefectura decidió ir a buscarlos para fusilarlos, fusilaron al compañero y hubo otros dos heridos de balas de plomo, y quizás más, es importante decir que fusilan mapuches como un acto de terrorismo de estado, que fusilan a un compañero para aterrorizar a miles, no solamente en la Patagonia sino en todo el país, que esto es responsabilidad del gobierno de macri y de patricia bullrich y por eso la respuesta que corresponde ante el fusilamiento es decir: 'Fuera macri y bullrich'. Porque nosotros no podemos aceptar que se naturalice la existencia de un régimen como el de la Fusiladora en nuestro país. Hoy macri se está transformando efectivamente en La Fusiladora. Estan fusilando compañeros y no se trata de un conflicto regional en la Patagonia".

Rafael Nahuel no era terrorista, no tenia 27 años ni usaba armas. 
Tenía 22, era carpintero y participaba del Colectivo Al Margen. Lo mataron por la espalda.

"No se trata de un enfrentamiento particular entre los mapuches y las fuerzas de seguridad de la zona, sino que la ejecución del compañero Nahuel tiene que ver con la idea del macrismo de militarizar el país entero y de utilizar a las fuerzas armadas como fuerzas de represión interna, transformando a Argentina en Colombia. Nosotros entendemos que esto amerita una respuesta política contundente de toda la oposición política. Hoy la oposición no está a la altura. Del lado del Frente de Izquierda se lo caracteriza como un crimen de estado más, producto del conflicto entre los mapuches y Benetton y Chevron, que existe, pero lo excede. Y de parte del kirchnerismo también. No se llega a visualizar el hecho de que macri es una dictadura. Y para nosotros es importante dejarlo en claro. macri es dictadura. Y para nosotros es importante dejarlo en claro".

Acá pueden ver (por primera vez) gran parte del programa de anoche, que Marino trasmitió en su facebook en tiempo real. Incluso siguió trasmitiendo mientras hacíamos los cortes publicitarios.



La ciudad liberada

por Fito Páez (2017)

En Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires
existe un refugio para la gente que no tiene a nadie
vivir y morir en la calle
allí siempre fui feliz
vivir y morir en la calle
qué delirio sin ti
estás en el Club Calavera
en el Refugio Monteagudo
te abrazan con el corazón.

Fui a cantar una noche con el piano
y un cartel escrito con dolor decía
que la calle no es un buen lugar para vivir
mucho menos para morir.

Transmiteló, transmiteló...

La belleza en la calle...
Pelear, pelear, es una guerra
pelear contra los nazis y los fachos de mierda
nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada
tu deseo es mi arma.

Quiero vivir en la ciudad liberada
vivir y amar en la ciudad liberada
vivir y amar, que no nos importe nada
en la ciudad
liberada.

Mis hermanos no la pasan bien
están buscando un lugar
una casa en donde poder vivir
vivir real, de verdad
un techo donde rezarle a Dios y tomar algo de sol
duele tanto un plato de comida
el hambre vive en el estómago
vivir y morir en la calle...

Amá, amá, quién te frena
amar el sol, el cielo, el vino y la primavera
amándonos salvajemente bajo esta estrella
que nos quema...

Quiero vivir en la ciudad liberada
donde el amor explote en todas las casas
Quiero vivir en la ciudad liberada
la ciudad
liberada.

Quiero vivir en la ciudad liberada
donde a los pibes no les metan más balas
una ciudad de sexo desenfrenada
la ciudad
liberada.



Este es el tema que le da el nombre al disco de Fito Páez que acaba de salir, el mejor que haya grabado en años, concebido desde las entrañas, con ese mix de ternura y violencia que él ha sabido alcanzar en sus momentos más inspirados, en la mejor tradición del rock argentino, político y existencial, también bebiendo en su propia tradición: "Ciudad de pobres corazones", "La ciudad de los pibes sin calma", "El diablo en tu corazón" y todas las canciones que les cantó a las ciudades. Fito con este disco muestra ser quien, en la primera línea del rock local, mejor sintoniza con la violencia, la desesperación y la fuerza vital de esta época terrible del país. Ojalá este disco sea la obra precursora de otras que nos están haciendo falta. En el programa de anoche, junto a Juan Marino escuchamos varios temas del disco que tendremos muy en cuenta cuando haya que elegir lo mejor del año.

domingo, 26 de noviembre de 2017

La nueva cacería del mapuche en el sur argentino es el signo de que el macrismo decidió hacer escalar la violencia racista y abolir el estado de derecho

 



Ayer, mientras transcurría el funeral de Santiago, en Bariloche se vivió otra jornada de violenta represión estatal. La Prefectura asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Mascardi. La bala disparada por agentes de Prefectura que mató a Nahuel ingresó por un glúteo y salió por el torax. Es decir: el muchacho fue asesinado de espaldas. Los medios oficiales, con una resonancia siniestra de las épocas del terror de estado, hablan de otro muerto "en un enfrentamiento".

ATE de El Bolsón informó que luego de la brutal represión y el asesinato de Nahuel, fue detenido por la Gendarmería el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Andina Sur (El Bolsón), Javier Milani, y su esposa la trabajadora estatal Florencia Placidi, desconociéndose hasta el momento en que comisaria o centro de detención fueron alojados.

La cacería, por lo visto, no se limita a perseguir a integrantes de la comunidad mapuche sino a instalar en la zona un estado represivo que anule las garantías constitucionales y permita desatar la persecución de fuerzas opositoras. Como ya se hizo en enero de 2016 en Jujuy, el estado de derecho se va cayendo a pedazos en diversos puntos del territorio argentino.

"Luego del fusilamiento de un manifestante, la violación de los Derechos Humanos no encuentra límites en nuestra provincia en este momento. Están deteniendo a todos los militantes sin motivo alguno, incluido nuestro Secretario General de la Seccional El Bolsón y su familia. Tenemos otro dirigente desaparecido en los montes. Vamos a viajar de inmediato al lugar y lanzar medidas de fuerza en todo el Estado", indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma de Río Negro.

En realidad, los testigos del asesinato de Rafael Nahuel detenidos son dos: Los jóvenes Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro Gonzalez están detenidos e incomunicados por orden del juez Gustavo Villanueva en la delegación de la PSA de Bariloche. Es imprescindible visibilizar esta situación ya que en la noche de ayer el Juez Villanueva negó la detención y manifestó que no había ningún detenido. No se sabe en carácter de qué se encuentran privados de su libertad.

La zona está militarizada, llena de retenes de gendarmería y policías.

¿A partir de cuántos muertos y secuestros el patrón asesino del estado se torna sistemático?

Después de conocidos los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, en los mismos días en los que sus restos mortales son velados y sepultados en 25 de Mayo, mientras la prensa oficialista pretende dar por cerrada la investigación de su muerte en medio de la violenta represión de Gendarmería en agosto instalando que Santiago simplemente "se ahogó", desconociendo que la muerte ocurrió en el contexto de un operativo de represión ilegal, se produce esta nueva escalada de violencia en el sur argentino. 

No creo que sea casual: el régimen elige así reafirmar la política represiva que empujó a la muerte de Santiago. Es su manera de "celebrar" la autopsia y reforzar la persecución racista. Como durante el terrorismo estatal de los 70, la prensa del régimen hace pasar estos asesinatos como "enfrentamientos", acentuando las continuidades de las políitcas represivas y la decisión de hacer escalar el conflicto. La fuerza política que ganó las elecciones con el slogan "unir a los Argentinos" parece haber definido su "otro" a extirpar del cuerpo social: los mapuches, cuya persecución racial se agudizó de modo alarmante en los últimos meses.

Como dice el informe del CELS respecto de las conclusiones provisorias en la investigación por la muerte de Maldonado:

"El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acción directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

"En 2016, el gobierno nacional promovió este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese año, Gendarmería Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificación y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la policía provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

"El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y Río Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les ordenó utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un día antes del operativo que desembocó en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declaró a Radio Nacional Esquel que los mapuches querían “generar caos y desorden y temor en la población” y que tendrían relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotráfico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cuál es la actividad terrorista concreta".

Parece claro entonces que hay una decisión estatal de optar por la vía violenta en la resolución de un conflicto ancestral que el estado argentino debería resolver de modo pacífico y político. En cambio, con el apoyo sistemático de la prensa oficialista, se intenta reinstalar le hipótesis de la "amenaza interior" que justifique un estado represivo que sea consentido por una parte de la población. Extraño este fomento del "nacionalismo" antimapuche por parte de un gobierno entreguista de la soberanía política y la independencia económica en favor de las potencias trasnacionales.

Ayer, una testigo del clima que se vive en la zona del conflicto relataba su experiencia persona:

"Recién llego del Hospital de Bariloche, desde las 5 de la tarde estamos acompañando a mujeres mapuche con sus chicos y miembros de distintas comunidades que quieren saber quién de los suyos fue asesinado o herido en la represión -cacería en el Lago Mascardi. Hace 5 horas que nadie les informa nada. Las mujeres corren atrás de las ambulancias que llegan a la guardia para saber si traen a sus heridos. Abogadas defensoras de derechos humanos interpusieron Habeas Corpus preventivo. La Cámara de Comercio local celebró la represión. Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio. Hay gente en la ciudad que "quiere bala". Ví a mujeres mapuche llorando, angustiadas, sufriendo. Las ví cortando la calle y haciendo fuego en la puerta de Parques Nacionales. Las ví correr de la policía y bajar hacia a Catedral. Ví como dos hombres de casi dos metros fueron a pegar a mujeres mapuche y a sus hijos pequeños que habían interrumpido una misa para denunciar que estaban asesinando a su gente. Ví a dos jóvenes que fueron a impedir que eso ocurriera. Una mujer le pegó a un niño mapuche en la catedral. Lo vi llorar y a su madre, preguntar quién lo había hecho, sin que nadie respondiera. Escuché a los fieles decir que si estaban matando mapuche "algo habrán hecho". 5 horas esperando que alguna autoridad local, provincial, nacional informara qué estaba pasando en el Lago Mascardi. La ciudad se llenó de policías, la ruta camino a El Bolsón estuvo horas cortada, no dejaron pasar a organismos de DDHH que iban al lugar donde se estaba produciendo la represión cacería. Hace un rato ordenaron allanamientos en el km 7, donde vive una mujer de la comunidad, sus lamienes pedían urgente abogados y abogadas que las acompañen.
Me vine a casa a escribir estas líneas, algunas personas y organizaciones esperaban en el hospital novedades. La espera y el silencio una crueldad infinita."

La responsabilidad del estado argentino en la muerte de Santiago Maldonado




El martes 1° de agosto de 2017 decenas de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) entraron con violencia al territorio que la comunidad mapuche Pu Lof reclama como propio en Cushamen, Chubut. La GNA tenía orden de la justicia federal para despejar la ruta 40 pero, con el argumento de la “flagrancia” -promovido por el Poder Ejecutivo Nacional- ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes. Santiago Maldonado era uno de ellos.

Cuando ese operativo ilegal y violento finalizó, faltaba “el Brujo”, como se conocía a Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparición considerando la posibilidad de que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. En ese momento inicial, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado ya que en casos como este sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática.

En las primeras semanas, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó a Maldonado de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar tanto la búsqueda como la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que pudo comenzar a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.

Transcurría el tiempo y buscar a Maldonado no era la prioridad estatal. Diez días después, la pregunta “¿dónde está Santiago Maldonado?” ya había ocupado calles, plazas y plataformas digitales y los medios de comunicación del país y del mundo hasta convertirse en una cuestión central de la agenda política. La empatía de amplios sectores sociales con la familia Maldonado no alentó al Poder Ejecutivo a involucrarse en una solución del caso; más bien, pareciera haber ocurrido lo contrario: mientras el Estado no podía encontrar a Maldonado, la estrategia del gobierno fue intentar romper la extendida solidaridad con la demanda. Así, destinó profusos recursos a atacar a la familia, a la comunidad y a quienes los acompañaban.

Hasta ahora ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, como ingresar sin orden judicial, arrojar piedras a los manifestantes o hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

El 17 de octubre Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut, en el mismo lugar en el que en agosto los gendarmes afirmaron en el sumario administrativo haber llegado persiguiendo a los manifestantes.

La constatación de que un participante de una protesta social había fallecido durante una represión llevada adelante por fuerzas federales no modificó el enfoque del gobierno nacional. En los días posteriores a los primeros trascendidos de la autopsia, numerosos funcionarios se dedicaron a instalar una nueva conjetura: si Maldonado no fue secuestrado por la GNA, tal como había denunciado la Pu Lof, no existen responsabilidades estatales y, en cambio, lo que debe ser investigado son las denuncias de la comunidad y el rol de los organismos de derechos humanos.

La comunidad fue el primer actor en denunciar la desaparición y sus primeros relatos sobre el operativo fueron ratificados por los propios gendarmes. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, por ahora se puede saber que Maldonado intentó cruzar el río para escapar y permaneció en el agua fría lo que lo llevó a una muerte por hipotermia y asfixia por sumersión. La idea de que las discordancias con parte del relato de algunos miembros de la comunidad exime al Estado argentino de responsabilidad por los hechos que culminaron con la muerte de Santiago y por la deficiente búsqueda posterior no resiste un mínimo análisis.

Santiago Maldonado murió mientras participaba de una protesta. Pasaron 78 días hasta que fue encontrado. El Estado en lugar de mostrar su voluntad de proteger a la víctima y a su familia, los maltrató con recurrencia y en ocasiones con saña. Ninguno de esos tres hechos puede naturalizarse. Ninguno de esos hechos puede ser tratado como si fuera un accidente o un incidente más de la ineficacia estatal. A continuación sintetizamos las acciones principales que en virtud de esa agenda y de las estrategias propias del trabajo del CELS llevamos adelante desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha.

La pregunta ¿qué pasó con Santiago Maldonado? aún no fue esclarecida.

1. ¿Qué acciones judiciales impulsó el CELS?

A partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, se iniciaron dos expedientes: un habeas corpus que tenía como fin encontrarlo y una causa para investigar las posibles responsabilidades penales en la desaparición, que fue caratulada como “N.N. s/desaparición forzada de persona”.

Habeas corpus- medidas de búsqueda

Los primeros habeas corpus fueron presentados por el Defensor Oficial Federal Fernando Machado y la Comisión Provincial por la Memoria el 2 de agosto. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero. El 3, el CELS sugirió en un escrito enviado al juez:

– la preservación de la zona del Pu Lof donde fue visto Maldonado por última vez
– el rastrillaje del Pu Lof
– el pedido a las morgues de información sobre el ingreso de cuerpos no identificados
– el allanamiento de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería
– la pericia de un cuello de polar de Santiago

El mismo día, el CELS aportó los datos de Ariel Garci, quien tenía información sobre una línea telefónica utilizada por Maldonado.

El 9 de agosto, el CELS se presentó como parte, debido a que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Seguridad activaban una búsqueda exhaustiva, reiteró las medidas ya sugeridas y pidió complementar con:

– el rastrillaje de las rutas 15 y 71
– la incorporación de una antropóloga forense para mejorar la estrategia de búsqueda
– la ampliación de las medidas respecto a la Gendarmería Nacional
– la convocatoria a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.

El 17 de agosto el CELS propuso al juez Otranto que convocara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que asesorara en la búsqueda. El pedido fue aceptado pero la participación del EAAF no se materializó porque el juez no le hizo ningún requerimiento.

En las semanas siguientes el CELS:

– ofreció testigos que podían relatar los últimos meses de Maldonado en El Bolsón y contar cuándo lo habían visto por última vez ya que desde el Poder Ejecutivo se ponía en duda su presencia en el lugar en el momento de los hechos
– participó de declaraciones de Claudina y Ailinco Pilquiman, Andrea Millañanco y Soraya Guitart, integrantes de la comunidad
-participó de las declaraciones de 19 gendarmes
-participó de los rastrillajes de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería Nacional realizados el 10 de agosto de 2017.
-aportó un video del momento en el que la comunidad habla con el defensor Machado sobre el procedimiento realizado por la Gendarmería y afirman que no saben dónde está una de las personas que participaba del corte y que creían que había sido detenido.

Causa penal- Medidas de investigación

El 15 de agosto, a dos semanas de que no se supiera nada de Santiago, el CELS pidió ser querellante en la causa que investiga qué sucedió con Santiago y la comunidad en el contexto de la represión de la protesta y las responsabilidades penales por la desaparición de Maldonado y las irregularidades del operativo. Esta causa, delegado por el juez a la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de la Fiscal Subrogante Silvina Ávila, tiene como propósito determinar la responsabilidad que le cabe a la Gendarmería Nacional por lo sucedido el 1 de agosto en Cushamen.

En el expediente caratulado como desaparición forzada, el CELS pidió algunas medidas de pruebas ya solicitadas en el habeas corpus que no habían sido realizadas. A ellas se le sumaron el registro de comunicaciones de todos los efectivos involucrados en el operativo y la ampliación de búsqueda de ingreso de un cuerpo sin identificar en las morgues de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Luego de varias semanas, se allanaron los escuadrones de Gendarmería donde se secuestró información relevante de los discos rígidos, computadores y se secuestraron los teléfonos.

Como detectó que faltaban al menos 78 fotografías y numerosos videos, que habían sido tomados durante el operativo, algunos de los cuales se habían distribuido a los medios de comunicación pero no aportado a las causas judiciales, el CELS solicitó el 6 de septiembre que se requiriera la urgente incorporación de estas imágenes a la investigación, lo cual fue aceptado por la fiscalía. El 26 de septiembre se recibieron las fotos recuperadas, aunque quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos.

Al analizar las fotos recuperadas, se constató que muchos gendarmes habían llegado a la vera del río Chubut, que portaban escopetas y bastones, que cuatro camionetas y un camión habían ingresado a la comunidad. Estas evidencias contradijeron las declaraciones de los gendarmes que en el habeas corpus habían ocultado el uso de bastones cerca del río y el incendio de las pertenencias de la comunidad, habían afirmado que habían ingresado sólo 2 camionetas, entre muchas omisiones y contradicciones en sus testimonios respecto a qué hicieron, con quienes estaban, y cuánto permanecieron en la orilla del río.

El 29 de agosto el Ministerio de Seguridad aportó al expediente extractos de los sumarios administrativos. Lo mismo hizo el 10 de septiembre. El 15 de septiembre pedimos que fueran aportados en forma completa, lo cual fue aceptado por la Fiscalía.

En el marco de este expediente, pero también con efectos en el Habeas Corpus, el 19 de septiembre el CELS recusó al juez federal Guido Otranto. Luego de brindar dos declaraciones periodísticas al diario La Nación, quedó evidenciado que estaba adelantando opinión y que había perdido imparcialidad como juez de la causa. El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusación, por lo cual ambos expedientes quedaron a cargo del Juez Federal Gustavo Lleral.

2 . ¿Cuáles fueron las irregularidades del operativo de Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017?

A las diez y media de la mañana del 1 de agosto, el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Pablo Escola dio inicio al desalojo del corte de la ruta 40 que los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia realizaban en protesta por la detención de Facundo Jones Huala. El juez federal de Esquel Guido Otranto había dictado la orden de liberar la ruta.

Los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta quedó liberada. Entonces, los gendarmes decidieron ingresar, sin estar autorizados judicialmente a hacerlo, con la justificación de perseguir una “flagrancia” para detener a los que cortaban y porque les estaban arrojando piedras. El uso de la figura de “flagrancia” para detener a los manifestantes fue indicado, y definido como una estrategia conjunta con las fuerzas de seguridad federales y locales, en los días previos por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Con esa excusa, cincuenta y dos efectivos entraron al territorio y permanecieron allí 5 horas. Algunos persiguieron a los mapuches y realizaron más de ochenta disparos con municiones antitumulto. Como puede verse en las imágenes producidas por los propios gendarmes, los agentes recolectaron piedras para arrojárselas a quienes huían. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla, varios de ellos portando escopetas.

Lo que sucedió en la orilla todavía no se ha dilucidado por completo pero se pudo establecer que varios gendarmes vieron a los mapuches cruzar el río, que al menos uno de los gendarmes reconoció haberles arrojado piedras y otro, haber disparado.

En las primeras semanas, decisivas para dilucidar el hecho, estas circunstancias fueron ocultadas por las autoridades.

Luego de la persecución, los gendarmes allanaron viviendas, secuestraron objetos de la comunidad; algunos fueron registrados en las actas, otros, quemados en una fogata. Dos mujeres y dos niños fueron retenidos durante cuatro horas. El allanamiento y el secuestro de elementos se hicieron sin orden judicial, pero luego fueron convalidados telefónicamente por el juzgado.

La Gendarmería se retiró del territorio a las 17 horas. Según consta en el sumario instruido por la Gendarmería, al mediodía el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, se hizo presente en el lugar del operativo y “destacó la actividad llevada a cabo por la institución”. El sumario interno se cerró sin identificar las irregularidades, ni las faltas cometidas ni recomendar las sanciones que corresponden.

3. ¿Cómo actuó el Poder Judicial en la investigación?

El origen del operativo y la conflictividad entre la comunidad, las fuerzas de seguridad y la justicia federal demoraron la respuesta judicial a la denuncia de la desaparición. Las dificultades que tiene el Estado para investigar violaciones de derechos de las que puede ser responsable se agravaron en este caso, sucedido en un lugar aislado, en el contexto de una comunidad que tiene temor y es reticente a colaborar con el sistema judicial y de la desconfianza que desde el principio tuvieron el juez y la fiscal federales.

La intervención de la GNA comenzó por una orden judicial para despejar el corte de la ruta 40 y, luego, utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar a la Pu Lof. Este operativo violento fue convalidado judicialmente con posterioridad. El 1 de agosto, el defensor oficial Fernando Machado registró el operativo y que una persona estaba desaparecida. Ninguna otra de las autoridades judiciales acudió a la comunidad ese día, aunque habían ordenado el desalojo. El 2 de agosto, el Machado y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron dos habeas corpus. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero.

La primera reacción fue esquiva: el aparato judicial no le dio credibilidad a la denuncia ni intervino de inmediato para determinar si esa desaparición era, o no, una consecuencia de la represión. Por el contrario, se actuó con las hipótesis de que Maldonado no estaba en el corte o de que se había ido por voluntad propia. Como consecuencia, en los primeros días la búsqueda fue limitada y se demoraron medidas necesarias.

El 4 de agosto en la audiencia de habeas corpus la GNA negó haberlo detenido pero no dio, ni se le exigió, ninguna explicación. Recién el día 5, el juez decidió rastrillar dentro de la Pu Lof. Esta medida, por la hostilidad entre la comunidad y el juez federal Guido Otranto, se hizo mal y fue incompleta. Durante semanas, el juez no pudo resolver el conflicto con la comunidad de modo tal de destrabar la realización de medidas indispensables como el ingreso al territorio y la toma de testimonios.

En este contexto, las medidas de búsqueda fueron tardías y mal encaradas; mientras el Ministerio de Seguridad filtraba información destinada a instalar que Maldonado no había estado el 1 de agosto en el lugar de la represión.

El inicio de la investigación de la responsabilidad penal por la posible desaparición forzada también fue dificultoso: las primeras medidas sobre las camionetas de la GNA se realizaron con demoras y los gendarmes fueron avisados de que iban a ocurrir. Recién el 15 de agosto fueron allanados los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.

Cuando el Ministerio de Seguridad comenzó a aportar de manera parcial información de las declaraciones de los gendarmes en la investigación administrativa, hubo un giro en las dos causas judiciales. En la medida en la que los testimonios confirmaban que, tal como lo habían denunciado integrantes de la Pu Lof, los gendarmes habían llegado a la orilla, era preciso investigar ese lapso de tiempo en el que efectivos y mapuches se encontraron en el río.

En el habeas corpus se hicieron rastrillajes que no dieron resultado; el realizado con violencia el 18 de septiembre en el lugar en el que apareció el cuerpo tuvo deficiencias técnicas.

Paralelamente, la fiscalía recaratuló la causa penal como “desaparición forzada” y fue acumulando información y prueba para determinar cómo fue el operativo y qué sucedió con Maldonado. La fiscalía contó con la colaboración de Procuvin en la elaboración de hipótesis y en la producción y control de las pruebas. Por su parte, la fiscalía federal no fue capaz de construir un vínculo con la familia Maldonado, lo que dificultó el acceso de los familiares a la investigación.

Tras el apartamiento del juez Otranto por el pedido de recusación, le sucedió el juez federal Gustavo Lleral, quien tuvo otra estrategia hacia la comunidad que hizo posible el ingreso al territorio el 17 de octubre, día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Maldonado.

4. ¿Cómo fue la respuesta del Poder Ejecutivo?

Recién seis días después de la desaparición, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó las primeras reacciones del gobierno que se orientaron en tres sentidos: defender a la Gendarmería antes de investigar; plantear hipótesis alternativas sin correlato con el expediente y desviar el foco de la atención hacia la comunidad mapuche.

El 4 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Nación negó que GNA tuviera que ver con la desaparición de uno de los manifestantes. A tono con esta línea, en los primeros días, el Ministerio de Seguridad no se concentró en investigar y puso en marcha el sistema de búsqueda de personas como si Maldonado no hubiera estado en el lugar o se hubiera ido voluntariamente. Luego, no aportó en tiempo y forma la información con la que contaba. En un informe del 18 de agosto, haciendo propias las primeras afirmaciones de los gendarmes, aseveró que no había habido irregularidades en el operativo y que se había actuado en cumplimiento de la orden del juez. Ambas afirmaciones se demostraron falsas.

El 7 de agosto comenzaron las investigaciones internas. Un sumario iniciado por Gendarmería afirmó “la inexistencia de conductas sancionables disciplinariamente”. Por otro lado, Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación realizó encuestas y entrevistas a gendarmes. En una charla previa a la realización de las entrevistas, Barberis le dijo a los gendarmes: “En este barco estamos juntos, ¿está claro?”. En el informe señaló que algunos efectivos habrían arrojado piedras contra los mapuches y justificó esa acción como una “conducta imitativa” que había respondido a las agresiones de los manifestantes y concluye sin solicitar una investigación disciplinaria. Hasta hoy, ningún gendarme fue sancionado por las irregularidades.

La información obtenida en estas actuaciones administrativas fue aportada al Poder Judicial por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas, en representación del Poder Ejecutivo, tarde, en fragmentos y por insistencia de las querellas, entre ellas el CELS.

Recién el 29 de agosto, el ministerio aportó al habeas corpus los cuestionarios realizados dos semanas antes. Se demoró hasta el 11 de septiembre para aportar la transcripción de las entrevistas. Nunca explicó por qué esperó todos esos días para incorporar estas actuaciones mientras insistía a través de los medios de comunicación con la hipótesis de que Maldonado había fallecido el 21 de agosto en un episodio de violencia contra un puestero. Tampoco explicó por qué el comandante segundo del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, negó que los gendarmes hubieran llegado a la orilla del río. Gendarmería Nacional y la ministra de Seguridad negaron que hubiera registros audiovisuales del operativo, lo que también se demostró falso.

En simultáneo con este retaceo de información, por intermedio de Cané y Barberis, el Ministerio de Seguridad de la Nación intervino de forma directa en el expediente del habeas corpus. Y realizó una vasta tarea de filtración de las medidas de investigación y sus resultados a los medios. Otros funcionarios de alto rango fueron parte de esta estrategia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación que en un fecha tan tardía como el 30 de agosto declaró: “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.

Durante el tiempo en que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, el gobierno hizo reiteradas afirmaciones infundadas y ofensivas. Desde la Ministra a cargo de Gendarmería que afirmó ante el Senado de la Nación que no tiraría “gendarmes por la ventana” cuando se le demandaba que separara preventivamente a determinados agentes; hasta una de las máximas representantes políticas de la coalición de gobierno que a más de dos meses de su desaparición afirmó que había un “20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile” por propia voluntad y con motivaciones políticas.

5. ¿Por qué el CELS recurrió a las Naciones Unidas?

Para el 5 de agosto y a pesar de que ya se había presentado un habeas corpus, el accionar del Estado en materia de búsqueda y de investigación no era el que correspondía a una desaparición en el contexto de un operativo represivo.

Para que las estrategias de localización adquirieran otra fuerza, ese día el CELS solicitó una acción urgente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que instara al Estado a tomar las medidas necesarias para encontrar a Maldonado. La gravedad de la situación era tal que el 7 agosto el Comité concedió la acción urgente y le pidió al Estado argentino que adoptara una estrategia integral y exhaustiva de búsqueda y asegurara la exclusión de la GNA de la investigación, entre otras medidas. El Comité también le pidió al Estado que adoptara medidas cautelares de protección de la vida e integridad de la familia Maldonado, de sus abogados y de la comunidad mapuche y garantizara que no fueran objeto de violencia ni hostigamiento. A partir de ese momento el Estado argentino hizo presentaciones al Comité en los cuales adoptó la misma estrategia que tuvo a nivel nacional.

El 18 de septiembre, el CELS, en una segunda presentación al Comité, reiteró la falta de una respuesta estatal adecuada y denunció que el Ministerio de Seguridad no colaboraba en la causa judicial aportando la información que tenía y, al mismo tiempo, llevaba adelante una campaña de desinformación. El CELS también señaló que el Estado tampoco había cumplido con la solicitud del Comité respecto a la familia, que, por el contrario, recibió numerosos ataques.

El 6 de octubre el Comité dictó otra resolución en la que llamó la atención sobre las demoras de las autoridades para investigar el rol de la Gendarmería en los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado y para aportar declaraciones, fotografías y videos al expediente. El Comité solicitó al Estado: informar de los motivos de estas dilaciones, investigar y sancionar intervenciones de las autoridades que hubieran podido entorpecer la efectividad de la búsqueda y de la averiguación de la verdad y asegurar la imparcialidad, independencia y autonomía de la investigación.

El 21 de octubre el CELS informó al Comité el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.

El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otras organizaciones, sin la participación del CELS.

6. ¿Qué establece la autopsia respecto de las circunstancias de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado?

La autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. En conclusión, se trató de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.

Si bien en la médula no se encontraron diatomeas, su presencia en las cavidades cardíacas -nueve distintas: seis en el ventrículo izquierdo, tres en el derecho, indica que se trató de una asfixia por sumersión. También son indicadores de la asfixia los cambios en el pulmón. Las transformaciones halladas en la piel son propios de la hipotermia.

La data de la muerte se estableció a través de tres métodos y dio un rango que no puede ser de menos de 53, 60 o 73 días, según cada método.

Por último, se concluyó que el cuerpo no tiene lesiones externas, por lo tanto no puede suponerse a priori que haya sufrido violencia física en otro lugar. Tampoco se encontraron evidencias de que el cuerpo haya estado en otro lugar que el del hallazgo.

7. ¿En qué consiste el conflicto que atraviesa el territorio donde tuvo lugar la protesta?

La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa desde 2015 un área en la localidad Cushamen que reivindica como ancestral, en disputa con la empresa trasnacional Benetton. Al mismo tiempo, el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala está detenido desde el 26 de junio en una causa en la que se discute su extradición a Chile, situación que motiva protestas frecuentes.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acción directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

En 2016, el gobierno nacional promovió este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese año, Gendarmería Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificación y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la policía provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y Río Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les ordenó utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un día antes del operativo que desembocó en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declaró a Radio Nacional Esquel que los mapuches querían “generar caos y desorden y temor en la población” y que tendrían relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotráfico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cuál es la actividad terrorista concreta.

En este contexto, se realizó el operativo del 1 de agosto. En las semanas siguientes, la desaparición de Maldonado no generó que el gobierno nacional buscara abrir un canal de dialogo con la comunidad: hizo exactamente lo contrario.

Maldonado desapareció en un territorio ocupado por una comunidad con fuertes resistencias a relacionarse con instituciones estatales, debido a sus convicciones ideológicas y a los antecedentes de discriminación, arbitrariedad y violencia policial. Los primeros relatos de la comunidad que activaron el reclamo social extendido por la aparición de Maldonado fueron, semanas después, ratificados por los gendarmes en sus declaraciones y por las imágenes. Luego, la comunidad no aceptó el ingreso de las fuerzas de seguridad al territorio o lo limitó y fue reticente a testimoniar. Al asumir en la causa del habeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral inició un proceso que culminó con el ingreso a la comunidad el 17 de octubre, día en el que Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut.

8. ¿Por qué el CELS consideró que el hecho debía investigarse como una desaparición forzada?

Santiago Maldonado fue visto por última vez en el contexto de un operativo represivo e ilegal de la Gendarmería Nacional. Esta situación hacía necesario investigar qué participación tenía la Gendarmería en la desaparición de Maldonado a fin de encontrarlo y de establecer responsabilidades.
Investigar un episodio como una posible desaparición forzada no supone asegurar a priori que el hecho implicó la comisión de ese delito sino que en tanto hay indicios de responsabilidad estatal esa hipótesis debe ser confirmada o descartada. Ni el tipo penal “desaparición forzada” ni la figura del derecho internacional exigen que el hecho sea parte de un plan sistemático, tal como afirmó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de desaparición forzada no significa asimilar estos hechos con una política de desaparición de personas y menos aún con la última dictadura.

A medida que las semanas pasaban y Maldonado no era encontrado, los testimonios, el ocultamiento de información realizado por el Ministerio de Seguridad y las imágenes del operativo fueron indicios de que había una relación entre la ausencia de Maldonado y el operativo violento en la Pu Lof el 1 de agosto. Esas responsabilidades estatales aún están siendo investigadas.

9. ¿Qué características tiene la desaparición de personas en democracia y cuáles son las dificultades para investigarlas?

En democracia, las desapariciones ocurren por motivos diversos, algunas son voluntarias y otras no. Estas últimas implican una diversidad de responsabilidades estatales. Detrás de estos casos, hay explicaciones relacionadas con redes criminales, con violencias estructurales -como la de género- y con el funcionamiento violento de las fuerzas de seguridad, entre otras. La responsabilidad estatal es distinta y específica en cada una de estas situaciones.

En todas las desapariciones suele haber, además, una responsabilidad estatal por el déficit de las acciones de búsqueda. El Estado aún no sabe actuar de manera eficaz frente a la denuncia de una desaparición. Cuando las personas o sus familias pertenecen a los sectores de menores recursos económicos está situación se agrava porque se suelen agregar la discriminación y el mal trato.

En este contexto, para resolver una desaparición se deberían formular hipótesis basadas en lo que se sabe de la vida de la persona y de las circunstancias en la que desapareció, en cuándo, dónde y por quién fue vista por última vez; en qué contacto tuvo con instituciones de seguridad o con otros grupos con capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, esto habitualmente no sucede.

Hay desapariciones que ocurren como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad, como hecho extremo de sus prácticas ilegales, violentas y de hostigamiento. En algunos casos, los policías ocultan el cuerpo para encubrir otros delitos.

También existen patrones en las investigaciones judiciales: en violaciones de los derechos humanos -no solamente desapariciones- con frecuencia el Poder Judicial toma la versión de los agentes de seguridad, la investigación y salvaguarda de evidencias se asigna a la misma fuerza denunciada y se despliegan estrategias de ocultamiento. El encubrimiento suele ser la reacción habitual frente a la denuncia de un hecho, se tenga o conocimiento de lo ocurrido. Esto habilita la introducción de hipótesis falsas y que aquellas que pueden orientar la investigación hacia el establecimiento de responsabilidades estatales sean descartadas u omitidas.

Simultáneamente, existen prácticas y omisiones estatales que hacen posible que una persona permanezca desaparecida. Entre ellas, la desidia estatal en el trato de ciertos cuerpos por parte de instituciones de salud, judiciales y de seguridad que ocasiona que una persona fallecida pueda permanecer sin ser identificada en una morgue o en un cementerio, mientras su familia la está buscando, en algunos casos durante años.

Como resultado de esta amalgama de patrones estructurales y deficiencias institucionales en los mecanismos de búsqueda e identificación, en una gran cantidad de casos existe responsabilidad estatal en la ocurrencia de una desaparición y/o en su prolongación a lo largo del tiempo aunque no se esté frente a un caso de desaparición forzada, cuando ocurre un secuestro o un ocultamiento deliberado de un cuerpo.

10. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?

Santiago Maldonado murió como consecuencia de la intervención violenta del Estado ante un conflicto con una organización social y política, que es considerado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional al que hay que responder con dureza.

El uso de la fuerza policial en las manifestaciones públicas abarca el modo en el que se diseñan y llevan a cabo los operativos y la forma en que la autoridad política responde por las irregularidades. En este caso, el Estado no sólo omitió el deber de protección y cuidado, sino que introdujo riesgos para la integridad y la vida de los manifestantes y de la comunidad, entre otros derechos que fueron vulnerados por la intervención de la Gendarmería.

La intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones está regulada por instancias internacionales, regionales, nacionales y por normas internas de las instituciones de seguridad. Estas obligaciones no ceden por el hecho de que algunos manifestantes arrojen piedras, sino que incluso estos actos deben responderse de acuerdo a principios de legalidad y proporcionalidad, de modo de que la respuesta no cause consecuencias más graves de las que busca inhibir. Para eso existen protocolos que establecen con precisión cómo debe escalarse el uso de la fuerza, quiénes pueden asumir cada decisión y con qué controles se deben llevar a cabo. La Gendarmería Nacional cuenta con normativas específicas para lo que denominan operativos “contradisturbios” que en esta intervención fueron ignoradas por completo. La actuación de la Gendarmería no se encuadró en ninguna normativa existente. Ante un operativo plagado de ilegalidades y contradicciones, la respuesta de la autoridad política responsable tampoco respondió a los principios de gobierno civil, control político y rendición de cuentas previstos. Por el contrario, afirmaciones como las de Bullrich y Barberis dejaron en claro que no habría sanciones por lo ocurrido durante la represión.
Por otra parte, este caso plantea viejas y nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para buscar personas, sobre todo cuando puede existir alguna responsabilidad estatal. Como desde la sociedad civil se demanda desde hace años, el Estado debería organizar los recursos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal para encarar búsquedas e investigaciones que den respuestas mejores.

Finalmente, la capacidad del Estado de encarar investigaciones judiciales serias, imparciales y efectivas también está en juego, así como el modo en el que actores puntuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo utilizan los medios de comunicación para influir sobre la investigación. En este caso en particular esta práctica recurrente ocasionó niveles altos de desinformación a la sociedad y dolor a la familia Maldonado.

La investigación debe continuar hasta determinar las circunstancias y responsabilidades por la muerte de Santiago Maldonado.


Nota de La otra: Las negritas del texto son nuestras.

Postdata: El comunicado del CELS apareció el viernes pasado, cuando el Poder Judicial informó oficialmente el resultado de la autopsia, que constituye solo una parte de una investigación que todavía no resolvió la responsabilidad precisa del estado en la muerte de Santiago. Desde ayer, sus restos mortales son velados por su familia y hoy serán sepultados.

Ayer, mientras transcurría el funeral de Santiago, en Bariloche se vivió otra jornada de violenta represión estatal. La Prefectura asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Mascardi. La bala disparada por agentes de Prefectura que mató a Nahuel ingresó por un glúteo y salió por el torax. Es decir: el muchacho fue asesinado de espaldas. Los medios oficiales, con una resonancia siniestra de las épocas del terror de estado, hablan de otro muerto "en un enfrentamiento".

ATE de El Bolsón informa que luego de la brutal represión y el asesinato de Nahuel, fue detenido por la Gendarmería el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Andina Sur (El Bolsón), Javier Milani, y su esposa la trabajadora estatal Florencia Placidi, desconociéndose hasta el momento en que comisaria o centro de detención fueron alojados.

¿A partir de cuántos muertos y secuestros el patrón asesino del estado se torna sistemático?