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sábado, 25 de marzo de 2017

600 mil personas repudian en las calles la miseria planificada y el negacionismo macrista

24 de marzo de 2017, a 41 años del golpe cívico militar
















El 24 de marzo de 2017, a 41 años del golpe cívico-militar-empresarial, la derecha vuelve a gobernar en Argentina. El gobierno no hace ningún acto oficial, el presidente huye hacia Holanda y sus legisladores perpetran una provocación negacionista en el propio Congreso. En la Plaza de Mayo y en otras plazas del país, centenares de miles de personas se manifiestan en repudio de las políticas macristas, con consignas contra la miseria planificada y el enorme retroceso en materia de derechos humanos producido en este último año.



La mejor fundamentación política acerca de la necesidad de sostener que los desaparecidos son 30 mil y de señalar que quienes pretenden basarse en casos verificados legitiman el plan sistemático del estado terrorista la explica el escritor Martín Kohan: Postular el número de 30 mil desaparecidos es necesario dado el carácter clandestino del terrorismo de estado. Entrar en una discusión sobre el número de los casos verificados es naturalizar la lógica clandestina de la dictadura genocida. No puede haber un número verificado porque el estado terrorista se encargó de ocultar sistemáticamente los asesinatos, en qué circunstancias ocurrieron, el lugar donde yacen sus restos, la identidad de los hijos apropiados y quiénes fueron los agentes estatales que ejecutaron y ocultaron los asesinatos y apropiaciones. La ejecución de estos crímenes se prolonga continuamente en el presente, puesto que los desaparecidos siguen desaparecidos y muchos de los apropiados siguen desconociendo su verdadera identidad. La afirmación de 30 mil desaparecidos es la respuesta política a la clandestinidad del terrorismo de estado y a su perpetuación y un rechazo a entrar en su propia lógica. Retroceder hacia una discusión sobre los casos probados de desaparición forzada de personas es una actitud negacionista.

Hay muchas evidencias acerca de la política negacionista del macrismo, que así reanuda la orientación política de la dictadura y desanda los avances logrados en 33 años de democracia. No solo funcionarios como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión, sino el propio presidente incurrieron en actitudes negacionistas.

El año pasado macri participó a desgano en una parca ceremonia de recordación del golpe del 76 con la presencia de Barak Obama. Este año, ni siquiera hubo un acto oficial y macri aprovechó para escaparse hacia Holanda y reunirse con Máxima Zorreguieta, hija de un funcionario de la dictadura.

Jorge Zorreguieta, padre de Máxima y miembro de la Sociedad Rural Argentina junto al genocida Jorge Rafael Videla.

En el día de ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, declaró: "Los argentinos no hemos procesado todo lo que pasó en la dictadura porque la política metió mucho la cola". Que la política metió mucho la cola significa en el léxico negacionista que durante el gobierno kirchnerista el estado hizo cesar los subterfugios para perpetuar la impunidad de los criminales genocidas e impulsó el avance de los juicios. Las palabras de Avruj se retrotraen al discurso antipolítico de la dictadura, como si no fuera política también la decisión de retroceder en el compromiso del estado con los derechos humanos e impulsar una posición negacionista. Avruj quiere decir que el estado argentino debe retirarse de estas políticas para permitir que los criminales aún no procesados -sobre todo los impulsores civiles y empresariales de la dictadura- sigan impunes.


El negacionismo macrista vuelve a mostrarse en los continuos intentos oficiales para denigrar a los organismos de derechos humanos, como la foto que se sacó el bloque de legisladores de Cambiemos el jueves 23, con un cartel que decía "Nunca más a los negocios con los derechos humanos", grupo significativamente encabezado por el diputado Nicolás Massot, otro familiar de genocidas, los propietarios del diario de Bahía Blanca La Nueva Provincia, implicado en crímenes de lesa humanidad. De esta provocación pro-dictatorial perpetrada en el seno mismo del Congreso participa también Héctor "Pirincho" Roquel, intendente radical de Río Gallegos durante la dictadura cívico militar.


El negacionismo no es una cuestión meramente simbólica sobre el pasado reciente: se complementa con la reanudación paulatina del estado represivo y la pérdida continua de garantías jurídicas, denunciada en el documento conjunto que ayer leyeron los organismos en la Plaza y criticada por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la CIDH, Amnesty International y Human Rights Watch. La abolición del estado de derecho es completa en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, apoyado por el macrismo y el massismo y respaldado por el máximo exponente del poder económico de esa provincia, Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en el que se cometieron crímenes de lesa humanidad que aún permanecen impunes. Esta alianza del poder económico y estatal que reanuda las políticas de la dictadura se consuma en la persecución política de la organización social Tupac Amaru y en la cárcel ilegítima de Milagro Sala y otros militantes de esta organización.

El negacionismo no viene solo sino con el restablecimiento de un estado represivo. La única respuesta eficaz a este retroceso hacia el autoritarismo es la movilización popular de inmensas multitudes como las que se reunieron ayer en la Plaza y los otros actos que en este mes ya encontraron en las calles argentinas a más de un millón de personas contra el régimen.   

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