martes, 18 de octubre de 2016

No hay que naturalizar la violencia cotidiana de las clases dominantes

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL: 
Nahuel Berguier en La otra.-radio para escuchar clickeando acá


El domingo a la noche vino a la radio Nahuel Berguier, abogado que se dedica a llevar a jucio casos de violencia institucional e integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. El concepto de "violencia institucional" intenta caracterizar de modo más preciso la gran cantidad de casos en los que fuerzas estatales, paraestatales o privadas que actúan con la connivencia estatal diariamente ejercen atropellos, abusos y humillaciones contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir: actos de abuso y humillación sistémica de las clases dominantes y de agentes estatales contra trabajadores, desocupados, personas en situación de calle, habitantes de las villas, jóvenes, mujeres, disidentes, inmigrantes pobres, víctimas del gatillo fácil, abuso, precariedad laboral, trabajo esclavo o trata de personas.

Los casos más visibles son los de llamado "gatillo fácil", porque terminan con homicidios o heridos de gravedad, pero también el maltrato que sufren las familias de inmigrantes pobres en la guardia de un hospital, las detenciones arbitrarias, los cacheos prepotentes de agentes de seguridad contra jóvenes reunidos en la esquina de una barriada sin que exista ninguna justificación jurídica forman práctica del paisaje cotidiano por el que el las clases poderosas mantienen el control poblacional. La violencia institucional existe desde hace mucho, demasiado tiempo, y nunca paró, pero desde la asunción en diciembre pasado del gobierno macrista el estado dió señales claras para tolerar y premiar a sus ejecutores. Un ejemplo: la ministra de seguridad Patricia Bullrich que, a pocos días de asumir el gobierno, fue a felicitar a los gendarmes que balearon a una murga de pibes del Bajo Flores: está claro que el estado con simples e inequívocos gestos avala estos abusos. Es importante notar que no se trata de excesos, sino de una práctica sistémica. 

El riesgo es que estos verdaderos delitos de estado terminen siendo naturalizados por su repetición cotidiana. Los medios de comunicación corporativos preparan el clima que justifica la construcción de un estereotipo del "Otro" que "merece" el maltrato y la humillación.

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Algunos sectores medios y medios bajos cuyas experiencias subjetivas se hallan saturadas por sus frustraciones existenciales, el resentimiento y la estigmatización que pregonan los medios, se identifican con las prácticas opresoras, sin percibir que sus intereses objetivos se hallan más cerca de esos oprimidos a los que temen y odian. La campaña de estigmatización mediática de los sectores vulnerables prepara el terreno para los crímenes. Es la vieja lucha de clases, donde la ofensiva la tienen los opresores, con la complicidad de los poderes estatales, judiciales, policiales y mediáticos. Con el macrismo y el alineamiento en bloque de las corporación empresarial y judicial, estos delitos de estado se transforman en la "naturaleza" misma de la vida. Se trata de que todos nos acostumbremos a que la cosa "es así".

Los organismos de derechos humanos, los abogados que trabajan en defensa de las víctimas de estos abusos y movimientos sociales como La Poderosa o la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional dan visibilidad e impulsan causas judiciales para frenar la barbarie dominante. Pero el problema, por su carácter sistémico, excede el enfoque judicial: se trata de articular formas de organización popular que emprendan inciativas orgánicas contra esta violencia como parte de una agenda de lucha por la emancipación y de freno a la represión naturalizada. 

Clickeando acá puede escucharse la conversación con Nahuel Berguier, donde nos detenemos especialmente en algunos casos paradigmáticos, como las torturas recibidas por los chicos de La Poderosa por parte de Prefectura hace poco o el incendio de un taller textil clandestino en abril de 2015, donde murieron dos chicos menores de edad que se hallaban junto a sus padres en un ambiente laboral al borde del esclavismo, con la complicidad de policías, inspectores y sindicalistas que hacen la vista gorda ante el abuso.

Un ejemplo:


Exigimos que despidan del COT al policía que asesinó al Frente Vital

Fuente: CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL - SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016

La información está confirmada. Héctor Eusebio "El Paraguayo" Sosa, inspector del COT que ayer (Ndle E: por el 14 de octubre pasado)  atacó a un repartidor de harina es el mismo que en 1999 mató a Víctor “El Frente” Vital, y tiene al menos otras dos muerte más en su haber. Además de ser responsables por dotar de uniforme a un asesino, las autoridades del municipio de Tigre deben informar cuáles son los criterios y filtros que utilizan para nutrir a sus patrullas locales.

En el video que se viralizó se puede ver a Jorge Ojeda (57) en el piso, atacado por personal del Centro de Operaciones de Tigre (COT). El que lo agarra del cuello mientras lo mantiene en el piso es el conocido asesino. El repartidor de harina fue una nueva víctima de su uso irracional y desmedido de la fuerza, al recibir un culatazo que le rompió la cabeza y una golpiza que le quebró la pierna, por haber pedido que corrieran el móvil municipal del espacio donde necesitaba estacionar su camioneta para descargar la mercadería.

La mamá del Frente Vital está consternada y merece explicaciones urgentes. “Como está con el pelo ya bastante blanco yo no me di cuenta. Pero después me empezaron a llamar las chicas y los chicos, y mi familia", cuenta Sabina Sotelo. "Parecía que le daba placer ver la sangre de ese hombre que estaba ahí inmovilizado, que no representaba un peligro para ellos. Y ellos como COT están para prevenir las cosas acá del municipio. Ellos tienen que llamar a la ambulancia, son viales", dice la mujer que se convirtió en referente social de la lucha contra el "gatillo fácil" y el abuso policial.

Al Frente Vital, hoy convertido en santo pagano del cementerio de San Fernando, lo venían persiguiendo dos patrulleros. Y él se resguardó en su barrio. El 6 de febrero de 1999, en el móvil 12.179 iban el sargento Héctor Eusebio Sosa, alias “El Paraguayo”, y los cabos Gabriel Arroyo y Juan Gómez. Y en el 12.129, el cabo Ricardo Rodríguez y Jorgelina “La Rambito” Massoni. En un pasillo conocido, en una casa amiga, se refugió abajo de la mesa, como jugando a las escondidas, tenía 17 años. “El Paraguayo” entró adelante con su pistola 9 milímetros. Pateó la mesa con la punta de fierro de su bota oficial; la dejó patas arriba en un rincón. Víctor alcanzó a gritar:–¡No tiren, nos entregamos!

Fueron cuatro los disparos contra Víctor Manuel Vital, que se tapó la cara con las manos. Una bala le entró por el pómulo, otra en la mejilla, dos en el hombro. Murió casi en el acto. En la causa judicial el Paraguayo Sosa declaró que Víctor estaba parado y con un arma en la mano. La Asesoría pericial de la Corte Suprema corroboró la escena tal cómo la recordaban las personas del barrio. La historia del asesinato del Frente Vital fue retratada en el libro "Cuando me muera quiero que me toquen cumbia", de Cristian Alarcón, quien también logró documentar el circuito por el que los mismos agente reclutaban mano de obra juvenil para robar chalets y después los ejecutaban.

A Jonathan Lorenzo (19) y Jorge Andrés Martínez (24), el mismo policía los asesinó en 2006. Durante la gestión de León Arslanián Sosa habría sido exonerado de la Policía Bonaerense. Por eso habrá sido pastor de una Iglesia, donde fue oportunamente escrachado por la familia del Frente Vital, para sorpresa de los fieles. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe detallar la relación que Sosa mantiene con su policía.

“Yo no sé cómo el municipio puede tomar una persona sin ver cuál fue su historia", remarca Sabina Sotelo. Es necesario que las autoridades provinciales y municipales expongan la documentación que pruebe si Sosa sigue cobrando algo como funcionario de alguna fuerza. Es urgente saber cuáles son los criterios por los que se contrata a personal para esta patrulla de prevención, denunciada de forma recurrente por sus detenciones arbitrarias y golpizas a jóvenes de los barriadas más humildes del distrito, como si ese gesto diera mayor seguridad a los habitantes de los countries donde se lavan las regalías del narcotráfico grande.

La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional acompañará a Sabina Sotelo en todas las instancias necesarias para que conocer la Verdad, para que haya Justicia, y para mantener viva la Memoria de todas las víctimas.

Exigimos que se despida a Sosa de forma inmediata.

Si no hay Justicia, seguirá habiendo escrache.