Este análisis, que demuestra que la denominada "política de metas de inflación" tiene por verdadero objetivo imponer desde el gobierno un tope a las paritarias para intentar bajar la inflación mediante la caída del salario real, fue elaborado en base a datos provistos por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda
PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS DE CARA A LA DISCUSIÓN PARITARIA DEL AÑO 2018
En los últimos días volvió a la agenda económica el debate sobre el poder adquisitivo de los salarios, a partir de la modificacón abrupta de las metas oficiales de inflación.
Con esta modificación, el gobierno busca contener las demandas salariales, para evitar la traslación de los aumentos paritarios a los otros precios de la economía (inflación de costos).
En ese marco, pretende imponer un esquema de “metas de paritarias”, para minimizar los desvíos alcistas por sobre el 15%. En un escenario donde pocos analistas alinean sus expectativas en torno a la meta oficial, el techo de las paritarias implica nuevamente una baja en el salario real.
Cuando se examina este fenómeno a la luz de los dos años previos, se tienen dos casos distinguibles: 2016 tuvo una inflación que superó el ajuste de los convenios colectivos en la casi totalidad de los casos. En cambio, en 2017 un importante número de gremios logró incluir una cláusula gatillo que pudo compensar parcialmente los desvíos. El esquema que funcionó como muro de contención, pero el gobierno no quiere convalidarlo en el corriente período.
Basándose en los datos oficiales publicados por el Indec, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se infiere que el proceso de desinflación en los últimos dos años no logra consolidarse. Cuando se computa el promedio de inflaciones anuales de los años 2015 a 2017, se ve que en 2017 la inflación todavía estuvo 1,3 % sobre la de 2015. El último número anual del IPC Caba supera el de noviembre del año 2015.
Las expectativas de los analistas ortodoxos para 2018 se ubican en un 17,4%. Esta es una visión conservadora, que no incluye la modificación de las metas inflacionarias ni mucho menos la escalada del dolar y su incidencia sobre los precios de la canasta básica. Con todo eso, estas predicciones conservadoras postulan 2,4 % por sobre el objetivo declarado del gabinete económico.
Este desvío no es inesperado y está subestimado. En 2017, las expectativas de este mismo relevamiento oficial nunca convergieron hacia el número de inflación final. Empezaron el año 10 % por debajo y lo terminaron 1,3 % menos que el 24,8% finalmente verificado.
La sistemática subestimación oficial del problema inflacionario constituye el intento oficial de ponerles a las paritarias un tope por debajo de la inflación real, lo que provoca una caída en el poder adquisitivo de los salarios reales de la mayoría de los gremios.
Entre los principales gremios, se registra un deterioro del salario real del 8,5% en los gremio del transporte, 8,2% en el promedio de las paritarias docentes, 7,8% en petroleros y 7,1% en estatales.
Incorporando la estimación oficial para 2018, en comparación a la inflación (conservadora) proyectada por el mercado, se tienen resultados todavía peores. Si se verifican las estimaciones mencionadas, la caída en el salario real acumulada hasta 2018 alcanzará los dos dígitos para el transporte (-10,4%) y docentes (-10%), mientras quedará un poco por debajo del 10% para petroleros (-9,7%), estatales (-9%) y la UATRE (-8,3%).
Si se cierran convenios colectivos en el sector privado en torno a la hipótesis oficial del 15% y la inflación del 2018 se acerca a las estimaciones de mercado del 17,4% (a esta altura muy optimistas y poco probables ante la devaluación en curso), entonces la caída promedio de poder adquisitivo de los trabajadores alcanzaría el 7,6% en el acumulado de los últimos tres años.
En nuestro país se verifica una sistemática inflación de costos derivada de la puja por el poder adquisitivo. Cada incremento nominal de salarios es seguido de remarcaciones de precios, lo que genera una constante inercia inflacionaria. No es un fenómeno novedoso, sino persistente en nuestra historia económica. Su falta de comprensión y la ausencia de un tratamiento integral que ataque a sus causas estructurales recurre a soluciones simplistas que sólo atacan una de las causas del proceso. El ejemplo más típicoo son los análisis ortodoxos que asocian la inflación a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, como producto de "una emisión irresponsable". Esta simplificación postula una automaticidad determinista para los fenómenos económicos, desconociendo las especificidades de mercado que distinguen a una economía de otra. Son esquemas abstractos y descontextualizados. Por otro lado, esta teoría monetarista está refutada por la experiencia. El contexto actual de una retracción monetaria sostenida que convive con una inflación alta es la mejores evidencias del fracaso de estas teorías unicausales.
La persistencia de la inflación trasmite tensiones sobre la distribución del ingreso, en el marco de un mercado laboral que no termina de recuperarse de la crisis de 2016. En este contexto, las paritarias deberían cumplir un rol decisivo en el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores de ingresos fijos. La tendencia general de las negociaciones colectivas de salarios también tiene una influencia muy alta sobre los demás precios de la economía, incluso el del trabajo no registrado. La política oficial que induce a pactar salarios inferiores a la inflación produce la retracción general del poder adquisitivo y, por ende, del consumo.
Por estos días es generalizado el consenso de que el cumplimiento de la meta corregida es altamente improbable. Los aumentos de los servicios regulados, después del desfasaje de las correcciones interrumpidas por motivos electorales en el segundo semestre pasado, presiona sobre el nivel general de precios. Con la acumulación de dos años consecutivos de graves desvíos en relación a los objetivos oficiales, la credibilidad del esquema de las metas de inflación es cada vez menor.
La importancia de las expectativas es central para un desarrollo justo de las negociaciones colectivas. La medición de las expectativas en nuestro país siempre está expuesta a sospechas sobre los reales intereses de esos actores que forman esas expectativas. La mayoría de los “especialistas técnicos”
formadores de opinión no dejan de estar siempre influidos por sus visiones ideológicas y por los intereses de clase que representan. Actualmente, la única medición sistemática y oficial de expectativas está dada por el Relevamiento de Expectativas de Inflación que hace el Banco Central de la República Argentina. Más allá de las críticas metodológicas que se pueden formular sobre la naturaleza de las variables relavadas, llama la atención el evidente sesgo de los sellos económicos consultados en esta encuesta mensual.
El sesgo de las mediciones de expectativas conduce a desvíos que influyen sobre las paritarias, promoviendo la baja del salario real. La cláusula gatillo implementada en determinados convenios colectivos durante 2017 fue una solución parcial. Si bien permitió activar recomposiciones, dado que la inflación superó determinado umbral, sin embargo este acompañamiento siempre corre por detrás del alza del costo de vida (en algunos casos casi un semestre) y esto implica que en el “punta a punta” el deterioro salarial supera el número de la inflación anual. Además, en algunos casos la definición sobre las condiciones que gatillarían el ajuste planteó condiciones amañadas, que derivó en conflictos la mayoría de las veces resueltos en contra de los trabajadores. Ahora que el gobierno pretende que no se aplique el ajuste imperfecto de la cláusula gatillo, los mecanismos de fijación de expectativas cobran aún más relevancia.
Contención salarial como política antiinflacionaria
En recientes declaraciones, el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo que “en las paritarias se debe tener en cuenta el objetivo de bajar la inflación”. En esta frase se resuma de la manera más clara el objetivo del gabinete económico en los últimos dos años: el esquema de “metas de paritarias” es el principal arma para contener el proceso de puja distributiva y
tratar de reducir la inflación.
Aún con la cláusula gatillo en 2017, el acumulado de los últimos dos años muestra un empeoramiento general en los diferentes agrupamientos gremiales. Sacando contadas excepciones, se verifica un aumento salarial anual menor al avance del nivel general de precios entre 2016 y 2017.
Como se ve en este cuadro, los principales gremios perdieron poder adquisitivo durante los dos años de este gobierno. Una amplia dispersión entre los diferentes sectores de actividad hace que logren negociar las mejores paritarias los gremios con mayor poder de negociación o cuya actividad se beneficia por una coyuntura positiva. Por ejemplo, el sindicato de los Aceiteros es el único de los relevados por el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV que logró mejorar su situación salarial en el bienio 2016-2017, a partir de una suba real (neta de inflación) del 3,2%. En el otro extremo, los trabajadores del transporte integran el sector que más perdió en el último bienio (-8,5%). Con una postura dialoguista frente al macrismo, el gremio que encuadra a los colectiveros obtuvo pésimos resultados en las dos últimas rondas paritarias. El caso de los docentes es particular ya que, clausurada desde el año pasado la paritaria nacional, el número consolidado se compone de un promedio de las diferentes jurisdicciones provinciales. Existe una alta heterogeneidad en las provincias donde la capacidad negociadora de los gremios es baja frente a la patronal estatal. El acumulado de deterioro medio de los docentes fue de 8,2%.
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