Un signo de la licuación del poder político del macrismo: hace un mes el gobierno impulsó a Carlos Rosenkrantz para que ocupe la presidencia de la Corte, desplazando a Ricardo Lorenzetti de esa función. A través de Rosenkrantz, el macrismo quiso controlar la marcha de las causas más sensibles que pudieran afectar la gobernabilidad en un período social que se entrevé difícil (Rosenkrantz es Macri y también es Clarín). Pero el realineamiento de las fuerzas en el máximo tribunal acaba de dar algunos indicios de que el poder de Rosenkrantz quedó rápidamente mellado.
La columna del domingo de Verbitsky en El Cohete a la Luna se centró en una cuestión que en ese momento estaba fuera del radar de los otros medios. Decía Verbitsky:
"A un mes del reemplazo de Ricardo Lorenzetti por Carlos Fernando Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo aparece divido en dos bloques que reproducen los alineamientos principales de la política nacional, entre simpatizantes del gobierno neoliberal y del justicialismo, e incluye una disputa por el manejo de los recursos de la Justicia. Es de prever que esta fisura se profundizará a medida que avance el proceso electoral para decidir quién sucederá en la presidencia a Maurizio Macrì.
"Esto se puso dramáticamente de manifiesto en la última semana, cuando Rosenkrantz formuló una propuesta de tipo administrativo, que fue rechazada, y se negó a tratar una causa sobre derechos humanos, en la que estaba en minoría".
Verbitsky muestra otra vez que está muy bien informado, en este caso sobre la interna cortesana, probablemente a través de una fuente directa: ¿uno o varios integrantes de la propia Corte? Además su olfato periodístico le permitió volver a ser el único en detectar una grieta en la cúspide de uno de los tres poderes del estado. Esta grieta es un indicio del debilitamiento político del macrismo cuando la imagen de la gestión pasa por su peor momento, con el aumento de la conflictividad social como producto del fracaso económico oficial. El poder judicial es uno de los instrumentos que el macrismo usa para perseguir a los sectores que resisten el ajuste y las persecuciones.
La semana pasada Rosenkrantz quiso unificar la administración de la Corte Suprema con la del Consejo de la Magistratura y desplazar a Héctor Daniel Marchi, actual administrador designado por Lorenzetti, y nombrar a uno de su confianza. El nuevo presidente de la Corte esperaba contar con el apoyo de dos de los jueces que hace poco habían permitido su llegada a la presidencia, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. Pero al intentarlo Rosenkrantz descubrió que solo Highton de Nolasco lo respaldaba. En cambio, Lorenzetti y Maqueda lograron que Rosatti se les sumara contra esa iniciativa.
El otro asunto que mostró perdidoso al cortesano de Macri y Clarín es más delicado. Se remonta a la resolución de la Corte que en mayo de 2017 pretendió aplicar el beneficio del 2 x 1 (reducción de la prisión efectiva) a condenados por delitos de Lesa Humanidad. En ese entonces, el trío formado por Rosenkrantz, Rosatti y Highton aprobó el 2 x 1 para el represor Luis Muiña. Lorenzetti y Maqueda votaron en contra. Una conmoción social por la que los organismos de Derechos Humanos reunieron la multitud más grande de su historia repudió el beneficio a los genocidas. El repudio fue tan grande que el Congreso debió sancionar a las apuradas una ley "interpretativa" que virtualmente dejó sin efecto esta resolución. Desde entonces Rosenkrantz, autor intelectual de la doctrina que había logrado que Highton y Rosatti apoyaran, sigue sosteniendo que, a pesar de la nueva ley, el 2 × 1 es la ley penal más benigna y debe aplicarse a los casos de otros genocidas. Contaría para ello con el apoyo de Highton. Maqueda y Lorenzetti siguen oponiéndose. La novedad es que ahora Rosatti cambió también en este caso su posición inicial y sostiene que el asunto quedó resuelto por la ley aprobada a posteriori. Según Verbitsky, Rosatti está reclamando que se traten los casos pendientes para dejar constancia de su cambio de posición, pero Rosenkrantz se niega, sabiendo que va a quedar en minoría.
El tironeo quedó saldado en el día de hoy: la Corte Suprema le quitó el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz en dos causas por delitos de lesa humanidad. La acordada tuvo un solo voto disidente: el de Rosenkrantz. Etchecolatz había gozado desde fines del año pasado de tres meses de prisión domiciliaria, en medio de fuertes repudios de sus vecinos de barrio en Mar del Plata, luego de lo cual el poder judicial dispuso. Con la acordada de hoy por la cual Etchecolatz perdió ese beneficio definitivamente, Rosenkrantz paga solo el costo político de promover en la Corte Suprema la impunidad de los terroristas de estado de la última dictadura. A pesar de presidir el tribunal, no puede alinear al resto de los integrantes en una decisión tan sensible que, de haber prosperado, cambiaría la jurisprudencia que la Corte en una materia que Lorenzetti había considerado una política de estado irreversible.
Además del costo político de promover en soledad la impunidad de genocidas, Rosenkrantz se enfrenta a una perspectiva en la que no logre formar mayorías cortesanas en favor de otras causas delicadas que interesan al gobierno y a Clarín.
Por ejemplo, el gobierno alienta la extensión del impuesto a las ganancias a los miembros del poder judicial, impuesto del que hasta ahora estaban eximidos. La Asociación de Magistrados logró que esta extensión solo se aplicara a los jueces designados de ahora en más, pero no a los que ya venían gozando del beneficio. El gobierno quiere una acordada de la Corte extienda la imposición a la totalidad de los jueces, pero los tironeos internos de la Corte hacen que este resultado no esté ahora garantizado.
Las roscas en la Corte suelen estar alejadas de los intereses populares, pero también son un termómetro del grado de fortaleza del poder político. El acomodaticio poder judicial suele detectar el cambio de los vientos. Las dificultades de Rosenkrantz son hoy las de macri en la recta final de su mandato.
