jueves, 22 de octubre de 2015

División de poderes: Lorenzetti acata los deseos del Poder Ejecutivo (israelí)



¿Cómo se manejará el Poder Judicial en la Argentina en los próximos años?

Este poder se mostró históricamente impermeable a las corrientes democratizadoras. Los representantes del legislativo y del ejecutivo están sometidos a la periódica revalidación por el voto popular. En cambio, los jueces gozan de una perpetuidad monárquica. Las destituciones de jueces en Argentina son acontecimientos de una rareza extrema, a pesar de la arbitrariedad, la parcialidad e ineptitud que muchos muestran a la luz del día. En los últimos años, los tribunales se arrogaron facultades legislativas, postergando indefinidamente la vigencia de leyes promulgadas por el Congreso mediante un uso perverso de las cautelares. Lorenzetti, presidente de la Corte, se mostró como un diestro administrador de la injusticia a través del estiramiento abusivo de los plazos admisibles para pronunciarse en casos de gravedad institucional.

Todavía está fresca en la memoria de todos la forma como un tribunal en lo contencioso administrativo de Tucumán, manifiestamente incompetente, generó un clima de conmoción social al dejar en suspenso durante varios días el reconocimiento del sufragio popular en esa provincia. Todas las irregularidades se hacen ante la mirada indolente de la Corte. Más aún, la misma Corte se muestra permisiva con los delitos cometidos por las grandes corporaciones empresariales, en casos como la usurpación de terrenos por parte de la Sociedad Rural o la millonaria evasión impositiva de La Nación.

Hace unos años esta Corte fue exhibida como ejemplo de calidad institucional, cuando al comienzo del gobierno de Kirchner se propició una composición con magistrados de gran prestigio e independencia. Pero con las muertes de algunos de sus integrantes, la senilidad de Fayt y la renuncia de Zaffaroni el prestigio se fue de gira. Hoy, este tribunal enclenque de tres jueces y medio trabaja para parecerse cada vez más a la corte de los milagros del menemismo.

El asunto es muy delicado porque la disfunción judicial vulnera la totalidad del estado jurídico. Si los derechos de un particular o los de las propias instituciones son lesionados por quienes deberían custodiarlos, entonces la ley está en constante vilo y ninguno de nosotros puede estar seguro.

El caso más risible de este derrumbe lo protagonizó el propio Lorenzetti este año, cuando declaró erróneamente como "cosa juzgada" la causa de la voladura de la Embajada de Israel. Lo insólito es que el Supremo desconocía el estado judicial de un caso que está en manos... ¡de la propia Corte! El atentado permanece impune desde 1992 y la responsabilidad de la parálisis es de la Corte: por haber ocurrido en territorio israelí (todas las embajadas son territorio del país que representan), el proceso no puede ser tratado por un tribunal ordinario.

El 1 de marzo último en la Asamblea Legislativa, la presidenta señaló ante los ojos de pánico de Lorenzetti que en 23 años la Corte nunca se expidió sobre el caso:

"También quiero hablar de la Embajada. En 1992 voló la Embajada de Israel, 29 personas murieron, 249 heridos. Ese fue un atentado en territorio israelí, porque la Embajada es territorio israelí. Siempre me ha llamado poderosamente la atención, todavía no puedo entender por qué el estado de Israel reclama por la AMIA y no reclama por la voladura de su propia embajada. Esto me llama la atención, que nadie hable del atentado de la Embajada, que no pudo ser tratado por jueces comunes, porque al tratarse de una Embajada es materia específica y excluyente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sabe alguien cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cuáles son los condenados, quiénes son los procesados, qué fue lo que pasó? ¿Me pueden informar por qué el estado de Israel no reclama por la Embajada?"

Un par de días después, en su bizarro show anual, Lorenzetti se refirió a la causa. "Hubo una sentencia en 1999, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Esa sentencia determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. La sentencia encontró culpable a un grupo: Hezbollah. Esa sentencia está publicada. No podemos modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada". Así pretendió dar por cerrado el caso.

El papelón no podría ser mayor, ya que el juez desconocía una resolución del propio tribunal que preside. Años atrás, la Corte había declarado el atentado contra la Embajada como un delito imprescriptible. Horas después, un comunicado de la Embajada de Israel en Argentina echó por tierra el cierre de la causa postulado por Lorenzetti:

"Como queda referenciado en los acuerdos internacionales sobre la materia, la responsabilidad acerca del cuidado de toda delegación diplomática se encuentra en manos del país receptor de la misma. Es competencia y responsabilidad del Estado argentino investigar el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. (...) En los últimos 23 años Israel ha sostenido la importancia de continuar con las acciones pertinentes en miras de llevar a los responsables a juicio. La prosecución de tal fin, sin lugar a dudas, expresa el interés de ambas naciones".

Es decir, el propio estado de Israel desmintió a Lorenzetti y sostiene hoyuvo que el atentado está impune. El estado argentino es responsable de hacer avanzar esta causa imprescriptible; más específicamente es el Poder Judicial quien debe dar respuesta; para ser más precisos, la Corte Suprema; o sea Ricardo Lorenzetti. (Ver más acá)

Llovido sobre mojado.

La semana pasada este penoso sainete judicial produjo novedades, no en favor de la justicia precisamente. La Corte libró orden de captura internacional contra dos ciudadanos libaneses, por su supuesta participación en la voladura de la Embajada. De modo que no era cosa juzgada. Una reactivación tan tardía (¡23 años!) fue motivada porque la Corte de Lorenzetti acató servicialmente un pedido del gobierno israelí. Una nota de una página que no aporta ninguna prueba fue presentado por la Embajada de Israel en Argentina ante la Suprema Corte. El pseudo-informe israelí señala al libanés Hussein Ibrahim Suleiman como involucrado en el atentado:

“Hizo trabajo de inteligencia sobre el edificio de la embajada. Trasladó el explosivo C4 desde Foz de Iguaçú a Buenos Aires donde estaban otro agentes activos. Alquiló un departamento en los suburbios de Buenos Aires donde se armó la camioneta Ford con los explosivos".

El informe israelí no aporta más precisiones ni acompaña prueba alguna que fundamente esas acusaciones. El paper también señala a José (Hussein) Salman El Reda:

“Nuestra información -sostiene Israel- indica fehacientemente que Samuel estuvo involucrado en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA. Nuestra información también indica, con altas probabilidades, que José (El Reda) estuvo involucrado en la preparación de la infraestructura del atentado contra la embajada, incluyendo la transferencia de fondos desde el Líbano a la Argentina. Es muy probable que el dinero se haya usado para la compra del coche-bomba que luego se cargó con unos cientos de kilos de explosivos y es posible que con el dinero se hayan alquilado propiedades para armar el coche-bomba y para alojar a los agentes operativos que llegaron desde el Líbano”.

La información fehaciente y las altas probabilidades tampoco aparecen fundadas en el paper. No se sabe de dónde sale la información y cuáles son las pruebas que darían fundamento a una persecución internacional. A pesar de esta evidente inconsistencia, la Corte accedió dócilmente a los deseos de Israel y pidió a Interpol la orden de captura de estas dos personas. El procedimiento es de una inconsistencia jurídica alarmante: el máximo tribunal de nuestro país se allana a los deseos de un estado extranjero para perseguir a dos personas sin contar con ninguna prueba que pueda sostener la acusación. Ante la disposición servicial de los Lorenzetti Boys, la Embajada de Israel manifestó su "satisfacción por los avances en la causa" [Risas grabadas].

La Corte de Lorenzetti parece dispuesta a superar sus propios estándares.

Menos mal que Scioli designó a Ricardo Casal como el ministro de justicia de su presunto futuro gobierno. Nos quedamos más tranquilos.