sábado, 31 de octubre de 2015

Un freno para el ajuste macrista en las universidades: una ley prohíbe los aranceles y los exámenes restrictivos


Esta semana ocurrió un hecho de suma importancia política que pasó algo desapercibido en medio del estado de shock en que entró la sociedad argentina después de los resultados de las elecciones del domingo pasado. El hecho al que me refiero está íntimamente vinculado con el período de transición hacia un nuevo período político, cuya forma definitiva es todavía incierta. El Senado aprobó un proyecto del FPV que modifica la Ley de Educación Superior vigente hasta ahora. La nueva ley establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado para con las universidades públicas. La autora de la ley es la diputada Adriana Puiggrós, una experta en temas educativos que milita desde hace décadas en el campo popular.

La ley aprobada es modificatoria de la Ley de Educación Superior Nro 24521, que había sido sancionada en 1995, en el exacto centro de aquella década infame. El proyecto, ahora convertido en ley por los senadores, tenía media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2013,  con el voto afirmativo de todos los bloques, excepto el PRO y el diputado Eduardo Amadeo. En la reciente votación del Senado, Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta de Mauricio Macri, se retiró en el momento de votar.

La ley modificada dejaba abierta la posibilidad de arancelar los estudios universitarios y restringir el acceso por medio de exámenes de ingreso eliminatorios, ya que no prohibía explícitamente estos mecanismos de exclusión social. Aquella ley del 95 ahora modificada estaba en sintonía con el paradigma neoliberal durante cuya vigencia fue sancionada. La nueva ley impide el arancelamiento y los exámenes restrictivos.

La posibilidad del cobro de aranceles y los exámenes de ingreso son una amenaza contra la universidad pública y gratuita. Varios representantes del macrismo empezaron a hablar en los últimos días de la conveniencia de arancelar los estudios universitarios y el propio Macri se declaró contra la creación de universidades públicas como las que se multiplicaron en la última década en el conurbano bonaerense. La ley ahora aprobada será entonces un obstáculo para las intenciones del macrismo de destruir la educación pública.

El gobierno macrista ya electo en la provincia de Buenos Aires y un eventual gobierno nacional de Macri constituyen una seria amenaza contra una entrañable tradición argentina, construída por varias generaciones y diversas corrientes políticas, desde el ideal sarmientino de la educación común, pasando por la reforma universitaria durante el gobierno de Yrigoyen en 1918, y el decreto de Perón de 1949 que prohibió expresamente los aranceles universitarios. Esta tradición democratizante propicia la movilidad social que hace que las clases populares tengan acceso a la formación universitaria, uno de los rasgos que distingue al sistema educativo argentino frente a gran parte del mundo, donde solo las elites sociales tienen acceso a la universidad. Si Macri ganara, intentaría ahogar a las universidades públicas con recortes presupuestarios, beneficiando a las universidades privadas. Esto haría retroceder a la sociedad argentina un siglo. Ni siquiera las dictaduras militares llegaron a cancelar esta tradición ahora amenazada. El gobierno de la Alianza, durante el brevísimo período en el que Ricardo López Murphy fue ministro de economía, anunció un plan de ajuste que se proponía, entre otras brutalidades, recortar drásticamente el presupuesto educativo y arancelar las universidades. La reacción de sectores del radicalismo universitario eyectó a López Murphy de su cargo en pocos días y evitó el arancelamiento. El remplazante fue Domingo Cavallo, que aplicó un recorte peor (con la célebre rebaja de las jubilaciones ejecutada por Patricia Bullrich), pero el arancelamiento universitario ni en ese contexto pudo concretarse.

La nueva ley ordena que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social. El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales de sus jurisdicciones.

En su artículo 2 bis declara: "Los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Prohíbese a las Instituciones de la Educación Superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización."

El artículo 7º dispone que todas las personas que aprueben la Educación Secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el Nivel de Educación Superior. "Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada Institución de Educación Superior debe constituir pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador."

El artículo 58 dispone: "El aporte del Estado Nacional para las Instituciones de Educación Superior Universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el Presupuesto anual General de la Administración Pública Nacional."

En la siguiente entrevista a la autora de la ley, realizada para La Nación por Luciana Vázquez, Puiggrós refuta los argumentos de la periodista en favor de propiciar los exámenes de ingreso restrictivos y el cobro de aranceles. La periodista insiste una y otra vez en propiciar una universidad dedicada a la formación de elites, con el pretexto de que los sistemas de ingreso inclusivos como el CBC representan un gasto desperdiciado en estudiantes que no terminan sus carreras, gasto que sería mejor destinar a la formación de minorías de graduados con saberes ultra específicos. Puiggrós rebate esa concepción elitista alegando que aun los alumnos que no terminan sus estudios ejercen el derecho a la formación superior, que debería reconocerse mediante certificados de las materias que hayan aprobado. Puiggrós reafirma que el conocimiento es un bien que se distribuye colectivamente sin que sea un objetivo excluyente la formación de los alumnos "superdotados". "Yo no creo -dice Puiggrós- que la sociedad salga adelante con superdotados. El hacer inversiones enormes en quienes están superdotados es muy restrictivo y para una sociedad muy chica. Si pensamos en una sociedad que tenga futuro, en una sociedad que crezca, donde haya igualdad y se reconozcan los derechos, tenemos que pensar en la cultura del conjunto. Es la cultura del conjunto la que eleva, no es la cultura de la elite sino la del conjunto la que permite incluso que haya Premios Nobel. Los Premios Nobel no son solo productos del individuo, son productos de las sociedades que han logrado sacar adelante" [a esos individuos].

La periodista reivindica la posibilidad de arancelar los estudios universitarios, ya que "claramente la educación universitaria argentina no es gratuita, la pagamos con nuestros impuestos". Donde el "nuestros" remarca la resistencia de una clase dominante a financiar la educación pública. Puiggrós rechaza esa impugnación de la gratuidad, ya que obviamente cualquier sistema educativo solo puede funcionar en base a una inversión, pero solo el estado puede garantizar una educación igualitaria.