Los 3 deseos del régimen para 2017: la proscripción de Cristina, el ajuste y una masacre por goteo

Es sabido que no habrá reactivación económica en 2017, ni vendrán inversiones productivas. Pero eso era sabido hace un año: ni las medidas que el gobierno tomó al final de 2015 podían hacer posible una lluvia de inversiones, ni una presunta lluvia de inversiones produciría jamás derrame alguno: solo vendrían inversiones (si hubiera capitales disponibles para invertir en el desarrollo en países emergentes, pero cualquiera con dos dedos de frente sabe que no los hay ni los habrá tampoco el año que comienza) si el "costo argentino" -básicamente el salario de los trabajadores- bajara de manera drástica. Y el salario de los trabajadores podría bajar solo mediante una escalada represiva que lo imponga. El intento de reprimir es verosímil en nuestra derecha, puesto que nunca tuvo el menor problema en recurrir a la muerte para imponer sus políticas. Pero si bien una escalada represiva es condición necesaria para bajar drásticamente los salarios, no sería suficiente para atraer inversiones productivas. Con salarios muchos más bajos que los actuales, más bajos que el salario chileno o el colombiano, tampoco es probable que haya capitales internacionales dispuestos a invertir en Argentina.

Entonces: la expectativa de una lluvia de inversiones productivas y un posterior derrame es una tontería que cualquiera con dos dedos de frente sabe que no va a ocurrir.

Las ventas minoristas cayeron 5,4% en diciembre y acumularon un año a la baja

El problema económico para el gobierno, desde su propia óptica - ni hablemos de justicia social, algo que para el equipo de Peña y Rozitchner hay que dejar definitivamente en el pasado - es el déficit fiscal. Pero Dujovne no es la persona que puede disminuir el déficit fiscal, así como Prat Gay no era la persona culpable del déficit fiscal. El déficit fiscal es el precio de la gobernabilidad. Es el goteo de fondos que el gobierno nacional cedió a las provincias para que los gobernadores presionaran a los senadores a que voten las leyes estructurales (el régimen de participación público privada, el pago a los buitres, la anulación de la ley de Medios, el engendro en que quedó convertido el Impuesto a las Ganancias, la Ley de Presupuesto, la designación de jueces lobbystas de las corporaciones en la Corte). 

El déficit fiscal también es el precio de las dádivas con que Carolina Stanley mantiene en raya al movimiento Evítala y los fondos liberados para que los burócratas sindicales vuelvan a manejar para ellos (no para los trabajadores) la guita de las obras sociales. El macrismo no pudo bajar el déficit fiscal no por culpa de Prat Gay, sino gracias al ala política (los Frigerio, Monzó, Stanley) que se vio en la necesidad de untar los bolsillos del triunviro cegetista, Pérsico, el Chino Navarro, Pinochetto, Bossio, para lubricar la gobernabilidad argentina. El bipartidismo sistémico. Con un 25% de la población afuera, pero contenida por los programas sociales de la CTEP y Evítala, con la indulgencia distraída de la CGT y la bendición del Papa. Mientras los referentes sociales y sindicales argentinos citen al Papa como referencia, estaremos transitando un tobogán de empobrecimiento negociado. Esto conduce a un dilema entre déficit/represión. Sube la represión para que baje el déficit. Sube el déficit para no tener que recurrir a la represión.

El problema de la derecha argentina no se resuelve entonces porque Prat Gay, el presunto deficitario, sea sustituido por Dujovne, el presunto ajustador. El problema de la derecha argentina es llegar a agosto sin que haya que reprimir brutalmente el conflicto social, haciendo un ajuste amortiguado por la parálisis cegetista y con una miseria administrada entre Carolina Stanley, Pérsico y el Chino Navarro. Otro plan no hay. Perder las elecciones es peligroso para ellos, pero bajar el déficit fiscal implica bajar el empleo, abrir las importaciones, bajar el salario, subir las tarifas, ponerle un tapón al dolar hasta octubre, mientras los países vecinos devalúan y las ventajas competitivas de la economía argentina se resienten. Ya se sabe que los tarifazos de enero y febrero están dispuestos, la viabilidad de las nuevas alícuotas del impuesto a las ganancias está por verse, tanto como los efectos contenedores de la ley de Emergencia Social. Es probable que se trate de un fraude, de anuncios falsos como la meneada y fraudulenta "reparación histórica" a los jubilados.

En resumen: la gobernabilidad es costosa para la necesidad de bajar el déficit pero insuficiente para garantizar la paz social. Entonces lo que deben resolver es cuánta represión puede ser tolerable, cuánto soborno necesitan los burócratas sindicales y sociales, cuánto se puede planchar el dolar hasta las elecciones a costa de competitividad, cuánto se pueden subir las tarifas sin que se arme quilombo, cómo mantener sofocada la inflación mediante una baja de la demanda, qué ritmo de despidos hace menos perceptible el desempleo, qué densidad de humareda mediática hace menos perceptible la malaria, cómo va a a disponerse la devaluación después de las elecciones, cómo asegurarse de que esa devaluación no se discuta en paritarias futuras y los salarios vuelvan a quedar atrás, qué más cederle a la burocracia para que duerma a sus bases.

Hay que llegar a las PASO.

Este es el contexto en el que se explica la ofensiva judicial de las dos últimas semanas de 2016. Ni vale la pena ponerse a analizar la consistencia jurídica de las condenas a Milagro Sala por el acampe y por los huevazos que ella no hizo ni mandó a hacer. En esa matriz de la falta de prueba y la inatinencia lógica se prefigura el marco "jurídico" (de alguna forma hay que llamarlo) de que la derecha dispone para hacer gobernable la Argentina. Jujuy no es la excepción: es el laboratorio de prueba para extender el disparate tribunal a todo el país. El procesamiento de Cristina por asociación ilícita y la reapertura de la denuncia de Nisman contra Cristina y Timerman por traición a la patria tienen la misma matriz que se aplicó en Jujuy: no hacen falta pruebas, ni tampoco razonamientos válidos. No se los va a encontrar entre los fundamentos de la condena a Milagro ni tampoco en el procesamiento de Cristina. La base de sustentación de estos dislates judiciales no hay que buscarlos en ningún recoveco legal, sino en el aguante que le hace al gobierno y propala hacia la sociedad la corporación mediática del régimen, la que gobierna más que Prat Gay, Dujovne o Carolina Stanley.

El programa de gobierno no hay que buscarlo en ninguna llegada de las inversiones productivas con las que la derecha se hiciera ilusiones. Ya no se las hacen ni pueden trasmitírselas a sus consumidores de expectativas. El programa de la derecha está expresado, en su oscuro pesimismo económico, en las columnas de Clarín y La Nación de este fin de semana: Cristina debería ir presa por 25 años -según Blanck: "Que empiece peor, como lo está empezando, y que lo termine horrible"-; Rodríguez Larreta debe ponerle mano dura a la protesta social -según Morales Solá y Fernández Díaz-; el ultra kirchnerismo está pasando a su fase violenta y atentó en Neuquén y Mar del Plata contra la vida del presidente, por lo que debe declarárselo fuera del sistema y reprimirlo como una amenaza al orden constitucional -lo dice Morales Solá: "En Villa Traful y en Mar del Plata, los grupos violentos fueron identificados después como adscriptos al kirchnerismo, que ahora se reduce al cristinismo duro y cerril"-. No hay pruebas del ataque a piedrazos a la camioneta de macri en Neuquén, así como no se probó que Milagro Sala instigue a tirarle huevazos a Morales. A estos jueces ya no les importa probarlo. Es posible que en futuros dictámenes citen las columnas de Blanck, Morales Solá y Fernández Díaz para condenar a los dirigentes de ATE neuquinos y a Cristina como instigadora. Sería risible, si no fuera que con el mismo método se encarceló durante ya un año a Milagro y se la proscribió políticamente por los próximos tres.

"Es inexorable que vaya presa". Margarita Stolbizer celebró el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa por corrupción en la obra pública. "Observando el avance de la causa, aparece como un destino inexorable", que sea detenida, dijo. Stolbizer, socia política de Sergio Massa, el peronista tolerable para un nuevo bipartidismo. Si a pesar de la agobiante campaña de demonización Cristina se mantiene como la líder opositora que concentra más adhesiones, el programa que considera la derecha es su proscripción. Necesitan tantear qué grado de tolerancia tendría el establishment político ante esta incierta maniobra: los Pichetto, los Massa, los Schmid, los Daer, los Pérsico, los Navarro.

Las columnas de Clarín y La Nación pueden parecer disparatadas si se las toma como piezas retóricas. No lo son si se las sitúa en su contexto. Diseñan la sociedad posible para que un partido del ajuste y el endeudamiento supere con éxito el peligro de la primera elección de medio término. 

Los jueces están haciendo en Argentina el trabajo sucio que en Brasil hicieron los senadores. A Dilma se la derrocó sin pruebas. Parece inverosímil, pero es cierto. El problema en Brasil es que Temer, después del golpe, tuvo que seguir gobernando. El problema de macri es que después de una escalada represiva que deje al kirchnerismo fuera del sistema y endurezca la represión, tendría que seguir gobernando y bajar los salarios hasta el nivel que el capital trasnacional considere tolerable, flexibilización laboral incluida. La flexibilización se intentó en las últimas décadas muchas veces: durante el alfonsinismo, durante el menemismo, durante el delarruismo. No se pudo. En todos esos casos hubo un sector de la dirigencia gremial que puso el freno a esos intentos. ¿Serán Daer, Schmid y Acuña los dirigentes que le pongan freno a este nuevo intento? A juzgar por el brindis en Olivos de la semana pasada o no lo están advirtiendo o no les importa. ¿Se propondrán como los administradores de la flexibilización casi indolora, mientras el Evítala conjura la emergencia social repartiendo un cacho de pan dulce en la mesa de los pobres? Que todo esto salga bien requiere que demasiadas circunstancias se alineen. Si la derecha lograra proscribir a Cristina y convertir el kirchnerismo en una mala palabra, todavía queda una base social a disciplinar: hace falta naturalizar la muerte sistemática. "Bajar la edad de imputabilidad" empieza a tantear el ministro de "justicia" un clima propicio para preparar la masacre social, con la segura anuencia de massismo y el entusiasmo de un sector no menor de la clase media. 

Un endeudamiento sideral cuyo pago quede en parte pendiente para futuras generaciones es parte del menú del régimen. Quizá no sea un simple recurso extremo, sino su misma razón de ser. Pero para que este paquete de ajuste, deuda, pauperización, administración de la miseria, abolición del estado de derecho, proscripción y represión sea sustentable hace falta algo más: masivos sectores medios deben sumergirse en una ciénaga de autoengaño, de efecto enloquecedor.

No sería la primera vez que los sectores medios avalan un régimen de ajuste y represión. Lo hicieron entre 1975 y 1982. Lo habían hecho antes entre 1955 y 1972. 

El régimen de ajuste y represión no se paga solo con deuda: requiere un grado de demencia colectiva. 

Lean las columnas políticas del último fin de semana de los diarios del régimen. Ahí están las semillas de la locura. ¿Es un programa improbable? En la potencia más grande de la tierra está por asumir Donald Trump. Lo dejo a tu criterio.