Santiago Maldonado

Santiago Maldonado
Con vida te queremos

martes, 10 de septiembre de 2013

Intendentes, policías, jueces, delincuentes

Nota del editor: Ahora que el tema de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires está en el foco de atención de todos, a partir de la designación del intendente de Ezeiza Alejandro Granados como titular del nuevo Ministerio de Seguridad provincial, y también por las extemporáneas declaraciones de Martín Insaurralde acerca de la participación de menores en delitos, vale la pena remarcar, más allá de los nombres y de las campañas electorales, cuál es el punto crítico de cualquier política de seguridad bonaerense: la difusa frontera entre el delito organizado, el poder policial, el poder judicial y el poder territorial de los intendentes. Este, junto con la anquilosada burocracia sindical, es uno de los problemas estructurales que el kirchnerismo hereda del peronismo y que la década ganada no ha acertado en reolver. Necesario es remarcarlo ahora en que muchos peronistas orotodoxos y ex kirchneristas renegados creen que la salida superadora del kirchnerismo va a venir por el lado de "los territoriales" del Conurbano Bonaerense. Por eso creo que vale la pena leer lo que escribe Julián Axat, poeta y además defensor oficial ante el fuero penal juvenil:

1) La democratización de la justicia de la Provincia de Buenos Aires no debería ser leída en los mismos términos que el proceso de la democratización de la justicia Nacional. Las relaciones de poder de la Justicia Federal con las corporaciones, no es la misma que el tipo de relación que se teje entre el poder judicial local-corporaciones locales. Las relaciones de poder del Poder Judicial Provincial se han producido históricamente de otro modo, y no en la forma que lo han hecho las Estructuras Judiciales Federales. Mientras las Estructuras Judiciales Federales han tenido una fuerte relación histórica -y de dependencia- con fuerzas armadas, Obispado, fuerzas de seguridad nacionales y de inteligencia, el capital prebendario y el mediático concentrado; las Estructuras Judiciales Provinciales, si bien han tenido también influencia de las mismas; han recibido mayor influencia y dependencia de lógicas de facción y corporaciones territoriales. Así por ejemplo: las Intendencias, La Curia local, los Colegios de Abogados de cada circunscripción, las Asociaciones de Magistrados por departamento, las Facultades de la jurisdicción; los Foros de Vecinos, y Policías asignados a la jurisdicción; las que a su vez están en coordinación jerárquica con la política de turno desde (y hacia) la Gobernación, Legislatura Bonaerense y Poder Judicial central (Suprema Corte y Procuración).
2) El mayor poder fáctico con capacidad de entrismo en el Sistema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no es un grupo mediático, es el poder policial desgobernado y diseminado como red en todo el territorio, con capacidad de captación y regulación de la conflictividad social de los sectores vulnerables. La Policía Bonaerense y su vínculo histórico con la regulación del delito en los territorios de toda la provincia (Selectividad, Narcotráfico, Juego, Trata, Desarmaderos, crimen organizado, etc.) poseen la cobertura necesaria que le garantiza el poder judicial (a través de la descentralización pergeñada entre el Ministerio de Seguridad y Ministerio Público y el contacto con sectores de la intendencia) para su despliegue.
3) La democratización de la justicia de la Provincia de Buenos Aires implica colocar en crisis (de legitimidad) el mapa de relación que le permite al poder judicial provincial brindar cobertura al narcotráfico, el juego, la trata y el crimen organizado, amparado por el sistema policial provincial. Mientras asegura los negocios de sectores ilegales, el poder judicial provincial bloquea “a través de prácticas clasistas” el servicio de justicia impidiendo el acceso a derechos de a vastos sectores populares; manteniéndolos a raya con una estructura policial autogobernada, selectiva y demagógica. Por eso la el activismo garantista inteligente, responsable y colectivo, así como el incentivo de políticas de ruptura del autogobierno policial; son formas de oponerse y quebrar el sistema de encubrimiento y selectividad.

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