domingo, 24 de enero de 2016

Rechazo a la declaración de emergencia en seguridad

Documento de los grupos Acuerdo por la Seguridad Democrática y Convergencia, firmado por Verbitsky, Sarlo, Garré, Arslanián, Pérez Esquivel, Taiana, Binner, Solá, Gargarella, Artaza, Abal Medina, Svampa y Donda, entre otros



Referentes de la cultura, la política, organizaciones sociales y organismos defensores de los derechos humanos emitieron un documento en el que rechazan los términos de la declaración de emergencia en seguridad decretada por el gobierno de Macri. La crítica, publicada ayer en la página web del Acuerdo por la Seguridad Democrática, reúne a personas de posiciones políticas muy diversas, como León Arslanian, Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Marcelo Saín, Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hermes Binner, Felipe Solá, Martín Becerra, Eduardo Rinesi, Roberto Gargarella, Pablo Alabarces, Juan Gabriel Tokatlian, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Juan Sasturain, Carlos Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Gabriel Puricelli, Nito Artaza, Juan Manuel Abal Medina y Victoria Donda, entre otros.


El Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta.

El decreto expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es “la principal amenaza a la seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales. Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.

El decreto caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio. Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior.

Las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia.

La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Por ejemplo, se autoriza la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y que no aporta nada positivo, pero que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales reforzados, que mantienen los mismos problemas de violencia y corrupción, son luego destinados a operativos de saturación en barrios pobres, sumando un problema más a las situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos de estos barrios. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamento y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales.

La declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados.

La declaración de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero. Al mismo tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas políticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control. Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado para enfrentar los complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños.

Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia. Diversos espacios políticos, sociales y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, venimos planteando que la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia: León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Gastón Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, María Victoria Pita, Marcelo Saín, Sofía Tiscornia, Paula Litvachky, Marcela Perelman, Manuel Tufró, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique del Percio, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez Ocampo.

Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Solá, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Rut Diamint, Carlos Acuña, Victoria Donda, Gabriel Puricelli, Juan Manuel Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan Pablo Cafiero, Roberto Gargarella, Germán Montenegro, Alicia Pierini, Manuel Garrido, Eduardo Rinesi, Ana Jaramillo, Hernán Patiño Mayer, Humberto Tumini, Juan Sasturain, Carlos Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Paula Canelo, Khatchik Derghougassian, Pablo Bergel, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Gabriel Anitua, Hugo Spinelli, Andrea Catenazzi, Silvia Guemureman, Virginia Manzano, Sebastián Pereyra, Máximo Sozzo, Esteban Rodríguez Alzueta, Alberto Schprejer, Mario Pecheny, José Garriga Zucal, Natalia Bermúdez, Alejandra Otamendi, Martín Becerra, Juan Tapia, Pablo Alabarces, Alberto Bovino, Ileana Arduino, Jorge Ceballos, Roberto Cipriano, Victor Mendibil, Gabriel Ganon, Alejandro Grimson, Lila Caimari, Diego Tatián, Susana Morales, Magdalena Brocca, Natalia Federman, Alfredo Lazzeretti, Graciela Cousinet, Federico Masso, Isaac Rudnik, Edy Binstock, Ángela Oyhandy, Juan Carlos Manoukian, Gabriel Bombini, Eduardo Tavani, Pablo Semán, Cecilia Ales, Daniel Lvovich, María Marta Bunge, Norberto Alayón, Daniel Badenes, Diego Sztulwark.

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ANDHES, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel (Universidad Nacional de Córdoba), Xumek, Organización Barrial Tupac Amaru, Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP).

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