jueves, 30 de noviembre de 2017

La gran marcha



A la historia a veces se le antojan cosas. Por ejemplo, ayer a la tarde en la Plaza Congreso hubo un inmenso acto de los trabajadores, quiz谩s el m谩s grande que no haya sido convocado por la CGT. El triunvigato qued贸 atrapado en su matriz bur贸crata, macartista, alejado de las bases trabajadoras para siempre. La enorme multitud fue convocada por un frente sindical en cuyo n煤cleo se encuentra la Corriente Sindical Federal (Bancarios, Gr谩ficos, Aceiteros) a la que se agregan las CGT Regionales,  las dos CTAs, gremios docentes, los camioneros de Pablo Moyano, columnas de izquierda, organizaciones sociales como la CTEP y otros sindicatos m谩s chicos cuya representaci贸n es detra铆da por el triunvigato.

Cientos de miles que desmienten que la mora de la CGT por convocar a un plan de lucha se deba a un estado de conciencia aletargado de los trabajadores. Durante los dos a帽os de macri, la CGT nunca cumpli贸 con el rol que la historia le asigna: ponerse al frente del movimiento obrero organizado.  En cambio, escribi贸 su verdadera historia: defraudar, claudicar, arrugar, burlar a los suyos y postrarse a las clases dominantes. Como ayer dijo Micheli, la CGT convoc贸 en septiembre a un acto en Plaza de Mayo en el que deseaba que fueran pocos trabajadores y en cambio la multitud fue desbordante, as铆 que el 煤nico orador, el opaco Schmid, lo termin贸 antes de empezar. La actual conducci贸n de la CGT sufre de un extra帽o p谩nico esc茅nico. La 煤ltima vez que el triunvigato se junt贸 en un palco en la calle fue humillado por las bases que los putearon por no poner la fecha de un paro general y le tiraron abajo el atril, en otra imagen a recordar por a帽os. Daer, Acu帽a y Schmid fugaron despavoridos, por miedo a sus representados. Evidentemente est谩n m谩s c贸modos en el despacho del ministro Triacca, el liquidador de los derechos laborales, uno de los personajes m谩s sinestros del actual r茅gimen, pr贸digo en personajes siniestros.

Entonces la historia puede contarse desde dos puntos de vista: desde los que no fueron, los gordos bur贸cratas atornillados a sus sillones desde hace d茅cadas, lejos de sus bases y preocupados, como justifica el bloguero de la ortodoxia peronista Abel Fern谩ndez, por preservar sus organizaciones (no a sus representados).

Pero es mezquino contar la historia desde el punto de vista de los que ayer no fueron, aunque no deje de ser un dato de masiva gravitaci贸n para el futuro de los trabajadores. De hecho, si la conducci贸n hubiera ido, quiz谩s habr铆a sentado las bases pol铆ticas para que a la noche el senado viejo, orquestado por Peceto, no pudiera darle media sanci贸n a la infame ley que condena a la miseria a millones de jubilados. Ese es el precio de su ausencia.



Pero la clase trabajadora demostr贸 que era falso que su estado de conciencia a煤n no da para convocar un plan de lucha contra el ajuste y la represi贸n. El pueblo est谩 disponible: los l铆deres convocantes ayer se legitimaron en la lucha y los ausentes se quedaron afuera por sus propias imposibilidades.

Por este motivo, esta Plaza es hist贸rica, por su calidad y su cantidad. Estos miles son una parte de muchos otros que el r茅gimen quiere dejar afuera. Con ver los medios de comunicaci贸n, preocupados por el suicidio de una modelo o por el no acontecimiento del no hallazgo del submarino extraviado, uno pod铆a advertir cu谩les son los sectores sociales que el actual r茅gimen quiere excluir. No precisamente a los kirchneristas, no necesariamente a los mapuches, aunque el r茅gimen sea capaz de exterminar a los mapuches y proscribir al kirchnerismo, lo que tiene que dejar afuera macri es el pueblo que ayer fue a la Plaza.



Bendita historia: unas horas despu茅s Peceto dej贸 dicho para los a帽os que "nos toca la ingrata tarea de acompa帽ar estos acuerdos porque creemos que los pactos deben cumplirse". ¿Qu茅 pactos deben cumplirse, Peceto? ¿C贸mo llegaste a esa banca? Claro que es ingrata tu tarea: no hay dios que te rescate de tu infierno y el de tu elenco de traidores del mandato popular que los puso en sus bancas. Ya te queda poco y lo est谩s despilfarrando mal, vas a ser recordado como uno de los gestores de la opresi贸n: facho, desleal, corrupto, cretino, detrito de los pol铆ticos profesionales. La historia no te va a absolver nunca. Est谩 bien que te haya tocado tu tarea ingrata el d铆a en que se congreg贸 ese mont贸n tan cerca tuyo y tan lejos de vos. Aportaste como pocos a disipar el equ铆voco pelotudo y est茅ril del panperonismo. Mientras vos est茅s al comando del colaboracional-peronismo, queda expuesta la fractura de la imposibilidad de una unidad indeseable. No hay manera de juntarse con vos y tus secuaces, Peceto, en nombre de un peronismo fantasmal y par贸dico. La unidad se dio en la calle y con vos no cuenta. Ayer cerraste la puerta y tiraste la llave. Le regalaste la vida de los jubilados al r茅gimen gorila y asesino de macri. Qu茅 bien, Peceto, nos ahorraste tantos caracteres para explicar que la unidad no puede pasar ni va a pasar ya nunca m谩s por el panperonismo. Tampoco por el antiperonismo para el que vos trabaj谩s. Hay una unidad forj谩ndose, esa unidad es necesaria y es inevitable: es la unidad del pueblo que te deja en la esquina para siempre, narig贸n del siglo.




Morales Sol谩 en La Naci贸n cuenta esta historia de modo jocoso: dice que el acto de ayer es la fractura del peronismo, porque durante todos estos meses trat贸 de construir un objeto discursivo llamado peronismo deskirchnerizado, al igual que los massistas y otros apaname帽ados a la ilusi贸n de una unidad peronista consistente. De un lado y de otro, de la ultraderecha neoliberal a la derecha colaboracional-peronista estuvieron pujando por deskirchnerizar la 茅poca. La marcha de ayer  no fue kirchnerista, pero supone al kirchnerismo como pre-condici贸n. El pueblo sale a defender lo que gan贸 en estos doce a帽os, lo saben de sobra todos y quisieran escribirlo de otra manera, p贸nganle el nombre que quieran pero es as铆. El peronismo deskirchnerizado es la mueca dura de Peceto cuando ve entrar a Cristina senadora. La historia es caprichosa y quiso que la marcha se hiciera el d铆a en que Cristina jur贸 como senadora. Va a conducir un bloque minoritario en el senado en el que por menos de dos a帽os todav铆a campear谩 Peceto. Pero Cristina es la que va a abrir la ventana de esa c谩mara para que entre el aire de la calle, lo que macri quiere dejar afuera. Basta comparar la sonrisa confiada de Cristina con el gesto del tipo amargado por su propia hiel, miren la foto. 脡l sabe que su legitimidad mengua en proporci贸n directa a la fuerza de la voz de Cristina en el Congreso. Cristina convoc贸 a sus militantes a sumarse a la marcha de los trabajadores, la m谩s grande que se haya hecho sin la convocatoria de la conducci贸n cegetista. La historia tiene caprichos.

La historia quiere que m谩s o menos a la misma hora sean condenados a perpetua los genocidas de la ESMA, cuarenta a帽os despu茅s de los vuelos de la muerte, ayer los malditos voladores fueron condenados. La historia tiene caprichos: condena a los genocidas de hace 40 a帽os mientras el jefe de estado apa帽a a los asesinos de Santiago Maldonado y Rafita Nahuel. El terror de estado est谩 volviendo: "Hay que volver a la 茅poca en que cuando la polic铆a daba la voz de alto hab铆a que entregarse" dice el jefe de estado, habilitando todos los asesinatos que a la cana se le canten. La derecha hace pol铆tica con la muerte, siempre Es lo que Jos茅 Natanson llama una derecha moderna. A veces la historia es fea, pero siempre veraz. Ver谩s.

mi茅rcoles, 29 de noviembre de 2017

La reforma previsional que responde a las demandas del FMI har谩 perder a los jubilados casi un mes entero de sus haberes en un lapso de dos a帽os

Estafa descomunal a los jubilados: se presenta como una mejora lo que resultar谩 su empobrecimiento (a煤n con la "mejora" del cenador Peceto) con el fin de disminuir el d茅ficit fiscal autoprovocado 





Seg煤n un informe del Observatorio de Pol铆ticas P煤blicas de la Universidad de Avellaneda, entre las reformas estructurales que se propone imponer el r茅gimen macrista, algunas con el apoyo de la conducci贸n oficial de la CGT y con el aliento de los organismos financieros internacionales y las clases dominantes de la Argentina, puede ser que la reforma previsional sea la m谩s peligrosa. Esto es as铆 por su amenaza al bienestar de las generaciones actuales y futuras. El debate del Proyecto de Ley presentado en estos d铆as por el macrismo es nada m谩s que un anticipo de la reforma integral que el Ejecutivo pretende imponer en 2019, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisi贸n conformada  bajo la 贸rbita del Ministerio de Trabajo. 

En esa transici贸n a la reforma total del r茅gimen se pavimenta el terreno a partir de un conjunto de cambios t茅cnicos que disminuyen el peso del sistema previsional sobre los fondos p煤blicos. Como contrapartida, este retiro del estado del sistema previsional atenta contra los beneficios a otorgar. La prenda de cambio para negociar la baja de las jubilaciones es el compromiso de que los fondos ahorrados en el sistema previsional compensar铆an lo que las cuentas provinciales perder谩n por la reforma tributaria y el pacto fiscal. La baja de los subsidios a los servicios y del gasto social (principalmente sobre seguridad social) se propone cerrar el c铆rculo de 2018 en materia fiscal. Sin ajuste en estos rubros, el cumplimiento del objetivo de d茅ficit primario del 3,2% es imposible. La decisi贸n del Ejecutivo de seguir esta direcci贸n, no surge de una lectura introspectiva sobre los limitantes de nuestro sistema. No es m谩s que una r茅plica exacta de las prescripciones dictadas por el FMI hacia nuestro pa铆s en su informe anual.

¿Cu谩les son los puntos clave de la reforma previsional que impula el gobierno? ¿Qu茅 consecuencias econ贸micas tiene el cambio en la f贸rmula de movilidad en el aumento de las jubilaciones?:

Urgido por los desequilibrios macroecon贸micos y las exigencias de los organismos internacionales, el gobierno present贸 estos proyectos de reforma impositiva y previsional para ser aprobados en el Congreso. En materia jubilatoria, el objetivo central del proyecto es la modificaci贸n de la Ley 26.417 sancionada en 2008, por la cual se calcula a煤n hoy el aumento de las jubilaciones. Antes de la ley hoy vigente, las jubilaciones aumentaban discrecionalmente a voluntad del Ejecutivo. A partir de marzo de 2009, los jubilados tienen dos aumentos anuales (marzo y septiembre) que se indexan mediante una f贸rmula que considera variables de relevancia como los recursos de la ANSES y la variaci贸n salarial de los empleados registrados. Con el cambio propuesto por el macrismo, las jubilaciones se ajustar铆an trimestralmente a partir de un 铆ndice ponderado, compuesto por un 70% de la inflaci贸n calculada por el INDEC y (seg煤n la modificaci贸n propuesta por el senador oficialista Miguel Peceto) un 30% del 铆ndice de salarios registrados RIPTE. La presentaci贸n del proyecto fue justificada por el macrismo con la excusa de la sustentabilidad, argumentando que el sistema previsional argentino se encuentra “virtualmente” quebrado. El oficialismo alega que la suma de los aportes de los trabajadores activos no son suficientes para seguir pagando las jubilaciones actuales y menos todav铆a la proyecci贸n a futuro.

Pero estos argumentos eluden un fondo m谩s complejo. Los fondos para financiar el sistema previsional no solo se nutren de los aportes de los trabajadores activos, por lo que la abundancia o escasez de recursos escapa a la l贸gica de funcionamiento de la ANSES. De hecho, hoy este organismo recibe alrededor de un 40% de sus fondos de recursos tributarios (principalmente impuestos a las ganancias e IVA). El macrismo se urgido a discutir la sustentabilidad del sistema previsional a causa del alt铆simo d茅ficit fiscal autoprovocado por la eliminaci贸n de las retenciones a las exportaciones agr铆colas o el desorbitado incremento en los pagos de servicios de la deuda en los 煤ltimos dos a帽os. Si se hubieran tomado otras medidas financieras, tributarias y econ贸micas, las condiciones presupuestarias ser铆an distintas y se podr铆a seguirr pagando las jubilaciones con la f贸rmula actual.

Los cambios buscados significar谩n un ahorro para el Estado y un recorte de los ingresos de los jubilados. Las cifras del ahorro var铆an entre los 100.000 y 150.000 millones de pesos al a帽o (habr铆a que ver la evoluci贸n de la recaudaci贸n y de la inflaci贸n futura). Sin embargo, el anuncio se present贸 enga帽osamente como una forma de preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ya que 茅stas se ajustan –al menos en parte- por la inflaci贸n. Pero se debe considerar que los jubilados y pensionados tienen una estructura de gasto mensual muy distinta al de la etapa de edad activa. Diversos estudios establecen que la canasta de consumo de un jubilado tuvo un incremento mayor que el IPC. Por lo tanto, atar las jubilaciones al IPC no garantiza la mantenci贸n del poder adquisitivo de los haberes, sino todo lo contrario: ocasionan un notable perjuicio para los jubilados.

El 煤ltimo aumento, en septiembre del corriente a帽o, fue de 13,3%. Con la nueva f贸rmula, la jubilaci贸n alcanzar铆a los $7.660, es decir una suba de $414 o de 5,7%. Se trata de un c谩lculo que perjudica a los jubilados porque, en la pr谩ctica, la indexaci贸n se realiza con un desfasaje temporal hacia atr谩s. Si bien se implementar铆a a partir de marzo de 2018, para el incremento se tendr铆a en cuenta la evoluci贸n del IPC de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Es decir, los jubilados perder铆an varios meses de indexaci贸n y recibir铆an esa compensaci贸n por la inflaci贸n con medio a帽o de retraso. En cambio, teniendo en cuenta la f贸rmula a煤n vigente, el aumento calculado estar铆a en torno a 13,2%.

Por lo expuesto, despu茅s de a帽os donde los jubilados tuvieron notorias mejoras en t茅rminos de poder adquisitivo, las nuevas condiciones imperantes (en materia legislativa, pol铆tica y econ贸mica) marcan un nuevo retroceso.

DE D脫NDE VIENE EL SISTEMA

El paradigma que se sostuvo en el per铆odo 2003-2015 ten铆a una visi贸n signada por la valoraci贸n del Estado de Bienestar, comprendiendo que la mejora sistem谩tica de las jubilaciones era una de las piezas m谩s importantes para la construcci贸n de una econom铆a s贸lida, con un mercado interno pujante gracias a la existencia de m谩s argentinos incorporados al consumo. As铆 y todo, el escenario inicial en materia previsional era sumamente complejo. Basta recordar que la jubilaci贸n m铆nima de aquel entonces era de $200. Esa suma era percibida s贸lo por los que hab铆an cumplido los requisitos para jubilarse, ya que aproximadamente un tercio de los jubilados no ten铆an protecci贸n efectiva alguna por parte del Estado a pesar de su entorno de vulnerabilidad.

Las decisiones del anterior Gobierno para subsanar esta situaci贸n se pueden agrupar en tres grandes conjuntos:

 Una primera etapa, desde el 2003 hasta el 2007 se bas贸 en el sustancial aumento en las jubilaciones m铆nimas. Dado el gran desfasaje causado por el congelamiento que sufrieron en la d茅cada de los ’90, era urgente resolver la situaci贸n de quienes menos percib铆an y quedaban relegados por debajo de la l铆nea de la pobreza. As铆, en los 5 a帽os transcurridos, la jubilaci贸n m铆nima de $200 subi贸 un 198,2%, un porcentaje muy superior al 56% de alza de precios verificado en esel per铆odo.

 En segundo lugar, se ampli贸 la cobertura previsional. Esto se alcanz贸 por medio de las dos moratorias jubilatorias implementadas en los a帽os 2005 y 2014. El porcentaje de adultos mayores que pudieron gozar de su derecho creci贸 enormemente, alcanzando una virtual universalizaci贸n del beneficio superior al 97% hacia fines del a帽o pasado. En la moratoria de 2005 se incorporaron casi 2,7 millones de jubilados, lo cual llev贸 la cobertura desde el 66,1% hasta el 93,8%. En la de 2014 se sumaron m谩s de medio mill贸n de adultos mayores. Aproximadamente el 70% de quienes se acoplaron a las moratorias fueron mujeres, lo cual permite equilibrar la composici贸n de g茅nero de la masa total de jubilados, que hist贸ricamente hab铆a mantenido una asimetr铆a marcada.

 El tercer gran conjunto de mejoras se encuadra bajo la denominada Ley de Movilidad Previsional, N° 26.417,  de octubre de 2008. Por medio de ella, se fij贸 un criterio objetivo de subas bianuales (en marzo y septiembre) para recomponer peri贸dicamentelas jubilaciones, evitando las disparidades que se produc铆an con los que no ganaban la jubilaci贸n m铆nima. El resultado de esta Ley fortaleci贸 la verdadera reparaci贸n hist贸rica ocurrida en los 煤ltimos doce a帽os: a lo largo de los catorce aumentos semestrales otorgados se logr贸 incrementar los haberes en un 523%, muy por encima de cualquier 铆ndice de inflaci贸n (por ejemplo, la consultora de Bein computa un 370% de avance de precios en igual per铆odo). Adem谩s, la decisi贸n pol铆tica de la f贸rmula por la cual se determina el incremento de cada semestre no fue neutral. Se incorpor贸 tanto la variaci贸n de los salarios como los ingresos tributarios totales y la recaudaci贸n del sistema previsional. Esto permiti贸 evolucionar las jubilaciones muy por encima de otras formas de c谩lculo de la movilidad que se propon铆an en el momento en el que se sancion贸 la Ley. Por ejemplo, si para el per铆odo que va entre 2009 y 2015 se hubiera aplicado el 铆ndice RIPTE (铆ndice del proyecto de Ley del macrismo-pecetismo) en vez de la movilidad previsional, las jubilaciones hubieras crecido 510% en lugar de 523%. Por otro lado, si se hubiera computado en relaci贸n al 铆ndice de salarios (como se exigi贸 en el caso Badaro), la mejora lograda hubiera sido tan s贸lo del orden del 443%.

El lugar que ocup贸 la seguridad social y la jerarquizaci贸n del sistema previsional fueron los grandes pilares del proceso econ贸mico 2003-2015. Partiendo de una situaci贸n acuciante del poder adquisitivo de las jubilaciones, se logr贸 no s贸lo la mejora sistem谩tica de sus ingresos, priorizando primordialmente a los que menos percib铆an, sino tambi茅n garantizar a todos los adultos mayores un piso de protecci贸n infranqueable. Adem谩s, la mejora peri贸dica de las jubilaciones en funci贸n a par谩metros objetivos, elimin贸 la discrecionalidad e impidi贸 por Ley que eventuales cambios en el plano pol铆tico afectasen los derechos de los jubilados.

- Acerca del Fondo de Garant铆a de Susutentabilidad

A mitad de 2007, el Ejecutivo promulg贸 el decreto 897/2007 que cre贸 el Fondo de Garant铆a de Sustentabilidad (FGS) con el objetivo de que fuera un fondo de estabilizaci贸n ante eventuales desbalances e insuficiencias de los recursos del r茅gimen previsional p煤blico. Esta medida fue el antecedente directo de la creaci贸n del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que unificaba las funciones del viejo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, consolidando los beneficios bajo un sistema p煤blico de reparto. En t茅rminos concretos, se termin贸 as铆 el r茅gimen mixto, dando eliminando el negocio de las AFPJ que hab铆an registrado ganancias por encima de los U$S 90.000 millones en 14 a帽os de vigencia, a partir del cobro de comisiones usuarias en torno al 40% de los ahorros aportados por los trabajadores activos.

La creaci贸n del SIPA, implic贸 moverse a un sistema de solidaridad intergeneracional en el cual los activos de un determinado per铆odo financian las jubilaciones de los trabajadores retirados de ese momento, con la ventaja de que la Anses no percibe ninguna comisi贸n por la administraci贸n de los fondos, lo que implica cuantiosos ahorros en favor del sistema previsional.

Con esto, el FGS ha sido una herramienta poderosa para garantizar la solvencia del sistema y fomentar el desarrollo econ贸mico. Esto no es menor ya que, a diferencia del sistema de ahorro individual, en el r茅gimen de reparto no hay correlaci贸n exacta entre los fondos recaudados en materia de aportes y contribuciones a la seguridad social con respecto a los pagos realizados. Entender este desacople entre ambos conceptos es fundamental a la hora de desmitificar algunas falacias que se suelen plantear cuando se instala el clich茅 del “despilfarro de los ahorros de los jubilados”. As铆 como las erogaciones de la Anses exceden los pagos a jubilados, pensionados y dem谩s beneficios previsionales, tambi茅n los recursos del organismo administrador de la seguridad social son mayores a los meros aportes de los trabajadores activos. Para tener una dimensi贸n de la magnitud del financiamiento de la sociedad toda al Anses, hay que recordar que el FGS tambi茅n se conforma a partir del 20% del impuesto a las ganancias, el 11% del IVA, el 21% de los impuestos a los combustibles l铆quidos, el 100% del impuesto a los cigarrillos y a los automotores, entre otros.

Dicho esto, se valoriza la importancia del FGS como un fondo antic铆clico que permite atenuar fluctuaciones del sistema de seguridad social y dotarlo de robustez ante movimientos nocivos en las variables macroecon贸micas. Una administraci贸n responsable de estos recursos, aplicando las mejores pr谩cticas de gesti贸n de activos financieros, es fundamental para garantizar la solvencia del sistema. El resultado alcanzado bajo la administraci贸n de Cristina Kirchner fue altamente positivo. En los 7 a帽os de tutela de los recursos del fondo, los mismos crecieron en un 561,4% al pasar de de $100 mil millones en su constituci贸n inicial de diciembre de 2008 a superar los $664 mil millones de finales del a帽o pasado. Este porcentaje es muy superior a la inflaci贸n registrada en igual per铆odo, que trep贸 al 446,5% (siempre siguiendo a la consultora de Bein). 

La gesti贸n de los activos del FGS creci贸 exponencialmente a lo largo de los a帽os. Adem谩s, en cinco de los siete a帽os la inversi贸n de estos fondos super贸 el nivel de inflaci贸n registrada, incluyendo el 煤ltimo a帽o, donde present贸 un avance del orden del 40%. Cabe destacar que, para el fortalecimiento del FGS, el Estado Nacional le curs贸 transferencias de capital en 6 de los 7a帽os de vigencia, un total de m谩s de $18.000 millones.

HACIA D脫NDE VA EL SISTEMA

Una cuesti贸n que se deriva directamente de las modificaciones que plantea la nueva ley es el menor incremento que tendr谩n en marzo pr贸ximo los haberes y todos aquellos ingresos de la Seguridad Social que hasta hoy se actualizan en base a la Ley de Movilidad. La nueva Ley plantea el cambio de la f贸rmula vigente y una actualizaci贸n en base a la evoluci贸n de la inflaci贸n general (a partir del IPCNU que publica el Indec) y la evoluci贸n de los salarios (aproximada por la variaci贸n del 脥ndice Ripte publicado por el Ministerio de Trabajo). La f贸rmula anterior, en cambio, ajustaba en base a un promedio entre la recaudaci贸n tributaria del SIPA y la variaci贸n de los salarios (mediante la variaci贸n del 脥ndice de Salarios del Indec o del 脥ndice Ripte, la que resultara mayor de los dos). Ahora no solo se cambian perjudicialmente las variables sobre las cuales se sustentan las actualizaciones de la Seguridad Social, sino que adem谩s se cambian los meses sobre los cuales se calcula el ajuste. La f贸rmula vigente ajustar铆a en marzo pr贸ximo en funci贸n de la variaci贸n acumulada de los ingresos tributarios del SIPA y de la variaci贸n de los salarios del per铆odo julio 2017-diciembre 2017. La nueva f贸rmula ajusta, en cambio, en base a la variaci贸n acumulada (promedio) del Ripte y de la inflaci贸n del per铆odo julio-septiembre de 2017. Esto implica que los haberes y otros ingresos de la Seguridad Social se pasar铆an a actualizar teniendo en cuenta un per铆odo de referencia de 3 meses, cuando la f贸rmula vigente comprende un per铆odo de referencia de 6 meses. Incluso, comparando la f贸rmula original que ajustaba el 100% de los haberes respecto al IPC, el escenario puede ser a煤n m谩s perjudicial. Esto se debe a que cuando se analiza la evoluci贸n del RIPTE en los dos 煤ltimos a帽os, este creci贸 en menor medida que un 铆ndice representativo de la inflaci贸n, como es el IPC Caba1.

En t茅rminos de porcentajes de ajuste, la nueva f贸rmula ya tiene un n煤mero preciso de referencia. En el per铆odo julio-septiembre del corriente a帽o la inflaci贸n del IPCNU denot贸 una suba de 5,1%. Por su parte, el 脥ndice Ripte tuvo un incremento en el mismo per铆odo de 7,1%. Si se tiene en cuenta que la nueva f贸rmula se ajusta en un 70% de acuerdo a la variaci贸n del IPC y de 30% de acuerdo al Ripte, se obtendr铆a, de aprobarse este proyecto regresivo, un ajuste final para marzo de 5,7%.

En tanto, la f贸rmula hoy vigente comprende un aumento estimado muy superior. Respecto de las variaciones proyectadas de los recursos tributarios del SIPA y del 脥ndice de Salarios que publica el Indec hasta diciembre de este a帽o se tiene una variaci贸n estimada de 13,2%. 

Los haberes jubilatorios m铆nimos tendr谩n una p茅rdida aproximada de 543 pesos, las pensiones universales para el adulto mayor (PUAM) perder谩n 434 pesos, la Asignaci贸n Universal por Hijo unos 106 pesos. Es importante destacar que este recorte en los ingresos de los beneficiarios de la Seguridad Social se produce en un contexto muy complejo, caracterizado por el retroceso en el poder de compra que se produjo en los 煤ltimos meses en los distintos ingresos que se desprenden del sistema previsional argentino.

Cuando se acumulan los montos totales que resignar谩n los jubilados por el cambio de f贸rmula en los dos 煤ltimos a帽os, se encuentran resultados significativos. Si se proyecta el ajuste de la nueva f贸rmula a partir de una inflaci贸n proyectada seg煤n relevamiento de expectativas de mercado BCRA (16% para 2018 y 11% para 2019), resultar谩 una significativa baja de haberes mensuales. En n煤meros, la merma acumulada supera los $8.600, lo cual representa un 98% de un haber m铆nimo promedio, para igual per铆odo. Dicho de otra forma, en caso de que cambie la Ley de Movilidad por la nueva f贸rmula de ajuste por inflaci贸n y salarios del sector registrado, los jubilados perder铆an casi un mes entero de sus haberes jubilatorios, en un lapso de dos a帽os.

Todo esto, es un subproducto de la necesidad del Poder Ejecutivo de equilibrar las cuentas p煤blicas para evitar que se dispare en 2018 el d茅ficit fiscal. Tanto la reforma tributaria como el pacto fiscal con las provincias ser谩 oneroso para las arcas p煤blicas. Por ende, la transferencia neta negativa sobre jubilados, pensionados y dem谩s perceptores de programas sociales ser谩n la variable de ajuste en el a帽o venidero. 

martes, 28 de noviembre de 2017

Bordeando

(Perla Kot, 2017)
Visuales XCVI


por Liliana Pi帽eiro


Ac谩 estoy. Pero ya no. La fugacidad es mi condici贸n. Una flecha que va desde el antes al despu茅s, hacia un blanco desconocido.

Coser el espacio, descoser el tiempo. Puntada a puntada las im谩genes, los recuerdos, los amores.

Bordeando, me abandono al avance incontrolable.

Como un mar.

lunes, 27 de noviembre de 2017

"Rafael Nahuel fue fusilado y macri se est谩 transformando en La Fusiladora" (Juan Marino)

Rafael Nahuel, fusilado por la Prefectura de macri y bullrich

Juan Marino en La otra.-radio, para escuchar clickeando ac谩 

Anoche vino Juan Marino a La otra en Radio Gr谩fica. Dirigente nacional del Partido Piquetero, Juan tiene una trayectoria pol铆tica interesante: hace unos a帽os fue presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini (y todav铆a sigue ligado al Pelle, ya que su agrupaci贸n, Frente de Egresados en Lucha acaba de ganar las elecciones de graduados del colegio). Cuando presid铆a el centro de estudiantes todav铆a formaba parte del Partido Obrero. Ya desde ese entonces Juan apareci贸 en los medios en contextos muy hostiles y siempre se desenvolvi贸 con soltura e inteligencia. Esa capacidad de comunicar en campo visitante, contra toda una turba de gorilas (Intratables) o de a uno (Eduardo Feinmann) y salir bien parado fue lo que me atrajo cuando lo vi en youtube. Ustedes lo pueden buscar.


Durante el programa, uno de los miles de espectadores que se conectaron a trav茅s de facebook live (desde Suecia, desde Montreal, desde Cabo Polonio, desde Asunci贸n del Paraguay, C贸rdoba, Jujuy, Lan煤s, Necochea, Caballito, Mendoza, Viedma...) le pregunt贸 a Juan si era peronista. "Le contesto que soy trosquista de liberaci贸n nacional -dice Marino-. Somos los troquistas que luchamos contra el imperialismo y sobre esa base planteamos la necesidad de un frente con el peronismo antiimperialista, con el peronsimo que lucha contra macri, porque caracterizamos que este es un gobierno que es la representaci贸n directa del capital financiero, y que tenemos que unir fuerzas entre peronistas, trosquistas, comunistas, socialistas, que estemos contra el imperialismo y contra macri".


En una parte que no qued贸 grabada en la trasmisi贸n de Facebook Live que tienen ac谩 abajo pero s铆 est谩 en la versi贸n completa de audio que pueden descargar ac谩, Juan, al comienzo del programa, nos dijo: "La muerte de Rafael Nahuel en la zona de Villa Mascardi es un fusilamiento. Creo que eso es lo m谩s importante que tiene que quedar en claro. Porque a partir de entender que es un fusilamiento, que la Prefectura decidi贸 ir a buscarlos para fusilarlos, fusilaron al compa帽ero y hubo otros dos heridos de balas de plomo, y quiz谩s m谩s, es importante decir que fusilan mapuches como un acto de terrorismo de estado, que fusilan a un compa帽ero para aterrorizar a miles, no solamente en la Patagonia sino en todo el pa铆s, que esto es responsabilidad del gobierno de macri y de patricia bullrich y por eso la respuesta que corresponde ante el fusilamiento es decir: 'Fuera macri y bullrich'. Porque nosotros no podemos aceptar que se naturalice la existencia de un r茅gimen como el de la Fusiladora en nuestro pa铆s. Hoy macri se est谩 transformando efectivamente en La Fusiladora. Estan fusilando compa帽eros y no se trata de un conflicto regional en la Patagonia".

Rafael Nahuel no era terrorista, no tenia 27 a帽os ni usaba armas. 
Ten铆a 22, era carpintero y participaba del Colectivo Al Margen. Lo mataron por la espalda.

"No se trata de un enfrentamiento particular entre los mapuches y las fuerzas de seguridad de la zona, sino que la ejecuci贸n del compa帽ero Nahuel tiene que ver con la idea del macrismo de militarizar el pa铆s entero y de utilizar a las fuerzas armadas como fuerzas de represi贸n interna, transformando a Argentina en Colombia. Nosotros entendemos que esto amerita una respuesta pol铆tica contundente de toda la oposici贸n pol铆tica. Hoy la oposici贸n no est谩 a la altura. Del lado del Frente de Izquierda se lo caracteriza como un crimen de estado m谩s, producto del conflicto entre los mapuches y Benetton y Chevron, que existe, pero lo excede. Y de parte del kirchnerismo tambi茅n. No se llega a visualizar el hecho de que macri es una dictadura. Y para nosotros es importante dejarlo en claro. macri es dictadura. Y para nosotros es importante dejarlo en claro".

Ac谩 pueden ver (por primera vez) gran parte del programa de anoche, que Marino trasmiti贸 en su facebook en tiempo real. Incluso sigui贸 trasmitiendo mientras hac铆amos los cortes publicitarios.



La ciudad liberada

por Fito P谩ez (2017)

En Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires
existe un refugio para la gente que no tiene a nadie
vivir y morir en la calle
all铆 siempre fui feliz
vivir y morir en la calle
qu茅 delirio sin ti
est谩s en el Club Calavera
en el Refugio Monteagudo
te abrazan con el coraz贸n.

Fui a cantar una noche con el piano
y un cartel escrito con dolor dec铆a
que la calle no es un buen lugar para vivir
mucho menos para morir.

Transmitel贸, transmitel贸...

La belleza en la calle...
Pelear, pelear, es una guerra
pelear contra los nazis y los fachos de mierda
nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada
tu deseo es mi arma.

Quiero vivir en la ciudad liberada
vivir y amar en la ciudad liberada
vivir y amar, que no nos importe nada
en la ciudad
liberada.

Mis hermanos no la pasan bien
est谩n buscando un lugar
una casa en donde poder vivir
vivir real, de verdad
un techo donde rezarle a Dios y tomar algo de sol
duele tanto un plato de comida
el hambre vive en el est贸mago
vivir y morir en la calle...

Am谩, am谩, qui茅n te frena
amar el sol, el cielo, el vino y la primavera
am谩ndonos salvajemente bajo esta estrella
que nos quema...

Quiero vivir en la ciudad liberada
donde el amor explote en todas las casas
Quiero vivir en la ciudad liberada
la ciudad
liberada.

Quiero vivir en la ciudad liberada
donde a los pibes no les metan m谩s balas
una ciudad de sexo desenfrenada
la ciudad
liberada.



Este es el tema que le da el nombre al disco de Fito P谩ez que acaba de salir, el mejor que haya grabado en a帽os, concebido desde las entra帽as, con ese mix de ternura y violencia que 茅l ha sabido alcanzar en sus momentos m谩s inspirados, en la mejor tradici贸n del rock argentino, pol铆tico y existencial, tambi茅n bebiendo en su propia tradici贸n: "Ciudad de pobres corazones", "La ciudad de los pibes sin calma", "El diablo en tu coraz贸n" y todas las canciones que les cant贸 a las ciudades. Fito con este disco muestra ser quien, en la primera l铆nea del rock local, mejor sintoniza con la violencia, la desesperaci贸n y la fuerza vital de esta 茅poca terrible del pa铆s. Ojal谩 este disco sea la obra precursora de otras que nos est谩n haciendo falta. En el programa de anoche, junto a Juan Marino escuchamos varios temas del disco que tendremos muy en cuenta cuando haya que elegir lo mejor del a帽o.

domingo, 26 de noviembre de 2017

La nueva cacer铆a del mapuche en el sur argentino es el signo de que el macrismo decidi贸 hacer escalar la violencia racista y abolir el estado de derecho

 



Ayer, mientras transcurr铆a el funeral de Santiago, en Bariloche se vivi贸 otra jornada de violenta represi贸n estatal. La Prefectura asesin贸 al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Mascardi. La bala disparada por agentes de Prefectura que mat贸 a Nahuel ingres贸 por un gl煤teo y sali贸 por el torax. Es decir: el muchacho fue asesinado de espaldas. Los medios oficiales, con una resonancia siniestra de las 茅pocas del terror de estado, hablan de otro muerto "en un enfrentamiento".

ATE de El Bols贸n inform贸 que luego de la brutal represi贸n y el asesinato de Nahuel, fue detenido por la Gendarmer铆a el Secretario General de la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Andina Sur (El Bols贸n), Javier Milani, y su esposa la trabajadora estatal Florencia Placidi, desconoci茅ndose hasta el momento en que comisaria o centro de detenci贸n fueron alojados.

La cacer铆a, por lo visto, no se limita a perseguir a integrantes de la comunidad mapuche sino a instalar en la zona un estado represivo que anule las garant铆as constitucionales y permita desatar la persecuci贸n de fuerzas opositoras. Como ya se hizo en enero de 2016 en Jujuy, el estado de derecho se va cayendo a pedazos en diversos puntos del territorio argentino.

"Luego del fusilamiento de un manifestante, la violaci贸n de los Derechos Humanos no encuentra l铆mites en nuestra provincia en este momento. Est谩n deteniendo a todos los militantes sin motivo alguno, incluido nuestro Secretario General de la Seccional El Bols贸n y su familia. Tenemos otro dirigente desaparecido en los montes. Vamos a viajar de inmediato al lugar y lanzar medidas de fuerza en todo el Estado", indic贸 Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Aut贸noma de R铆o Negro.

En realidad, los testigos del asesinato de Rafael Nahuel detenidos son dos: Los j贸venes Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro Gonzalez est谩n detenidos e incomunicados por orden del juez Gustavo Villanueva en la delegaci贸n de la PSA de Bariloche. Es imprescindible visibilizar esta situaci贸n ya que en la noche de ayer el Juez Villanueva neg贸 la detenci贸n y manifest贸 que no hab铆a ning煤n detenido. No se sabe en car谩cter de qu茅 se encuentran privados de su libertad.

La zona est谩 militarizada, llena de retenes de gendarmer铆a y polic铆as.

¿A partir de cu谩ntos muertos y secuestros el patr贸n asesino del estado se torna sistem谩tico?

Despu茅s de conocidos los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, en los mismos d铆as en los que sus restos mortales son velados y sepultados en 25 de Mayo, mientras la prensa oficialista pretende dar por cerrada la investigaci贸n de su muerte en medio de la violenta represi贸n de Gendarmer铆a en agosto instalando que Santiago simplemente "se ahog贸", desconociendo que la muerte ocurri贸 en el contexto de un operativo de represi贸n ilegal, se produce esta nueva escalada de violencia en el sur argentino. 

No creo que sea casual: el r茅gimen elige as铆 reafirmar la pol铆tica represiva que empuj贸 a la muerte de Santiago. Es su manera de "celebrar" la autopsia y reforzar la persecuci贸n racista. Como durante el terrorismo estatal de los 70, la prensa del r茅gimen hace pasar estos asesinatos como "enfrentamientos", acentuando las continuidades de las pol铆itcas represivas y la decisi贸n de hacer escalar el conflicto. La fuerza pol铆tica que gan贸 las elecciones con el slogan "unir a los Argentinos" parece haber definido su "otro" a extirpar del cuerpo social: los mapuches, cuya persecuci贸n racial se agudiz贸 de modo alarmante en los 煤ltimos meses.

Como dice el informe del CELS respecto de las conclusiones provisorias en la investigaci贸n por la muerte de Maldonado:

"El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acci贸n directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificaci贸n que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterizaci贸n desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

"En 2016, el gobierno nacional promovi贸 este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese a帽o, Gendarmer铆a Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificaci贸n y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la polic铆a provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

"El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reuni贸 en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y R铆o Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les orden贸 utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un d铆a antes del operativo que desemboc贸 en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declar贸 a Radio Nacional Esquel que los mapuches quer铆an “generar caos y desorden y temor en la poblaci贸n” y que tendr铆an relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotr谩fico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cu谩l es la actividad terrorista concreta".

Parece claro entonces que hay una decisi贸n estatal de optar por la v铆a violenta en la resoluci贸n de un conflicto ancestral que el estado argentino deber铆a resolver de modo pac铆fico y pol铆tico. En cambio, con el apoyo sistem谩tico de la prensa oficialista, se intenta reinstalar le hip贸tesis de la "amenaza interior" que justifique un estado represivo que sea consentido por una parte de la poblaci贸n. Extra帽o este fomento del "nacionalismo" antimapuche por parte de un gobierno entreguista de la soberan铆a pol铆tica y la independencia econ贸mica en favor de las potencias trasnacionales.

Ayer, una testigo del clima que se vive en la zona del conflicto relataba su experiencia persona:

"Reci茅n llego del Hospital de Bariloche, desde las 5 de la tarde estamos acompa帽ando a mujeres mapuche con sus chicos y miembros de distintas comunidades que quieren saber qui茅n de los suyos fue asesinado o herido en la represi贸n -cacer铆a en el Lago Mascardi. Hace 5 horas que nadie les informa nada. Las mujeres corren atr谩s de las ambulancias que llegan a la guardia para saber si traen a sus heridos. Abogadas defensoras de derechos humanos interpusieron Habeas Corpus preventivo. La C谩mara de Comercio local celebr贸 la represi贸n. Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio. Hay gente en la ciudad que "quiere bala". V铆 a mujeres mapuche llorando, angustiadas, sufriendo. Las v铆 cortando la calle y haciendo fuego en la puerta de Parques Nacionales. Las v铆 correr de la polic铆a y bajar hacia a Catedral. V铆 como dos hombres de casi dos metros fueron a pegar a mujeres mapuche y a sus hijos peque帽os que hab铆an interrumpido una misa para denunciar que estaban asesinando a su gente. V铆 a dos j贸venes que fueron a impedir que eso ocurriera. Una mujer le peg贸 a un ni帽o mapuche en la catedral. Lo vi llorar y a su madre, preguntar qui茅n lo hab铆a hecho, sin que nadie respondiera. Escuch茅 a los fieles decir que si estaban matando mapuche "algo habr谩n hecho". 5 horas esperando que alguna autoridad local, provincial, nacional informara qu茅 estaba pasando en el Lago Mascardi. La ciudad se llen贸 de polic铆as, la ruta camino a El Bols贸n estuvo horas cortada, no dejaron pasar a organismos de DDHH que iban al lugar donde se estaba produciendo la represi贸n cacer铆a. Hace un rato ordenaron allanamientos en el km 7, donde vive una mujer de la comunidad, sus lamienes ped铆an urgente abogados y abogadas que las acompa帽en.
Me vine a casa a escribir estas l铆neas, algunas personas y organizaciones esperaban en el hospital novedades. La espera y el silencio una crueldad infinita."

La responsabilidad del estado argentino en la muerte de Santiago Maldonado




El martes 1° de agosto de 2017 decenas de efectivos de la Gendarmer铆a Nacional Argentina (GNA) entraron con violencia al territorio que la comunidad mapuche Pu Lof reclama como propio en Cushamen, Chubut. La GNA ten铆a orden de la justicia federal para despejar la ruta 40 pero, con el argumento de la “flagrancia” -promovido por el Poder Ejecutivo Nacional- ingres贸 a la comunidad persiguiendo a los manifestantes. Santiago Maldonado era uno de ellos.

Cuando ese operativo ilegal y violento finaliz贸, faltaba “el Brujo”, como se conoc铆a a Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparici贸n considerando la posibilidad de que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que hab铆a participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represi贸n. En ese momento inicial, el CELS activ贸 dos v铆as de acci贸n: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado ya que en casos como este sin presi贸n social y sin insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de b煤squeda inmediata y sistem谩tica.

En las primeras semanas, el Poder Ejecutivo Nacional respondi贸 de tres formas. Primero, plante贸 hip贸tesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que hab铆a fallecido antes de la represi贸n. En segundo lugar, ocult贸 c贸mo hab铆a actuado la Gendarmer铆a en el operativo. En tercer lugar, no se busc贸 a Maldonado de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demor贸 en activar tanto la b煤squeda como la investigaci贸n de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que pudo comenzar a acumular informaci贸n sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.

Transcurr铆a el tiempo y buscar a Maldonado no era la prioridad estatal. Diez d铆as despu茅s, la pregunta “¿d贸nde est谩 Santiago Maldonado?” ya hab铆a ocupado calles, plazas y plataformas digitales y los medios de comunicaci贸n del pa铆s y del mundo hasta convertirse en una cuesti贸n central de la agenda pol铆tica. La empat铆a de amplios sectores sociales con la familia Maldonado no alent贸 al Poder Ejecutivo a involucrarse en una soluci贸n del caso; m谩s bien, pareciera haber ocurrido lo contrario: mientras el Estado no pod铆a encontrar a Maldonado, la estrategia del gobierno fue intentar romper la extendida solidaridad con la demanda. As铆, destin贸 profusos recursos a atacar a la familia, a la comunidad y a quienes los acompa帽aban.

Hasta ahora ning煤n gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, como ingresar sin orden judicial, arrojar piedras a los manifestantes o hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

El 17 de octubre Maldonado fue encontrado sin vida en el r铆o Chubut, en el mismo lugar en el que en agosto los gendarmes afirmaron en el sumario administrativo haber llegado persiguiendo a los manifestantes.

La constataci贸n de que un participante de una protesta social hab铆a fallecido durante una represi贸n llevada adelante por fuerzas federales no modific贸 el enfoque del gobierno nacional. En los d铆as posteriores a los primeros trascendidos de la autopsia, numerosos funcionarios se dedicaron a instalar una nueva conjetura: si Maldonado no fue secuestrado por la GNA, tal como hab铆a denunciado la Pu Lof, no existen responsabilidades estatales y, en cambio, lo que debe ser investigado son las denuncias de la comunidad y el rol de los organismos de derechos humanos.

La comunidad fue el primer actor en denunciar la desaparici贸n y sus primeros relatos sobre el operativo fueron ratificados por los propios gendarmes. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, por ahora se puede saber que Maldonado intent贸 cruzar el r铆o para escapar y permaneci贸 en el agua fr铆a lo que lo llev贸 a una muerte por hipotermia y asfixia por sumersi贸n. La idea de que las discordancias con parte del relato de algunos miembros de la comunidad exime al Estado argentino de responsabilidad por los hechos que culminaron con la muerte de Santiago y por la deficiente b煤squeda posterior no resiste un m铆nimo an谩lisis.

Santiago Maldonado muri贸 mientras participaba de una protesta. Pasaron 78 d铆as hasta que fue encontrado. El Estado en lugar de mostrar su voluntad de proteger a la v铆ctima y a su familia, los maltrat贸 con recurrencia y en ocasiones con sa帽a. Ninguno de esos tres hechos puede naturalizarse. Ninguno de esos hechos puede ser tratado como si fuera un accidente o un incidente m谩s de la ineficacia estatal. A continuaci贸n sintetizamos las acciones principales que en virtud de esa agenda y de las estrategias propias del trabajo del CELS llevamos adelante desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha.

La pregunta ¿qu茅 pas贸 con Santiago Maldonado? a煤n no fue esclarecida.

1. ¿Qu茅 acciones judiciales impuls贸 el CELS?

A partir de la desaparici贸n de Santiago Maldonado, en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, se iniciaron dos expedientes: un habeas corpus que ten铆a como fin encontrarlo y una causa para investigar las posibles responsabilidades penales en la desaparici贸n, que fue caratulada como “N.N. s/desaparici贸n forzada de persona”.

Habeas corpus- medidas de b煤squeda

Los primeros habeas corpus fueron presentados por el Defensor Oficial Federal Fernando Machado y la Comisi贸n Provincial por la Memoria el 2 de agosto. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos present贸 un tercero. El 3, el CELS sugiri贸 en un escrito enviado al juez:

– la preservaci贸n de la zona del Pu Lof donde fue visto Maldonado por 煤ltima vez
– el rastrillaje del Pu Lof
– el pedido a las morgues de informaci贸n sobre el ingreso de cuerpos no identificados
– el allanamiento de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmer铆a
– la pericia de un cuello de polar de Santiago

El mismo d铆a, el CELS aport贸 los datos de Ariel Garci, quien ten铆a informaci贸n sobre una l铆nea telef贸nica utilizada por Maldonado.

El 9 de agosto, el CELS se present贸 como parte, debido a que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Seguridad activaban una b煤squeda exhaustiva, reiter贸 las medidas ya sugeridas y pidi贸 complementar con:

– el rastrillaje de las rutas 15 y 71
– la incorporaci贸n de una antrop贸loga forense para mejorar la estrategia de b煤squeda
– la ampliaci贸n de las medidas respecto a la Gendarmer铆a Nacional
– la convocatoria a la Direcci贸n General de Investigaciones y Apoyo Tecnol贸gico a la Investigaci贸n Penal (DATIP) de la Procuraci贸n General de la Naci贸n.

El 17 de agosto el CELS propuso al juez Otranto que convocara al Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense (EAAF) para que asesorara en la b煤squeda. El pedido fue aceptado pero la participaci贸n del EAAF no se materializ贸 porque el juez no le hizo ning煤n requerimiento.

En las semanas siguientes el CELS:

– ofreci贸 testigos que pod铆an relatar los 煤ltimos meses de Maldonado en El Bols贸n y contar cu谩ndo lo hab铆an visto por 煤ltima vez ya que desde el Poder Ejecutivo se pon铆a en duda su presencia en el lugar en el momento de los hechos
– particip贸 de declaraciones de Claudina y Ailinco Pilquiman, Andrea Milla帽anco y Soraya Guitart, integrantes de la comunidad
-particip贸 de las declaraciones de 19 gendarmes
-particip贸 de los rastrillajes de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmer铆a Nacional realizados el 10 de agosto de 2017.
-aport贸 un video del momento en el que la comunidad habla con el defensor Machado sobre el procedimiento realizado por la Gendarmer铆a y afirman que no saben d贸nde est谩 una de las personas que participaba del corte y que cre铆an que hab铆a sido detenido.

Causa penal- Medidas de investigaci贸n

El 15 de agosto, a dos semanas de que no se supiera nada de Santiago, el CELS pidi贸 ser querellante en la causa que investiga qu茅 sucedi贸 con Santiago y la comunidad en el contexto de la represi贸n de la protesta y las responsabilidades penales por la desaparici贸n de Maldonado y las irregularidades del operativo. Esta causa, delegado por el juez a la Fiscal铆a Federal de Esquel, a cargo de la Fiscal Subrogante Silvina 脕vila, tiene como prop贸sito determinar la responsabilidad que le cabe a la Gendarmer铆a Nacional por lo sucedido el 1 de agosto en Cushamen.

En el expediente caratulado como desaparici贸n forzada, el CELS pidi贸 algunas medidas de pruebas ya solicitadas en el habeas corpus que no hab铆an sido realizadas. A ellas se le sumaron el registro de comunicaciones de todos los efectivos involucrados en el operativo y la ampliaci贸n de b煤squeda de ingreso de un cuerpo sin identificar en las morgues de Chubut, R铆o Negro, Neuqu茅n y Santa Cruz. Luego de varias semanas, se allanaron los escuadrones de Gendarmer铆a donde se secuestr贸 informaci贸n relevante de los discos r铆gidos, computadores y se secuestraron los tel茅fonos.

Como detect贸 que faltaban al menos 78 fotograf铆as y numerosos videos, que hab铆an sido tomados durante el operativo, algunos de los cuales se hab铆an distribuido a los medios de comunicaci贸n pero no aportado a las causas judiciales, el CELS solicit贸 el 6 de septiembre que se requiriera la urgente incorporaci贸n de estas im谩genes a la investigaci贸n, lo cual fue aceptado por la fiscal铆a. El 26 de septiembre se recibieron las fotos recuperadas, aunque quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos.

Al analizar las fotos recuperadas, se constat贸 que muchos gendarmes hab铆an llegado a la vera del r铆o Chubut, que portaban escopetas y bastones, que cuatro camionetas y un cami贸n hab铆an ingresado a la comunidad. Estas evidencias contradijeron las declaraciones de los gendarmes que en el habeas corpus hab铆an ocultado el uso de bastones cerca del r铆o y el incendio de las pertenencias de la comunidad, hab铆an afirmado que hab铆an ingresado s贸lo 2 camionetas, entre muchas omisiones y contradicciones en sus testimonios respecto a qu茅 hicieron, con quienes estaban, y cu谩nto permanecieron en la orilla del r铆o.

El 29 de agosto el Ministerio de Seguridad aport贸 al expediente extractos de los sumarios administrativos. Lo mismo hizo el 10 de septiembre. El 15 de septiembre pedimos que fueran aportados en forma completa, lo cual fue aceptado por la Fiscal铆a.

En el marco de este expediente, pero tambi茅n con efectos en el Habeas Corpus, el 19 de septiembre el CELS recus贸 al juez federal Guido Otranto. Luego de brindar dos declaraciones period铆sticas al diario La Naci贸n, qued贸 evidenciado que estaba adelantando opini贸n y que hab铆a perdido imparcialidad como juez de la causa. El 22 de septiembre, la C谩mara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusaci贸n, por lo cual ambos expedientes quedaron a cargo del Juez Federal Gustavo Lleral.

2 . ¿Cu谩les fueron las irregularidades del operativo de Gendarmer铆a Nacional del 1 de agosto de 2017?

A las diez y media de la ma帽ana del 1 de agosto, el comandante de la Gendarmer铆a Nacional Juan Pablo Escola dio inicio al desalojo del corte de la ruta 40 que los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia realizaban en protesta por la detenci贸n de Facundo Jones Huala. El juez federal de Esquel Guido Otranto hab铆a dictado la orden de liberar la ruta.

Los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta qued贸 liberada. Entonces, los gendarmes decidieron ingresar, sin estar autorizados judicialmente a hacerlo, con la justificaci贸n de perseguir una “flagrancia” para detener a los que cortaban y porque les estaban arrojando piedras. El uso de la figura de “flagrancia” para detener a los manifestantes fue indicado, y definido como una estrategia conjunta con las fuerzas de seguridad federales y locales, en los d铆as previos por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Con esa excusa, cincuenta y dos efectivos entraron al territorio y permanecieron all铆 5 horas. Algunos persiguieron a los mapuches y realizaron m谩s de ochenta disparos con municiones antitumulto. Como puede verse en las im谩genes producidas por los propios gendarmes, los agentes recolectaron piedras para arroj谩rselas a quienes hu铆an. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla, varios de ellos portando escopetas.

Lo que sucedi贸 en la orilla todav铆a no se ha dilucidado por completo pero se pudo establecer que varios gendarmes vieron a los mapuches cruzar el r铆o, que al menos uno de los gendarmes reconoci贸 haberles arrojado piedras y otro, haber disparado.

En las primeras semanas, decisivas para dilucidar el hecho, estas circunstancias fueron ocultadas por las autoridades.

Luego de la persecuci贸n, los gendarmes allanaron viviendas, secuestraron objetos de la comunidad; algunos fueron registrados en las actas, otros, quemados en una fogata. Dos mujeres y dos ni帽os fueron retenidos durante cuatro horas. El allanamiento y el secuestro de elementos se hicieron sin orden judicial, pero luego fueron convalidados telef贸nicamente por el juzgado.

La Gendarmer铆a se retir贸 del territorio a las 17 horas. Seg煤n consta en el sumario instruido por la Gendarmer铆a, al mediod铆a el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n, Pablo Noceti, se hizo presente en el lugar del operativo y “destac贸 la actividad llevada a cabo por la instituci贸n”. El sumario interno se cerr贸 sin identificar las irregularidades, ni las faltas cometidas ni recomendar las sanciones que corresponden.

3. ¿C贸mo actu贸 el Poder Judicial en la investigaci贸n?

El origen del operativo y la conflictividad entre la comunidad, las fuerzas de seguridad y la justicia federal demoraron la respuesta judicial a la denuncia de la desaparici贸n. Las dificultades que tiene el Estado para investigar violaciones de derechos de las que puede ser responsable se agravaron en este caso, sucedido en un lugar aislado, en el contexto de una comunidad que tiene temor y es reticente a colaborar con el sistema judicial y de la desconfianza que desde el principio tuvieron el juez y la fiscal federales.

La intervenci贸n de la GNA comenz贸 por una orden judicial para despejar el corte de la ruta 40 y, luego, utiliz贸 el supuesto de flagrancia para ingresar a la Pu Lof. Este operativo violento fue convalidado judicialmente con posterioridad. El 1 de agosto, el defensor oficial Fernando Machado registr贸 el operativo y que una persona estaba desaparecida. Ninguna otra de las autoridades judiciales acudi贸 a la comunidad ese d铆a, aunque hab铆an ordenado el desalojo. El 2 de agosto, el Machado y la Comisi贸n Provincial por la Memoria presentaron dos habeas corpus. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos present贸 un tercero.

La primera reacci贸n fue esquiva: el aparato judicial no le dio credibilidad a la denuncia ni intervino de inmediato para determinar si esa desaparici贸n era, o no, una consecuencia de la represi贸n. Por el contrario, se actu贸 con las hip贸tesis de que Maldonado no estaba en el corte o de que se hab铆a ido por voluntad propia. Como consecuencia, en los primeros d铆as la b煤squeda fue limitada y se demoraron medidas necesarias.

El 4 de agosto en la audiencia de habeas corpus la GNA neg贸 haberlo detenido pero no dio, ni se le exigi贸, ninguna explicaci贸n. Reci茅n el d铆a 5, el juez decidi贸 rastrillar dentro de la Pu Lof. Esta medida, por la hostilidad entre la comunidad y el juez federal Guido Otranto, se hizo mal y fue incompleta. Durante semanas, el juez no pudo resolver el conflicto con la comunidad de modo tal de destrabar la realizaci贸n de medidas indispensables como el ingreso al territorio y la toma de testimonios.

En este contexto, las medidas de b煤squeda fueron tard铆as y mal encaradas; mientras el Ministerio de Seguridad filtraba informaci贸n destinada a instalar que Maldonado no hab铆a estado el 1 de agosto en el lugar de la represi贸n.

El inicio de la investigaci贸n de la responsabilidad penal por la posible desaparici贸n forzada tambi茅n fue dificultoso: las primeras medidas sobre las camionetas de la GNA se realizaron con demoras y los gendarmes fueron avisados de que iban a ocurrir. Reci茅n el 15 de agosto fueron allanados los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.

Cuando el Ministerio de Seguridad comenz贸 a aportar de manera parcial informaci贸n de las declaraciones de los gendarmes en la investigaci贸n administrativa, hubo un giro en las dos causas judiciales. En la medida en la que los testimonios confirmaban que, tal como lo hab铆an denunciado integrantes de la Pu Lof, los gendarmes hab铆an llegado a la orilla, era preciso investigar ese lapso de tiempo en el que efectivos y mapuches se encontraron en el r铆o.

En el habeas corpus se hicieron rastrillajes que no dieron resultado; el realizado con violencia el 18 de septiembre en el lugar en el que apareci贸 el cuerpo tuvo deficiencias t茅cnicas.

Paralelamente, la fiscal铆a recaratul贸 la causa penal como “desaparici贸n forzada” y fue acumulando informaci贸n y prueba para determinar c贸mo fue el operativo y qu茅 sucedi贸 con Maldonado. La fiscal铆a cont贸 con la colaboraci贸n de Procuvin en la elaboraci贸n de hip贸tesis y en la producci贸n y control de las pruebas. Por su parte, la fiscal铆a federal no fue capaz de construir un v铆nculo con la familia Maldonado, lo que dificult贸 el acceso de los familiares a la investigaci贸n.

Tras el apartamiento del juez Otranto por el pedido de recusaci贸n, le sucedi贸 el juez federal Gustavo Lleral, quien tuvo otra estrategia hacia la comunidad que hizo posible el ingreso al territorio el 17 de octubre, d铆a en el que se encontr贸 el cuerpo sin vida de Maldonado.

4. ¿C贸mo fue la respuesta del Poder Ejecutivo?

Reci茅n seis d铆as despu茅s de la desaparici贸n, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagoniz贸 las primeras reacciones del gobierno que se orientaron en tres sentidos: defender a la Gendarmer铆a antes de investigar; plantear hip贸tesis alternativas sin correlato con el expediente y desviar el foco de la atenci贸n hacia la comunidad mapuche.

El 4 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n neg贸 que GNA tuviera que ver con la desaparici贸n de uno de los manifestantes. A tono con esta l铆nea, en los primeros d铆as, el Ministerio de Seguridad no se concentr贸 en investigar y puso en marcha el sistema de b煤squeda de personas como si Maldonado no hubiera estado en el lugar o se hubiera ido voluntariamente. Luego, no aport贸 en tiempo y forma la informaci贸n con la que contaba. En un informe del 18 de agosto, haciendo propias las primeras afirmaciones de los gendarmes, asever贸 que no hab铆a habido irregularidades en el operativo y que se hab铆a actuado en cumplimiento de la orden del juez. Ambas afirmaciones se demostraron falsas.

El 7 de agosto comenzaron las investigaciones internas. Un sumario iniciado por Gendarmer铆a afirm贸 “la inexistencia de conductas sancionables disciplinariamente”. Por otro lado, Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n realiz贸 encuestas y entrevistas a gendarmes. En una charla previa a la realizaci贸n de las entrevistas, Barberis le dijo a los gendarmes: “En este barco estamos juntos, ¿est谩 claro?”. En el informe se帽al贸 que algunos efectivos habr铆an arrojado piedras contra los mapuches y justific贸 esa acci贸n como una “conducta imitativa” que hab铆a respondido a las agresiones de los manifestantes y concluye sin solicitar una investigaci贸n disciplinaria. Hasta hoy, ning煤n gendarme fue sancionado por las irregularidades.

La informaci贸n obtenida en estas actuaciones administrativas fue aportada al Poder Judicial por Gonzalo Can茅, secretario de Cooperaci贸n con los poderes judiciales, ministerios p煤blicos y legislaturas, en representaci贸n del Poder Ejecutivo, tarde, en fragmentos y por insistencia de las querellas, entre ellas el CELS.

Reci茅n el 29 de agosto, el ministerio aport贸 al habeas corpus los cuestionarios realizados dos semanas antes. Se demor贸 hasta el 11 de septiembre para aportar la transcripci贸n de las entrevistas. Nunca explic贸 por qu茅 esper贸 todos esos d铆as para incorporar estas actuaciones mientras insist铆a a trav茅s de los medios de comunicaci贸n con la hip贸tesis de que Maldonado hab铆a fallecido el 21 de agosto en un episodio de violencia contra un puestero. Tampoco explic贸 por qu茅 el comandante segundo del Escuadr贸n 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, neg贸 que los gendarmes hubieran llegado a la orilla del r铆o. Gendarmer铆a Nacional y la ministra de Seguridad negaron que hubiera registros audiovisuales del operativo, lo que tambi茅n se demostr贸 falso.

En simult谩neo con este retaceo de informaci贸n, por intermedio de Can茅 y Barberis, el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n intervino de forma directa en el expediente del habeas corpus. Y realiz贸 una vasta tarea de filtraci贸n de las medidas de investigaci贸n y sus resultados a los medios. Otros funcionarios de alto rango fueron parte de esta estrategia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Naci贸n que en un fecha tan tard铆a como el 30 de agosto declar贸: “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.

Durante el tiempo en que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, el gobierno hizo reiteradas afirmaciones infundadas y ofensivas. Desde la Ministra a cargo de Gendarmer铆a que afirm贸 ante el Senado de la Naci贸n que no tirar铆a “gendarmes por la ventana” cuando se le demandaba que separara preventivamente a determinados agentes; hasta una de las m谩ximas representantes pol铆ticas de la coalici贸n de gobierno que a m谩s de dos meses de su desaparici贸n afirm贸 que hab铆a un “20% de posibilidades de que Santiago Maldonado est茅 en Chile” por propia voluntad y con motivaciones pol铆ticas.

5. ¿Por qu茅 el CELS recurri贸 a las Naciones Unidas?

Para el 5 de agosto y a pesar de que ya se hab铆a presentado un habeas corpus, el accionar del Estado en materia de b煤squeda y de investigaci贸n no era el que correspond铆a a una desaparici贸n en el contexto de un operativo represivo.

Para que las estrategias de localizaci贸n adquirieran otra fuerza, ese d铆a el CELS solicit贸 una acci贸n urgente al Comit茅 contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que instara al Estado a tomar las medidas necesarias para encontrar a Maldonado. La gravedad de la situaci贸n era tal que el 7 agosto el Comit茅 concedi贸 la acci贸n urgente y le pidi贸 al Estado argentino que adoptara una estrategia integral y exhaustiva de b煤squeda y asegurara la exclusi贸n de la GNA de la investigaci贸n, entre otras medidas. El Comit茅 tambi茅n le pidi贸 al Estado que adoptara medidas cautelares de protecci贸n de la vida e integridad de la familia Maldonado, de sus abogados y de la comunidad mapuche y garantizara que no fueran objeto de violencia ni hostigamiento. A partir de ese momento el Estado argentino hizo presentaciones al Comit茅 en los cuales adopt贸 la misma estrategia que tuvo a nivel nacional.

El 18 de septiembre, el CELS, en una segunda presentaci贸n al Comit茅, reiter贸 la falta de una respuesta estatal adecuada y denunci贸 que el Ministerio de Seguridad no colaboraba en la causa judicial aportando la informaci贸n que ten铆a y, al mismo tiempo, llevaba adelante una campa帽a de desinformaci贸n. El CELS tambi茅n se帽al贸 que el Estado tampoco hab铆a cumplido con la solicitud del Comit茅 respecto a la familia, que, por el contrario, recibi贸 numerosos ataques.

El 6 de octubre el Comit茅 dict贸 otra resoluci贸n en la que llam贸 la atenci贸n sobre las demoras de las autoridades para investigar el rol de la Gendarmer铆a en los hechos que culminaron con la desaparici贸n de Maldonado y para aportar declaraciones, fotograf铆as y videos al expediente. El Comit茅 solicit贸 al Estado: informar de los motivos de estas dilaciones, investigar y sancionar intervenciones de las autoridades que hubieran podido entorpecer la efectividad de la b煤squeda y de la averiguaci贸n de la verdad y asegurar la imparcialidad, independencia y autonom铆a de la investigaci贸n.

El 21 de octubre el CELS inform贸 al Comit茅 el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.

El caso fue presentado a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos por otras organizaciones, sin la participaci贸n del CELS.

6. ¿Qu茅 establece la autopsia respecto de las circunstancias de la desaparici贸n y la muerte de Santiago Maldonado?

La autopsia revel贸 que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llev贸 a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego deriv贸 en un desvanecimiento que termin贸 con la sumersi贸n. En conclusi贸n, se trat贸 de una muerte violenta por asfixia por sumersi贸n coadyuvada por hipotermia.

Si bien en la m茅dula no se encontraron diatomeas, su presencia en las cavidades card铆acas -nueve distintas: seis en el ventr铆culo izquierdo, tres en el derecho, indica que se trat贸 de una asfixia por sumersi贸n. Tambi茅n son indicadores de la asfixia los cambios en el pulm贸n. Las transformaciones halladas en la piel son propios de la hipotermia.

La data de la muerte se estableci贸 a trav茅s de tres m茅todos y dio un rango que no puede ser de menos de 53, 60 o 73 d铆as, seg煤n cada m茅todo.

Por 煤ltimo, se concluy贸 que el cuerpo no tiene lesiones externas, por lo tanto no puede suponerse a priori que haya sufrido violencia f铆sica en otro lugar. Tampoco se encontraron evidencias de que el cuerpo haya estado en otro lugar que el del hallazgo.

7. ¿En qu茅 consiste el conflicto que atraviesa el territorio donde tuvo lugar la protesta?

La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa desde 2015 un 谩rea en la localidad Cushamen que reivindica como ancestral, en disputa con la empresa trasnacional Benetton. Al mismo tiempo, el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala est谩 detenido desde el 26 de junio en una causa en la que se discute su extradici贸n a Chile, situaci贸n que motiva protestas frecuentes.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acci贸n directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificaci贸n que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterizaci贸n desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

En 2016, el gobierno nacional promovi贸 este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese a帽o, Gendarmer铆a Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificaci贸n y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la polic铆a provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reuni贸 en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y R铆o Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les orden贸 utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un d铆a antes del operativo que desemboc贸 en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declar贸 a Radio Nacional Esquel que los mapuches quer铆an “generar caos y desorden y temor en la poblaci贸n” y que tendr铆an relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotr谩fico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cu谩l es la actividad terrorista concreta.

En este contexto, se realiz贸 el operativo del 1 de agosto. En las semanas siguientes, la desaparici贸n de Maldonado no gener贸 que el gobierno nacional buscara abrir un canal de dialogo con la comunidad: hizo exactamente lo contrario.

Maldonado desapareci贸 en un territorio ocupado por una comunidad con fuertes resistencias a relacionarse con instituciones estatales, debido a sus convicciones ideol贸gicas y a los antecedentes de discriminaci贸n, arbitrariedad y violencia policial. Los primeros relatos de la comunidad que activaron el reclamo social extendido por la aparici贸n de Maldonado fueron, semanas despu茅s, ratificados por los gendarmes en sus declaraciones y por las im谩genes. Luego, la comunidad no acept贸 el ingreso de las fuerzas de seguridad al territorio o lo limit贸 y fue reticente a testimoniar. Al asumir en la causa del habeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral inici贸 un proceso que culmin贸 con el ingreso a la comunidad el 17 de octubre, d铆a en el que Maldonado fue encontrado sin vida en el r铆o Chubut.

8. ¿Por qu茅 el CELS consider贸 que el hecho deb铆a investigarse como una desaparici贸n forzada?

Santiago Maldonado fue visto por 煤ltima vez en el contexto de un operativo represivo e ilegal de la Gendarmer铆a Nacional. Esta situaci贸n hac铆a necesario investigar qu茅 participaci贸n ten铆a la Gendarmer铆a en la desaparici贸n de Maldonado a fin de encontrarlo y de establecer responsabilidades.
Investigar un episodio como una posible desaparici贸n forzada no supone asegurar a priori que el hecho implic贸 la comisi贸n de ese delito sino que en tanto hay indicios de responsabilidad estatal esa hip贸tesis debe ser confirmada o descartada. Ni el tipo penal “desaparici贸n forzada” ni la figura del derecho internacional exigen que el hecho sea parte de un plan sistem谩tico, tal como afirm贸 el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de desaparici贸n forzada no significa asimilar estos hechos con una pol铆tica de desaparici贸n de personas y menos a煤n con la 煤ltima dictadura.

A medida que las semanas pasaban y Maldonado no era encontrado, los testimonios, el ocultamiento de informaci贸n realizado por el Ministerio de Seguridad y las im谩genes del operativo fueron indicios de que hab铆a una relaci贸n entre la ausencia de Maldonado y el operativo violento en la Pu Lof el 1 de agosto. Esas responsabilidades estatales a煤n est谩n siendo investigadas.

9. ¿Qu茅 caracter铆sticas tiene la desaparici贸n de personas en democracia y cu谩les son las dificultades para investigarlas?

En democracia, las desapariciones ocurren por motivos diversos, algunas son voluntarias y otras no. Estas 煤ltimas implican una diversidad de responsabilidades estatales. Detr谩s de estos casos, hay explicaciones relacionadas con redes criminales, con violencias estructurales -como la de g茅nero- y con el funcionamiento violento de las fuerzas de seguridad, entre otras. La responsabilidad estatal es distinta y espec铆fica en cada una de estas situaciones.

En todas las desapariciones suele haber, adem谩s, una responsabilidad estatal por el d茅ficit de las acciones de b煤squeda. El Estado a煤n no sabe actuar de manera eficaz frente a la denuncia de una desaparici贸n. Cuando las personas o sus familias pertenecen a los sectores de menores recursos econ贸micos est谩 situaci贸n se agrava porque se suelen agregar la discriminaci贸n y el mal trato.

En este contexto, para resolver una desaparici贸n se deber铆an formular hip贸tesis basadas en lo que se sabe de la vida de la persona y de las circunstancias en la que desapareci贸, en cu谩ndo, d贸nde y por qui茅n fue vista por 煤ltima vez; en qu茅 contacto tuvo con instituciones de seguridad o con otros grupos con capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, esto habitualmente no sucede.

Hay desapariciones que ocurren como consecuencia de la intervenci贸n de las fuerzas de seguridad, como hecho extremo de sus pr谩cticas ilegales, violentas y de hostigamiento. En algunos casos, los polic铆as ocultan el cuerpo para encubrir otros delitos.

Tambi茅n existen patrones en las investigaciones judiciales: en violaciones de los derechos humanos -no solamente desapariciones- con frecuencia el Poder Judicial toma la versi贸n de los agentes de seguridad, la investigaci贸n y salvaguarda de evidencias se asigna a la misma fuerza denunciada y se despliegan estrategias de ocultamiento. El encubrimiento suele ser la reacci贸n habitual frente a la denuncia de un hecho, se tenga o conocimiento de lo ocurrido. Esto habilita la introducci贸n de hip贸tesis falsas y que aquellas que pueden orientar la investigaci贸n hacia el establecimiento de responsabilidades estatales sean descartadas u omitidas.

Simult谩neamente, existen pr谩cticas y omisiones estatales que hacen posible que una persona permanezca desaparecida. Entre ellas, la desidia estatal en el trato de ciertos cuerpos por parte de instituciones de salud, judiciales y de seguridad que ocasiona que una persona fallecida pueda permanecer sin ser identificada en una morgue o en un cementerio, mientras su familia la est谩 buscando, en algunos casos durante a帽os.

Como resultado de esta amalgama de patrones estructurales y deficiencias institucionales en los mecanismos de b煤squeda e identificaci贸n, en una gran cantidad de casos existe responsabilidad estatal en la ocurrencia de una desaparici贸n y/o en su prolongaci贸n a lo largo del tiempo aunque no se est茅 frente a un caso de desaparici贸n forzada, cuando ocurre un secuestro o un ocultamiento deliberado de un cuerpo.

10. ¿Qu茅 responsabilidades tiene el Estado en la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado?

Santiago Maldonado muri贸 como consecuencia de la intervenci贸n violenta del Estado ante un conflicto con una organizaci贸n social y pol铆tica, que es considerado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional al que hay que responder con dureza.

El uso de la fuerza policial en las manifestaciones p煤blicas abarca el modo en el que se dise帽an y llevan a cabo los operativos y la forma en que la autoridad pol铆tica responde por las irregularidades. En este caso, el Estado no s贸lo omiti贸 el deber de protecci贸n y cuidado, sino que introdujo riesgos para la integridad y la vida de los manifestantes y de la comunidad, entre otros derechos que fueron vulnerados por la intervenci贸n de la Gendarmer铆a.

La intervenci贸n de las fuerzas de seguridad en manifestaciones est谩 regulada por instancias internacionales, regionales, nacionales y por normas internas de las instituciones de seguridad. Estas obligaciones no ceden por el hecho de que algunos manifestantes arrojen piedras, sino que incluso estos actos deben responderse de acuerdo a principios de legalidad y proporcionalidad, de modo de que la respuesta no cause consecuencias m谩s graves de las que busca inhibir. Para eso existen protocolos que establecen con precisi贸n c贸mo debe escalarse el uso de la fuerza, qui茅nes pueden asumir cada decisi贸n y con qu茅 controles se deben llevar a cabo. La Gendarmer铆a Nacional cuenta con normativas espec铆ficas para lo que denominan operativos “contradisturbios” que en esta intervenci贸n fueron ignoradas por completo. La actuaci贸n de la Gendarmer铆a no se encuadr贸 en ninguna normativa existente. Ante un operativo plagado de ilegalidades y contradicciones, la respuesta de la autoridad pol铆tica responsable tampoco respondi贸 a los principios de gobierno civil, control pol铆tico y rendici贸n de cuentas previstos. Por el contrario, afirmaciones como las de Bullrich y Barberis dejaron en claro que no habr铆a sanciones por lo ocurrido durante la represi贸n.
Por otra parte, este caso plantea viejas y nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para buscar personas, sobre todo cuando puede existir alguna responsabilidad estatal. Como desde la sociedad civil se demanda desde hace a帽os, el Estado deber铆a organizar los recursos del Poder Ejecutivo y del Ministerio P煤blico Fiscal para encarar b煤squedas e investigaciones que den respuestas mejores.

Finalmente, la capacidad del Estado de encarar investigaciones judiciales serias, imparciales y efectivas tambi茅n est谩 en juego, as铆 como el modo en el que actores puntuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo utilizan los medios de comunicaci贸n para influir sobre la investigaci贸n. En este caso en particular esta pr谩ctica recurrente ocasion贸 niveles altos de desinformaci贸n a la sociedad y dolor a la familia Maldonado.

La investigaci贸n debe continuar hasta determinar las circunstancias y responsabilidades por la muerte de Santiago Maldonado.


Nota de La otra: Las negritas del texto son nuestras.

Postdata: El comunicado del CELS apareci贸 el viernes pasado, cuando el Poder Judicial inform贸 oficialmente el resultado de la autopsia, que constituye solo una parte de una investigaci贸n que todav铆a no resolvi贸 la responsabilidad precisa del estado en la muerte de Santiago. Desde ayer, sus restos mortales son velados por su familia y hoy ser谩n sepultados.

Ayer, mientras transcurr铆a el funeral de Santiago, en Bariloche se vivi贸 otra jornada de violenta represi贸n estatal. La Prefectura asesin贸 al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Mascardi. La bala disparada por agentes de Prefectura que mat贸 a Nahuel ingres贸 por un gl煤teo y sali贸 por el torax. Es decir: el muchacho fue asesinado de espaldas. Los medios oficiales, con una resonancia siniestra de las 茅pocas del terror de estado, hablan de otro muerto "en un enfrentamiento".

ATE de El Bols贸n informa que luego de la brutal represi贸n y el asesinato de Nahuel, fue detenido por la Gendarmer铆a el Secretario General de la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Andina Sur (El Bols贸n), Javier Milani, y su esposa la trabajadora estatal Florencia Placidi, desconoci茅ndose hasta el momento en que comisaria o centro de detenci贸n fueron alojados.

¿A partir de cu谩ntos muertos y secuestros el patr贸n asesino del estado se torna sistem谩tico?