Uruguay, vergüenza nacional

por Willy Villalobos

En l975 los militares uruguayos tomaron el poder. El objetivo era el mismo que el de Pinochet en Chile o Videla en Argentina: asesinar, secuestrar, torturar, encarcelar a los militantes populares para poder instalar un nuevo rumbo económico al servicio de los intereses del norte y de sus socios locales. Para este siniestro plan fueron entrenados por expertos norteamericanos, franceses, y luego construyeron en sociedad con las otras dictaduras una organización represiva que operaba en toda la región, Plan Cóndor, con el objetivo de perseguir a los opositores que habían escapado a otros países. El caso más notorio es el del senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires por militares uruguayos y argentinos. Un millón de uruguayos, la tercera parte de la población emigró al exterior: “el último que apague la luz” pintaban algunos viajeros en el Aeropuerto de Carrasco antes de irse. El golpe militar fue apoyado por los grandes empresarios, los medios de difusión y gran parte de la clase media.

Hay una película argentina que parece haber sido hecha para instalar una fábula que intenta limpiar las culpas de los que alentaron y financiaron a los militares para imponer la ley del más fuerte: La Historia Oficial. El personaje principal, interpretado por Norma Aleandro, esposa de un milico pesado, “recién” se entera del genocidio cuando observa las movilizaciones de los organismos de derechos humanos. Pero el mejor verso que los buchones uruguayos y argentinos encontraron para justificar sus miserias fue la Teoría de los dos Demonios, que pone en el mismo nivel de responsabilidad al Estado y a las organizaciones populares. Mientras tanto estos angelitos la miraban por TV.

En Uruguay los milicos se retiraron ordenadamente y mantienen un peso político muy importante en la sociedad. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. En l986, el pueblo recupera la posibilidad de elegir a sus representantes y, para la mayoría, la persona adecuada era Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado, que terminó siendo un empleado de las corporaciones. Este “estadista”, como lo suelen llamar los grandes medios, en el primer año de gobierno sanciona la Ley de Caducidad -o amnistía- con la complicidad del Partido Blanco. Las organizaciones de derechos humanos y el Frente Amplio se oponen a la sanción y comienzan a juntar firmas para forzar un plebiscito por sí o por no. Tres años después, en 1989, cientos de miles de firmas obligan al gobierno a realizar la consulta. El voto verde era contra la impunidad y el amarillo dejaba las cosas como estaban.

Ese día viajé a Montevideo con la esperanza de hacer una nota que reflejara el triunfo de los verdes que habían hecho la campaña con la cara de Mariana Zafaroni, uno de los bebés secuestrados, pidiendo justicia. Salió el tiro por la culata. La tristeza que flotaba en el aire esa noche al conocerse la victoria amarilla no me la olvido más. Con el resultado puesto, los amigos del Frente decían que habían caído en su propia trampa, que los militares seguían teniendo una enorme influencia en la sociedad, que la gente del interior tenía la culpa, que ellos eran muy democráticos, que debían aceptar el resultado, que el plebiscito no podía estar por encima de la Constitución, que el miedo a los milicos, que iban a hacer una denuncia en los organismos internacionales…

El paisaje era desolador. En esa época yo trabajaba en un diario de izquierda, Sur, cuya tapa fue “El voto verde ganó en Montevideo”, cuando en realidad el voto amarillo se había impuesto en todo el país. Lo que vino después fue neoliberalismo compartido por blancos y colorados. Después la victoria del Frente en la intendencia de Montevideo alentó la esperanza de ganar las elecciones nacionales. Finalmente, Tabaré les pasa el trapo y, por primera vez en la historia, un frente de organizaciones populares toma las riendas del gobierno. En Uruguay como en la Argentina los partidos de la oposición tienen un programa similar. Lo principal es derrotar al Frente, por eso blancos y colorados, ahora rosados, se juntan en caso de que haya segunda vuelta. Son alcahuetes de las corporaciones. La gran esperanza de los sectores populares estuvo y está depositada en el partido de Tabaré, que ahora conduce el Pepe Mujica.

Todo el mundo suponía que el día en que el Frente llegara al poder las cosas iban a cambiar. Todos pensaban que con la victoria del Frente los verdugos iban a ser juzgados. Conozco la política uruguaya desde hace muchos años. Compartí la cárcel con algunos dirigentes del Frente y siempre me interesó la línea política del Movimiento de Participación Popular, un conjunto de agrupaciones de izquierda integrada entre otros por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El MPP es la organización que luego de ganar las internas del Frente Amplio coronó a Mujica como continuador de Tabaré Vásquez.

Antes de continuar quiero recordar que en las Naciones Unidas, Vásquez, en uno de sus últimos discursos públicos, declaró que las dos medidas más importantes de su gobierno fueron la lucha contra el tabaquismo y el reparto de computadoras a los niños y adolescentes de escuelas públicas. Nunca entendí por queé, siendo el primer presidente de la izquierda, no estaba de lleno en el MERCOSUR y mucho menos los guiños a EEUU, mientras la mayoría de los presidentes latinoamericanos le ganaban la batalla a Bush, quien quería imponer el ALCA.

Pero la deuda más importante fue el tema de los derechos humanos. Si bien Tabaré intervino personalmente para que fueran juzgados algunos de los responsables del genocidio, se lo permitía la ley de caducidad, los organismos le reclamaban que la derogara y el médico oncólogo se negó a hacerlo. Cuando Mujica fue elegido como reemplazante de Vásquez, se renovó la esperanza. Había que ver cómo reaccionaban las corporaciones para darse cuenta de que al poder real no le gustaba la idea de tener un presidente que profundizara la política que hasta ahí, solo hasta ahí, había llevado adelante el Frente. Mujica era presentado por los medios como un cuco, mientras Tabaré era despedido como un hombre “inteligente”que había gobernado para “todos”. “¡Ahora sí va a gobernar un verdadero representante de los trabajadores!” ,decían los frenteamplistas. “Se viene el zurdaje” decían las Mirthas orientales.

El día de las elecciones presidenciales se votaba también a favor o en contra de la ley de caducidad y se decidía si los uruguayos que vivían en el exterior iban a poder votar en los países de residencia. ¡Tres elecciones en un día!

La exigencia de las organizaciones de derechos humanos era que el Frente derogara la Ley de Caducidad por anticonstitucional, y para muchos el plebiscito era sospechado como una maniobra, una lavada de manos. Todos sabemos cómo se manipula a la opinión pública en estas épocas. Todos sabemos que después de una fuerte campaña los medios convierten a los pibes chorros en el enemigo público número uno y que, si se plebiscitara la pena de muerte, podría suceder cualquier disparate. “Lo que pasa es que el plebiscito es la esencia de la democracia en el Uruguay” era la explicación de un amigo de la 609, la lista que apoyan la mayoría de los dirigentes tupamaros. Hablando de esta organización, en algunas oportunidades escuché decir que los tupas tenían relaciones “particulares” con algunos de los militares golpistas, pero siempre pensé que era una forma de difamarlos.

Finalmente ganó Mujica, amplia mayoría en diputados y senadores, pero esta victoria tuvo un sabor amargo, porque más del 50% de la población nuevamente votó en contra del juzgamiento de los militares genocidas. Los militares quedaban nuevamente impunes, el mismo día en que Mujica era elegido presidente. Una de las tormentas que debió enfrentar el Frente fue cuando el Pepe manifestó su intención de presentar un proyecto que beneficiara con prisión domiciliaria a los pocos milicos mayores de 70 años presos por delitos de lesa humanidad. Quiero recordar que la Ley de Caducidad permite que se realicen las investigaciones pero no las detenciones, y además en casos muy particulares la ley contempla que el Presidente pueda ordenar los juzgamientos que considere necesario.

Tres horas estuvo reunido Mujica con los 50 diputados de la bancada oficialista, y los fundamentos de su proyecto iban más allá de cuestiones “humanitarias”. Mujica pretendía un acercamiento entre la izquierda y las Fuerzas Armadas, y en esa oportunidad le pidió a sus legisladores “un cambio de actitud frente a los garantes de la institucionalidad democrática”. No solo llamó a los militares “garantes de la institucionalidad democrática”, lo destaco para que quede claro, sino que además les dijo: “hay que hacer un gran esfuerzo para contemplar políticas de integración social de las FFAA que la izquierda no asume”, y les reprochó el escaso apoyo que recibió por parte de sus funcionarios en los actos públicos que encabezó con los militares. Ese día, en el parlamento, el Pepe, enojado porque su proyecto no prosperaba, le dijo a sus ñeris: “la mejor garantía para la democracia es que las Fuerzas Armadas defiendan la institucionalidad. Los cuerpos armados, a la hora de las tensiones sociales, deben defender la estabilidad institucional y no alinearse detrás de aventuras golpistas”. Aunque por lo que dijo Mujica parezca lo contrario, no había ningún motivo para pensar en una aventura golpista, a no ser que estuviera informado de algo que sólo él y sus amigos sabían. Estas declaraciones fueron recibidas con bronca y tristeza por los organismos de Derechos Humanos, para ellos la garantía de la democracia estaba puesta en la Justicia y no en una “política de acercamiento” con los asesinos de sus familiares.

Cuando un tipo que se bancó las que se bancó Mujica dice estas cosas, uno se confunde, trata de entender, piensa antes de juzgar.

Recuerdo que las palabras de Mujica fueron muy celebradas por canallas como Duhalde, que en la Argentina sostiene la necesidad de terminar con los juicios a los autores de crímenes aberrantes. Este verano consulté con dos amigos que militan en el Frente Amplio, en una agrupación muy cercana a Mujica, y los dos me decían que todo se iba a comprender con el paso del tiempo. El diálogo fue más o menos así:

- ¿Por qué, si tienen mayoría en las dos cámaras?

- El plebiscito es la esencia de la democracia uruguaya.

- ¡Pero ahora no se va a poder juzgar a los milicos que para Mujica son garantía de la democracia!

- Lo que pasa que “el Pepe y el “Ñato” (se refiere a otro de los líderes Tupamaros, el senador Eleuterio Fernández Huidobro) toman decisiones que se van a entender sólo con el paso del tiempo, hay que tenerles confianza.

- ¿Una cuestión de fe?

- Es que ellos tienen una mirada estratégica de la política, entonces hay que esperar que pase el tiempo.

- Me hacés acordar a otro “Pepe”, a Firmenich, que tenía argumentos parecidos para explicar por qué estaba a favor del indulto. Pasó el tiempo y el tipo es un mal recuerdo de la política argentina.

- Mujica y Huidobro tienen una relación de respeto con los militares que combatieron. El Ñato consiguió mucha info vinculada con el tema desaparecidos gracias a estos vínculos.

- ¿Y qué es lo que respetan?

- La entrega en el combate.

Estas lapidarias palabras son repetidas por los que todavía creen y confían que con Mujica y Huidobro se avanza en el camino de la “revolución”. Los que no entienden, los que no tienen una “mirada estratégica”, ya van a entender.

Volviendo a la historia de esta nefasta ley, declarada inconstitucional por la Corte de Justicia, los familiares de las víctimas, luego de esperar 10 años, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Macarena Gelman, cansada de escuchar sólo buenas intenciones, se presentó a la CIDH por la desaparición de su madre María Claudia García Iruretagoyena, y parece que antes de fin de año este organismo podría sancionar al gobierno uruguayo. Para evitar esta sanción el Ejecutivo presentó un proyecto que busca dejar sin efecto las trabas al juzgamiento de los represores, que fue votado por la mayoría oficialista en Diputados. Es lamentable que el motivo sea evitar sanciones internacionales, está claro que no hay voluntad firme de parte del gobierno, pero fue el único camino, ojalá que no sea el último, que encontraron los frenteamplistas para tratar de derogar la ley. Ahora falta que se trate en el Senado y en esa Cámara los números no dan.

Rodolfo Nin Novoa, ex vice de Tabaré, Jorge Saravia y Eleuterio Fernández Huidobro,”el Ñato”, el ex jefe Tupamaro que compartiera 12 años de cana con el mismo Mujica, son los tres miembros del Frenye que han decidido votar a favor de la impunidad. “El proyecto está muerto. Es una propuesta que contiene tantas inconstitucionalidades juntas que, si lograra los votos para su aprobación, la Corte de Justicia la declararía inconstitucional de inmediato”. Estas palabras no pertenecen al abogado de los militares, no, las dijo Fernández Huidobro, el tipo que logra importante información en reuniones privadas con militares. Los familiares y los que estuvieron presos dicen otra cosa: “para nosotros, la Ley de Caducidad fue siempre nula e inmoral. La opinión de los senadores del Frente es algo que tienen que resolver ellos. Tendrán que responder ante su propia conciencia, ya que resultaron elegidos por una organización que llevaba en su plataforma electoral la anulación de esta Ley de Caducidad”.

La democracia uruguaya sigue empantanada, los militares impunes la custodian. Si Nin Novoa, Saravia y Fernández Huidobro pueden más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.