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viernes, 11 de marzo de 2016

El macrismo prepara un ataque a la universidad pública


Por la naturaleza del proyecto político del macrismo está más que claro que en cuanto le resulte posible, atacará la gratuidad de la enseñanza universitaria. Ese ataque está en línea con todas las políticas públicas que macri viene promoviendo y, si no lo ha hecho hasta ahora es porque el pago a los buitres, el aumento del desempleo y la baja del salario son sus prioridades para su primer año de gobierno. El año universitario está comenzando y ya no tienen tiempo para intentarlo ahora. Pero si Macri llega a completar su mandato lo intentará en algún momento antes de 2019. Una universidad pública y gratuita es contraria al diseño de sociedad que está emprendiendo. La avanzada del macrismo contra la universidad pública y gratuita vendrá acolchada de una campaña de los medios que lo respaldan, como se hace visible en el artículo de  publicado el jueves pasado en La Nación:
¿Gratuidad universitaria es sinónimo de igualdad?

Este diario alterna periódicos pedidos de libertad a los criminales de Lesa Humanidad con ataques a la universidad pública (el tema ya lo tratamos acá). Los sindicatos de docentes universitarios parecen estar percatándose de ello. A raíz de esta nota, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) emitió el siguiente comunicado: 

LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA

Queremos alertar a la comunidad educativa y repudiar las expresiones vertidas en el diario La Nación del 4 de marzo de Héctor Masoero con el título de "¿Gratuidad universitaria es sinónimo de igualdad?"

El solo título nos muestra su intención de volver al arancelamiento que tenían nuestras universidades públicas en la dictadura militar.

Aquellos que fueron cómplices de la última dictadura genocida, como este personaje y el diario donde escribe, nuevamente comienzan a cuestionar la gratuidad de los estudios universitarios, apoyando así las resoluciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para la cual la educación es una mercancía.

Seguramente serán necesarias reformas y mejoras de nuestro sistema educativo y universitario, pero para que sean inclusivas y democráticas es necesario un fuerte compromiso de todos los sectores sociales.

Pensar que los problemas de las universidades se arreglan con el arancelamiento es como pensar que la solución a una enfermedad es el suicidio.

La sola idea de creer que arancelar las Universidades permite una mayor igualdad y que así se logra que los sectores de menos recursos estudien, es ilógica, y solo puede ser comparable a la idea absurda (como la califica el sociólogo Zygmunt Bauman) de que “la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos”.

No les alcanza con la eliminación de los impuestos a los más ricos, suprimiendo las retenciones, y con pagarle a los usureros de los fondos buitres, ahora también plantean el arancelamiento de las Universidades.

Desde ADUBA expresamos nuestro repudio a estas expresiones y defenderemos, como siempre, la Universidad Pública.

www.aduba.org.ar

2 comentarios:

GISOFANIA dijo...

Y mientras tanto en Santa Fe provincia:
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/127333-macri-inaugurara-el-lunes-en-rosario-el-ciclo-lectivo-en-la-facultad-de-derecho

Anónimo dijo...

"Otra vez la mula al trigo" reza un dicho popular para significar que una vez más un tema vuelve a repetirse, lo cual demuestra, por si fuera necesario, que ciertas batallas nunca son definitivamente ganadas.
Yo, como hijo de un empleado público que se murió a sus 46 años y de una ama de casa que a sus 40s tuvo que salir a trabajar para "parar la olla", gentes que nunca tuvieron auto ni veranearon, como no fuera visitando en Mar del Plata a la parte "rica" de la familia, pude cursar mis estudios primarios, secundarios y universitarios porque eran, como hoy, públicos y gratuitos.
Ésa es mi raíz y se me paran los pelos cada vez que renuevan este tradicional embate contra la condición de pública y gratuita de la universidad estatal.
Sin embargo apoyaría sin dudarlo que los egresados universitarios tuvieran que trabajar en su especialidad para el Estado, en sus varios niveles, un mínimo de 2 años como una manera de devolver aunque sea una parte del dinero con que la sociedad en su conjunto "bancó" sus estudios.