"La inconducta de algunos" y la complicidad de otros en el terrorismo de estado

No fue “la inconducta de algunos”, fue un genocidio: se requiere la urgente rectificación del error presidencial

El viernes pasado, en el contexto de la despedida de un grupo de soldados que viajan a una misión de la ONU, el presidente Alberto Fernández quiso destacar que el país cuenta con "Fuerzas Armadas totalmente integradas a la sociedad”, en un gesto que va en consonancia con otros que tuvo desde que asumió la presidencia, con el fin de morigerar ciertos conflictos secundarios, en busca de una meta de unidad nacional.

Alberto resaltó que esta generación de militares había hecho toda su carrera durante la democracia (se refería a la postdictadura). Hasta ahí es razonable encararlo así, desde un punto de vista meramente cronológico, sobre todo desde que el estado puede asegurarse que las fuerzas armadas van a estar totalmente subordinadas al poder democrático.

Pero hay algo más: en Argentina hubo un terrorismo de estado, un Plan Sistemático de Desaparición de Personas ya probado y condenado por el Poder Judicial, un terror ejercido por las Juntas Militares, los poderes trasnacionales y las clases dominantes locales, que planearon, sustentaron y se beneficiaron con la dictadura, con la represión y la desaparición forzada de personas, con la sustracción de la identidad a los niños nacidos en cautiverios, con la tortura y el exilio a los que muchos ciudadanos se vieron sometidos sin gozar de la protección del estado de derecho. Incluso, durante muchos años después de terminada la dictadura, el poder civil fue cómplice de la persistencia de los efectos del terrorismo de estado, protegió a los criminales de Lesa Humanidad mediante subterfugios que aseguraban su impunidad e impidió el acceso a los archivos donde sigue oculta la responsabilidad precisa de los crímenes de estado.

Néstor Kirchner a comienzos de su gobierno hizo cesar esta línea de impunidad, en un acto simbólico decisivo, al pedir perdón como Jefe del Estado a las víctimas del terrorismo estatal y sustentar este pedido con el impulso a los juicios a los genocidas a los que los anteriores presidentes pusieron escollos. Pedido de perdón oficial y juicio a los culpables del terrorismo estatal marcó un corte real con la complicidad estatal con los crímenes dictatoriales, aunque los impulsores civiles y beneficiarios económicos de este sistema del terror permanezcan impunes en su abrumadora mayoría.

Esa línea de corte con los crímenes de Lesa Humanidad no admite grises. Impone un corte histórico irreversible. Es un tema muy delicado porque el crimen no cesa en tanto estas personas siguen desaparecidas, así como muchos niños nacidos en cautiverio son hoy personas adultas privadas de su identidad y de su historia. Estos crímenes se siguen comentiendo a cada momento. El hecho de que entre los criminales de estado exista un pacto de silencio nunca roto acerca de las responsabilidades precisas y puntuales de cada uno de sus crímenes los vuelven incesantes. 

La figura jurídica del Crimen de Lesa Humanidad y del Plan Sistemático de Desaparición de Personas fueron conquistas históricas del pueblo argentino, logradas con dolor y paciencia por la lucha ejemplar del movimiento de los organismos de derechos humanos. Lucha que continúa y no puede cesar miestras estos crímenes se siguen cometiendo (desaparición, sustracción de identidad, pacto de silencio, ocultamiento de archivos). 

El proyecto de Lúder, derrotado en el 83, de aceptación de la autoamnistía que intentaron darse los dictadores, las leyes de impunidad Alfonsín en el 86 y 8, los indultos de Menem y la parálisis judicial promovida por De La Rúa y Duhalde ensombrecieron un sistema presuntamente democrático por su complicidad con la dictadura, lo que significa que un residuo del terror de estado se siguiera cometiendo. Los organismos nunca aceptaron estas claudicaciones. El macrismo intentó reanudar la continuidad con el estado terrorista mediante sus gestos y proyectos negacionisntas. Las Abuelas siguen buscando a centenares de nietos cuyas identidades aún se desconocen y todos los años varios de ellos siguen recuperándolas. Nada permite creer que este proceso pueda cesar.

Alberto Fernández, en su empeño de producir gestos conciliadores, tuvo el viernes pasado un grave desliz: sostuvo desde su investidura presidencial que "toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos".

En el contexto de otras vacilaciones, idas y venidas cuyo ritmo son políticamente debatibles en el comienzo de su gestión (por ejemplo: cómo y con qué rapidez resolver el problema pendiente de los presos políticos del régimen macrista que todavía siguen en prisión; o cuál es la forma institucionalmente más ordenada para depurar a las fuerzas de seguridad responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el desliz de proponer una "vuelta de página" y la caracterización de "inconductas de algunos" a lo que fue un Sistema de Estado Terrorista ya judicial y políticamente condenado es inaceptable. Alberto podría ser disculpado por torpeza en la sobreactuación de su moderación. No fue "la inconducta de algunos": fue un crimen estatal sistemático que aún no cesa. No es posible dar vuelta ninguna página. El Presidente debe pedir disculpas por esta torpeza.

Lógicamente: el estado argentino debe procurarse unas fuerzas armadas democráticas y la generación de los militares en actividad ya no pueden cronológicamente ser imputados por la participación en aquel estado terrorista. No hay ahí responsabilidad jurídica alguna que adjudicarles. Pero es precisamente el poder político el que corre el riesgo de producir un grave retroceso si quiere borrar el corte con el estado terrorista e incluso negar su existencia mediante la mentira de que se trató de "la inconducta de algunos". Este error se vuelve insoportable en un presidente que se jacta de ser un experto en derecho penal:  debería saber mejor que nadie que el terrorismo de estado no fue "la inconducta de algunos" y que, mientras las identidades sigan sustrayéndose, el destino de los desaparecidos y la responsabilidad precisa de los criminales se desconozca, no hay vuelta de página que dar.

Comprendemos las dificultades que implica hacerse cargo de gobernar en relaciones de fuerza desfavorables un estado arrasado por el macrismo. Sabemos que eso lleva tiempo y que hay un orden de prioridades para reparar tantos daños. Pero negar la existencia del terrorismo de estado y borronear las responsabilidades históricas no puede encontrarse entre estos items negociables.

Si Alberto Fernández no se pronuncia claramente para reparar su error, el repudio a esta ofensa institucional será una de las consignas más fuertes que suenen en la Plaza el 24 de marzo.