miércoles, 6 de abril de 2016

El calvario burocrático de los centros culturales porteños

Una conversación con abogadas culturales en La otra.-radio, que se puede escuchar clickeando acá



por Franco Lentini

"La cultura es todo, como identidad, como expresión artística. Sin ella, no existiríamos como seres humanos”, afirma Diana Vera (Didi), de Abogados Culturales (organización vinculada y que nace desde MECA / Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos).

Didi trabaja junto con sus compañeros (entre ellos, nuestra propia compañera del staff de La otra, Anto Diomedi) para asesorar a espacios culturales autogestionados ya existentes o a otros que van camino a empezar. Esto en una ciudad cuyas políticas de gobierno son contrarias a los intereses de los artistas. Didí explica que colaboran para que los agentes culturales independientes no sean víctimas de la burocracia instalada ni de los grandes grupos de poder y, al mismo tiempo, sepan qué nociones se necesitan para abrir y poner en funcionamiento un espacio con las medidas de seguridad e higiene exigidas.

La aprobación de la Ley de Centros Culturales es un gran paso, porque viene a incorporar el rubro habilitatorio “centro cultural”. Estos espacios tendrán un marco legal bajo el cual funcionar y podrán ser habilitados como tales sin tener que acudir a rubros alternativos como "café-bar", "teatro independiente", "peña", etc.

- La lucha por conseguir la Ley de Centros Culturales fue larga -dice Didí-. En principio, la idea era lograr que la ley fuera tratada en la Legislatura porteña por Iniciativa Popular, para lo que debíamos juntar 45 mil firmas. Fue una gran campaña en la que MECA junto con Abogados culturales, otras organizaciones vinculadas al arte y los propios espacios culturales hicieron un esfuerzo enorme, mucha movilización y difusión. Conseguimos casi 20 mil firmas. Sin embargo, la ola de clausuras sucedidas entre agosto y diciembre de 2014, que demostraba una persecución sistemática, llevó a que la ley necesitara el apoyo de los legisladores Pablo Ferreyra (Seamos Libres) y Lorena Pokoik (FPV), la única manera de que se tratara de modo urgente.

Didí recuerda que entonces realizaron una de las mayores movidas artísticas frente a la Legislatura porteña: “Fue bajo el lema La Cultura No Se Clausura, parar demostrar que estamos acá y tenemos aguante”, dice con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, en diciembre de 2014 se obtuvo la aprobación unánime de la Ley. Sin embargo, si bien la ley no requiere de reglamentación para funcionar, debía hacerse una modificación en el Código de Planeamiento Urbano, lo que exigía una audiencia pública. Fue así como transcurrió gran parte del 2015, sin poder bajar los brazos en ningún momento, hasta que en octubre se logró al incorporación al Código y su publicación, con casi 3 meses de demora, en el Boletín Oficial.

La ley debería disminuir las clausuras arbitrarias que hace años se realizan contra estos espacios, ya que tendrán un marco legal bajo el cual funcionar, con sus requisitos específicos. Se logró incluir la realización de bailes entre las actividades permitidas. Esto es un logro, ya que una de las frecuentes excusas de clausura era "funcionar como boliche sin la habilitación de local bailable”, cuando en realidad el hecho de que algunas personas bailen mientras suena una banda no convierte al espacio en un boliche.

- ¿Qué opinión te merece la oficina encargada de realizar las inspecciones, la Agencia de Control Gubernamental (ACG), al mando de Martín Ferrell y Pablo Saikaukas, ambos procesados por la muerte de dos jóvenes en 2010, a raíz del derrumbe del sector VIP del bar Beara de Palermo?

-Ellos responden al PRO -dice Didí- y este partido no entiende la cultura de la misma manera que nosotros y el resto de la sociedad. En las últimas elecciones, como Abogados Culturales hicimos un manifiesto, porque sentíamos la responsabilidad de concientizar a la gente sobre las políticas de estado que cometía el PRO contra la cultura. Hace más de cuatros años que existimos y desde entonces venimos luchando contra clausuras arbitrarias e ilegítimas, contra los abusos de burocracia en las habilitaciones y reglamentaciones.

- ¿La ley ya tiene plena vigencia?

-  Siempre hay una traba burocrática que hace que la ley no se pueda aplicar- dice Anto Diomedi-. Más allá de que es operativa, hay un requisito para que los centros culturales puedan iniciar el trámite de su habilitación: la inscripción en un Registro de Usos Culturales, que consiste en llenar un formulario con una programación, contando el proyecto y todos los datos de cada espacio. Sin esta inscripción, no podés iniciar los trámites. Sucede que este Registro tiene que funcionar en la órbita del Ministerio de Cultura. Pero los representantes de los espacios van con los formularios completos y en el Ministerio de Cultura nadie sabe qué es este Registro.

- ¿Esta desinformación es a propósito, para postergar indefinidamente la habilitación de los espacios culturales? ¿Una especie de veto encubierto?

- Hay otro escollo más -dice Anto-: el Código de Planeamiento Urbano fija un código nomenclador para las distintas actividades. Nosotros creamos cuatro clases de centros culturales, A, B, C y D. Está el cuadro de uso que dice que la Ley se incorporó al Código, pero ninguno de esos cuatro rubros tiene el código nomenclador. Vas con los papeles y los que te atienden en la AGC te dicen: "ah, pero te falta el código". Estas dos trabas burocráticas hacen que ningún espacio se haya podido habilitar aún. El 11 de marzo los legisladores Ferreyra y Pokoik hicieron un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño para que informen por qué existían estas trabas y no se podía aplicar la ley, pero todavía no fue respondido.

El Ministro de Cultura de CABA es Darío Lopérfido.

(La conversación completa + nuestra música, clickeando acá).